La Plenaria de la próxima semana decidirá qué hacer con un estudio que ya nadie espera Cremades entregará este viernes a los obispos el 'resumen ejecutivo' de su auditoría, que esperan presentar a finales de mes
Este viernes. Es la fecha prevista por el bufete Cremades&Calvo Sotelo para hacer entrega a la Conferencia Episcopal de un "resumen ejecutivo" de su famosa y tantas veces postpuesta auditoría, cuyo original cuenta, según ha podido comprobar RD, de 2.106 páginas. Justo a tiempo para que la Asamblea Plenaria, que se reunirá del 20 al 24 de noviembre, pueda analizarlo y tomar una decisión sobre ella
En la Casa de la Iglesia hay un evidente malestar por las más que posibles conclusiones y recomendaciones del informe, que exigirán a la Iglesia la creación de un fondo de compensación para las víctimas, la apertura de los archivos o una petición formal de perdón a las asociaciones de víctimas
Entre los obispos, existe una gran división, entre los que opinan que hay que sacar ya la auditoría, sea como sea; los que sostienen que ya no sirve de nada, especialmente después de la publicación del informe del Defensor del Pueblo; y los que plantean -y no son minoritarios- que el bufete ha incumplido el contrato y que, por tanto, la investigación debe quedar en un cajón. Y no pagarse el más de 1,2 millones de euros de la minuta 'pro bono' de Cremades
Entre los obispos, existe una gran división, entre los que opinan que hay que sacar ya la auditoría, sea como sea; los que sostienen que ya no sirve de nada, especialmente después de la publicación del informe del Defensor del Pueblo; y los que plantean -y no son minoritarios- que el bufete ha incumplido el contrato y que, por tanto, la investigación debe quedar en un cajón. Y no pagarse el más de 1,2 millones de euros de la minuta 'pro bono' de Cremades
Este viernes. Es la fecha prevista por el bufete Cremades&Calvo Sotelo para hacer entrega a la Conferencia Episcopal de un "resumen ejecutivo" de su famosa y tantas veces postpuesta auditoría, cuyo original cuenta, según ha podido comprobar RD, de 2.106 páginas. Justo a tiempo para que la Asamblea Plenaria, que se reunirá del 20 al 24 de noviembre, pueda analizarlo y tomar una decisión sobre ella.
Los obispos andan muy enfadados con Cremades por los sucesivos retrasos y, especialmente, por los "cambios de criterio" demostrados por el bufete a lo largo de las últimas semanas, que provocaron entre otras cosas la salida de Alfredo Dagnino, quien había llevado el peso de la coordinación de los trabajos. Del mismo modo, en la Casa de la Iglesia hay un evidente malestar por las más que posibles conclusiones y recomendaciones del informe, que exigirán a la Iglesia la creación de un fondo de compensación para las víctimas, la apertura de los archivos o una petición formal de perdón a las asociaciones de víctimas.
Intentos de última hora para incluir a más víctimas
Precisamente, las víctimas son el otro gran problema de la auditoría. Según recalcan varias de las que han participado, y como adelantó RD, hubo mucho malestar en el modo "funcionarial" de ponerse en contacto con ellas, con una evidente falta de tacto, que al parecer se ha ido solucionando con el tiempo. En todo caso, movimientos de última hora han intentado incluir a asociaciones como Infancia Robada, que se han negado sistemáticamente a participar en una auditoría encargada a un relevante miembro del Opus Dei, mientras no se pida perdón, entre otras cosas, por la actuación en el 'caso Gaztelueta' (que hoy se retoma, con la reunión entre el juez designado por el Papa, José Antonio Satué, y la nueva abogada del pederasta condenado en firme por el Tribunal Supremo).
Sea como fuere, el bufete tiene la intención de organizar una gran presentación de la auditoría a finales de mes. Para ello, necesitará el plácet de los obispos, que en la pasada Asamblea Plenaria Extraordinaria dejaron para esta próxima semana su decisión final.
En el seno del episcopado, como ya contamos, existe un profundo malestar, y una gran división, entre los que opinan que hay que sacar ya la auditoría, sea como sea; los que sostienen que ya no sirve de nada, especialmente después de la publicación del informe del Defensor del Pueblo; y los que plantean -y no son minoritarios- que el bufete ha incumplido el contrato y que, por tanto, la investigación debe quedar en un cajón. Y no pagarse el más de 1,2 millones de euros de la minuta 'pro bono' de Cremades.