El abuso de autoridad siempre ha sido una realidad muy presente en Brasil, especialmente en la Amazonía, donde a menudo ocurren hechos que se quedan en el olvido. La época de pandemia que estamos viviendo, que en el estado de Amazonas, que tiene una población de poco más de 4 millones de habitantes, ha provocado el contagio de 112.000 personas y 3.500 fallecidos, no está siendo un impedimento para que los pueblos indígenas y las poblaciones tradicionales vean amenazados sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida.

En la región del río Abacaxis y de la Tierra Indígena de Coata-Larajal, en los municipios de Nova Olinda do Norte y Borba, se están produciendo prácticas muy graves y arbitrarias por parte de las fuerzas policiales. Todo comenzó cuando el 24 de julio un grupo de personas, entre ellas el secretario ejecutivo del Fondo de Promoción Social del Gobierno de Amazonas, Saulo Moysés Rezende Costa, intentó entrar en el río Abacaxis, sin contar la licencia ambiental para practicar la pesca deportiva, en un momento de pandemia donde la cuarentena y el aislamiento social son las recomendaciones para protegerse de COVID-19, momento en el que hubo un enfrentamiento y Rezende Costa resultó herido en el brazo.

Como resultado, el 4 de agosto hubo una acción de la Policía Militar, en la que según la población local, se utilizó la tortura, la restricción de las libertades individuales y colectivas y las ejecuciones por arma de fuego. Se confirman las muertes de un indígena munduruku llamado Josimar Moraes de Silva, tres ribereños, y la desaparición de dos adolescentes y un indígena munduruku, además de las muertes de dos policías militares, un presunto traficante y seis personas heridas.

Esta realidad ha sido denunciada en una manifestación emitida este lunes, 17 de agosto, que cuenta con el apoyo de más de 50 movimientos y organizaciones sociales y eclesiales, entre ellas la Prelatura de Borba, la Arquidiócesis de Manaos, la Comisión Pastoral de la Tierra - CPT, el Consejo Indígenista Misionero - CIMI, la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil - Regional Norte 1, la Conferencia de Religiosos de Brasil, así como otras organizaciones eclesiales.

El escrito fue presentado en una conferencia de prensa en el Centro Arquidiocesano São José, de la Arquidiócesis de Manaos, con la presencia de los principales medios de comunicación locales. En palabras del Arzobispo, Monseñor Leonardo Ulrich Steiner, el objetivo era "compartir con la sociedad de Manaos y con el estado de Amazonas la cuestión del río Abacaxis y la Tierra Indígena de Coata-Larajal, en los municipios de Nova Olinda do Norte y Borba". Según el Arzobispo, “hemos sido informados de las dificultades, las muertes, la violencia y queremos compartir esto con la sociedad, para que podamos abordarlo de manera justa". En palabras de monseñor Steiner, "es tarea del Estado, es tarea del gobierno, dar seguridad a las poblaciones indígenas, pero también a las poblaciones ribereñas", algo que no sólo no está sucediendo, sino que la Policía Militar es la que está causando el aumento de la violencia.

El informe presentado muestra lo que está sucediendo en la región y el clima de temor que se ha instalado entre los pueblos indígenas y ribereños de la región. El abuso de autoridad, denunciado al Ministerio Público Federal, se ha manifestado en invasiones de viviendas, incautación de teléfonos con los que se registraban abusos, uso de armas de fuego para intimidar a los residentes, niños y ancianos, y la prohibición de circular por el río. Al mismo tiempo, se ha informado de que se ha producido un uso indebido de las fuerzas policiales para servicios privados, torturas, recortes de las libertades individuales y colectivas, quema de casas e incluso ejecuciones por parte de la policía. Incluso la población local no puede cazar, pescar o comprar comida en la ciudad de Nova Olinda do Norte.

Esta es una realidad muy presente en la región, como se ha denunciado en el escrito, donde la invasión de madereros y personas que quieren practicar la pesca deportiva sin cumplir con los requisitos legales, son una constante en el territorio tradicional de las comunidades y del Pueblo Maraguá, hechos denunciados reiteradamente. En vista de ello, se solicita una serie de medidas, entre ellas el fin de la represión y la salida de la Policía Militar, solicitando la presencia de la Policía Federal, la elaboración de un informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos, una audiencia pública que aclare los hechos, así como la asunción de responsabilidades por parte de la policía y los representantes estatales.

No debemos olvidar que estamos ante un nuevo episodio de algo que se ha repetido como consecuencia de la falta de respeto por los territorios indígenas y las poblaciones tradicionales. Incluso el escrito denuncia que "la policía no puede servir de brazo armado de los falsificadores de documentos de tierra, madereros, pescadores, mineros u otros devastadores de la región". En este sentido, "los derechos humanos deben ser el principio rector de cualquier operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad pública", respetando las vías democráticas.

Monseñor Leonardo Steiner exigió que "el Estado asuma su responsabilidad, que en la investigación el Estado sea responsable de esta acción", porque este es un asunto extremadamente serio. En palabras del Arzobispo de Manaos, "no podemos permanecer inertes", pidiendo que "nosotros como sociedad estemos atentos, sigamos el caso y exijamos que el Estado asuma su responsabilidad. No puede ser que las personas desaparezcan, sean asesinadas, torturadas, y no pase nada, en el estado de Amazonas. Así que tenemos que llamar a que se asuma la responsabilidad, no podemos dejar de exigir que se asuma la responsabilidad". En este sentido, insistió en que "no podemos seguir matando, masacrando a los indígenas".

Las palabras del arzobispo de Manaos están en consonancia con lo expresado por los participantes en la rueda de prensa en representación de la Comisión Pastoral de la Tierra - CPT, el Consejo Indígenista Misionero - CIMI, el Frente Amazónico de Movilización en Defensa de los Derechos Indígenas - FAMDDI, el Consejo Nacional de Poblaciones Extractivistas - CNS, así como el Ministerio Público Federal y Estatal. Juntos han denunciado situaciones presentes en una región en conflicto, algo que es inadmisible en un estado democrático.

El representante del Ministerio Público Federal, Fernando Merlotto Soave, afirmó que la región donde se desarrolla el conflicto es muy compleja desde el punto de vista territorial, insistiendo en que el río Abacaxis no es un río de tránsito, que debería servir a las poblaciones locales. Ante la situación, Merlotto Soave pidió que se comprobaran los hechos. Leda Albuquerque, de la Fiscalía del Estado de Amazonas, destacó la importancia de esta iniciativa de la sociedad civil, afirmando que defender a los pueblos es defender la Amazonía, mostrando el compromiso explícito de la organización que representa en la verificación de los hechos.