Justicia y Paz reclama que el presidente actúe a favor del "orden constitucional" Guatemala: Organizaciones eclesiales apoyan la marcha indígena contra la corrupción y a favor de la democracia

«Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí» [1] Y sí, el pueblo grande de Guatemala, de raíz indígena maya, chortí, afro, pluricultural y multilingüe, cuando despertó de su sueño, los cuarenta alcaldes indígenas de los cantones de Totonicapán sintieron que el «dinosaurio» aún seguía allí, y han tomado la iniciativa de la resistencia, exigiendo la salida de sus puestos de los dinosaurios que les querían robar su dignidad y apuesta de cambio, expresada de manera pacífica, participativa y democrática en las urnas.

Se levantaron como una sola voz, y de manera pacífica han salido a las calles y están realizando el milagro de crear una nueva Guatemala, una nueva sociedad, una amistad social y una fraternidad como país. Se multiplican los apoyos mutuos y se aglutinan y se suman nuevos actores. Ya es la mayoría del país quien se mantiene desde hace casi 15 días en la calle, realizando un paro nacional, en los cruces de los caminos, en las plazas, delante del Ministerio Público: desde los pueblos y barrios, desde las universidades, colectivos gremiales, sindicatos y asociaciones, movimientos y grupos de derechos humanos, ONG y organismos internacionales (OEA, Observadores de la UE, etc.), las Iglesias y los grupos religiosos.

La Conferencia Episcopal [2] en pleno, la Conferencia de religiosos y religiosas (Confregua), el cardenal Ramazzini, las pastorales sociales de las diferentes diócesis se han pronunciado y han apoyado esta manifestación del pueblo de Guatemala por el respeto a la dignidad y la expresión sagrada del voto, garantía inequívoca de sostenibilidad de la democracia.

Desde la firma de la paz, hace más de 26 años, tras casi 40 de conflicto armado interno, Guatemala ha estado gobernada por una oligarquía que ha ignorado los Acuerdos de Paz y se ha estado enriqueciendo a costa de dejar al pueblo cada vez más hundido en la pobreza. Guatemala es uno de los países con mayor desigualdad social del planeta, siendo un país rico en recursos. Ocupa el lugar 117 en el Índice de Desarrollo Humano. Esto es expresión del modelo socioeconómico marcadamente neoliberal que privilegia los intereses empresariales y de las compañías transnacionales.

No aceptan el cambio democrático

En las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto, en segunda vuelta, quedó como ganador de las mismas Bernardo Arévalo, demócrata progresista que encabeza el Movimiento Semilla, apoyado por organizaciones democráticas y populares. Sin embargo, el grupo conocido como el «Pacto de corruptos», que es una coalición de redes formadas por personas funcionarias, políticas, militares y por estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico, no aceptan un cambio democrático en el país. Asimismo, el Congreso de la República, que integra el «Pacto de corruptos», actúa con falta de transparencia, aprobando leyes que benefician a empresas transnacionales extractivistas, en detrimento de la vida y bienestar de las mayorías empobrecidas.

Sorprende la actitud del presidente de la República, Alejandro Giammattei, quien en lugar de velar por el Estado de Derecho, defiende a este Pacto. Los actos realizados se encaminan a impedir que el 14 de enero de 2024 tome posesión Bernardo Arévalo como presidente electo del Gobierno. Las voces que exigen justicia y dignidad son reprimidas violentamente. La fuerza pública defiende a quienes integran el Pacto y a las élites. Muchas personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas y otras se han visto obligados a salir del país.

Como Comisión General de Justicia y Paz defendemos el derecho soberano de los pueblos a decidir su Gobierno y a reprobar los pactos de corrupción, robo y malversación de lo público, atropello, manipulación y violación de las leyes para intereses de una élite contra el conjunto de la población. El uso totalitario del poder es una forma de idolatría y como tal la Iglesia lo rechaza enteramente [3]. Uniéndonos a responsables de la Iglesia y del pueblo de Guatemala manifestamos:

- Que es la Corte de Constitucionalidad, al margen de prácticas retardarias, quien debe pronunciarse de oficio sobre la situación de extrema vulneración al marco constitucional, para no ser responsable del deterioro irreversible del Estado de Derecho en el país.

- Que la Corte Suprema de Justicia y otras autoridades ejerzan sus responsabilidades, también con respecto a los abusos cometidos.

- Que el presidente, Alejandro Giammattei como representante de la primera magistratura del país, se pronuncie y actúe a favor de la democracia y el orden constitucional.

Junto a Convergencia Nacional de Resistencia Pacífica, presidida por el cardenal Ramazzini, a las demandas eclesiales y de los movimientos sociales, exigimos la renuncia de las personas que están al frente de los organismos mencionados -fiscal general y jefe del Ministerio Público: María Consuelo Porras; fiscales de sección: José Rafael Curruchiche y Cinthia Edelmira Monterroso y del juez Fredy Raúl Orellana-, por ser responsables de violar los derechos reclamados y que, lejos de defender la ley, defienden intereses del «Pacto de corruptos».

En medio de tanta oscuridad e incertidumbre, existen luces de una nueva primavera. Crece la conciencia popular y la exigencia de un cambio democrático en el país. Se percibe un fortalecimiento de las organizaciones sociales. La solidaridad con el pueblo de Guatemala crece al ritmo de sus luchas y esperanzas. Vaya nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de Guatemala y en especial a los alcaldes indígenas de los 40 Cantones y más, como representantes de la resistencia de este diverso y rico pueblo.