Los ataques contra los pueblos indígenas en Brasil se han convertido en una constante en los últimos tiempos. Ante esta situación, siete instituciones han emitido una declaración, publicada en el periódico O Globo, con la que quieren advertir a la sociedad brasileña sobre una situación que definen como “extremadamente preocupante”.

Firmado por siete instituciones

El texto está firmado por Mons. Jaime Spengler, presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB); el cardenal Leonardo Ulrich Steiner, presidente del Consejo Indigenista Misionero (CIMI); Maria Victoria Benevides, presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns;  Helena Bonciani Nader, presidenta de la Academia Brasileña de Ciencias (ABC); Patricia Vanzolini, presidenta de la Orden de los Abogados de Brasil - Sección de São Paulo (OAB-SP); Renato Janine Ribeiro, presidente de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC) y Octávio Costa, presidente de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI).

El texto califica la actual situación como “tierra sin ley”, lo que tiene graves consecuencias, con 1276 conflictos y 208 indígenas asesinados en 2023, colocando también como ejemplo los recientes ataques contra los guaraní-kaiowá, en el municipio de Douradina. Se denuncia la falta de respeto a las decisiones del Supremo Tribunal Federal con relación al llamado Marco Temporal, que reconocía el derecho a sus tierras de los pueblos indígenas, afirmando que “la codicia sobre el hábitat de estos pueblos oculta que son los que más preservan el medio ambiente.”

Derechos inalienables e innegociables

Ante las amenazas de la agroindustria y la minería, se cita lo recogido en la Constitución de 1988, subrayando que los pueblos indígenas “son, pues, titulares de derechos inalienables e innegociables, aunque se les falte al respeto todos los días.” Ante esa situación, la declaración deja bien claro que “los indígenas no necesitan pedir de rodillas lo que les garantiza la ley”, y juntamente con eso que “no necesitan morir por su derecho a la vida.”

Finalmente, se reclama “la presencia del Estado ante la escalada de violencia, para que sus agentes actúen con firmeza, bajo el imperio de la ley”, pidiendo la presencia de la Fuerza Nacional, que los crímenes sean investigados y que se declare la inconstitucionalidad de la Ley que ha paralizado la demarcación de las tierras indígenas y aumentado las agresiones contra las comunidades. El texto concluye diciendo que “el exterminio de los pueblos indígenas es también la muerte de nuestro futuro como nación.”

Lea la declaración completa:

Unimos aquí nuestras voces en una advertencia a la sociedad brasileña. La escalada de violencia contra los pueblos indígenas en muchos de los estados donde viven es extremadamente preocupante. Aunque el actual gobierno haya creado el Ministerio de los Pueblos Indígenas, implementado la vigilancia de sus territorios y despertado expectativas en cuanto a la demarcación y regularización de sus tierras, es imposible no notar la permanencia de un clima de “tierra sin ley” sobre varias etnias, tristemente ejemplificado por los recientes conflictos en Douradina (MS) contra los guaraní-kaiowá.

Después de mucha resistencia en los últimos años, los indígenas de Brasil han sido colocados en el centro de una situación no sólo de inseguridad, sino de incongruencia jurídica. En septiembre de 2023, el Supremo Tribunal Federal (STF) reconoció sus derechos territoriales como cláusulas permanentes de la Constitución, dejando sin efecto la tesis del Marco Temporal. El Congreso Nacional reaccionó atacando esos mismos derechos, aprobando la Ley 14.701 al final del año. Sometida la cuestión a los mecanismos de control constitucional, sorprendió que el juez Gilmar Mendes, decano de la Corte Suprema, tomara la iniciativa, en 2024, de promover la “conciliación entre las partes” en las cuestiones relativas a las tierras indígenas, en lugar de ratificar lo establecido por la Corte. En este contexto, se observa un aumento de los casos de violencia.

En el punto de mira de los sectores depredadores de la agroindustria y la minería, los indígenas intentan sobrevivir, como han hecho durante más de 500 años. Luchan por hacer cumplir la ley suprema que los protege: “A los indios se les reconoce su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, así como sus derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, y corresponde a la Unión demarcar, proteger y hacer respetar todos sus bienes”, dice el artículo 231 de la Constitución Federal. Son, pues, titulares de derechos inalienables e innegociables, aunque se les falte al respeto todos los días.

El ambiente de “tierra sin ley” tiene graves consecuencias. Según el informe Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil, publicado por el CIMI, sólo el año pasado se registraron 1.276 conflictos relacionados con derechos territoriales, con invasiones, explotación ilegal de recursos naturales y daños a la propiedad. En el mismo periodo, 208 indígenas fueron asesinados. La codicia sobre el hábitat de estos pueblos oculta que son los que más preservan el medio ambiente, además de legarnos todo un patrimonio en el campo de la alimentación, así como en la gestión sostenible de la fauna y la flora. Sus tradiciones y culturas, parte integrante de su modo de vida, exigen la protección de sus territorios.

Los indígenas no necesitan pedir de rodillas lo que les garantiza la ley. No necesitan ser fotografiados en estado de desnutrición severa, como les ocurrió a los yanomami, rodeados de mineros que envenenan sus ríos y de acaparadores de tierras que incendian sus bosques. No necesitan ser el blanco de milicias y bandas de pistoleros, cuando es deber del Estado y del gobierno federal garantizar la seguridad en sus territorios. Los indígenas no necesitan morir por su derecho a la vida.

Por estas razones, nuestras organizaciones reclaman la presencia del Estado ante la escalada de violencia, para que sus agentes actúen con firmeza, bajo el imperio de la ley. Hacemos un llamado urgente al Ministerio de Justicia para que mantenga a la Fuerza Nacional en los territorios en conflicto, con el fin de evitar desenlaces sangrientos y brindar a los indígenas la asistencia que necesitan. Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República, responsable del Ministerio Público Federal, para que investigue y aplique la ley a los crímenes cometidos. Del Tribunal Supremo, esperamos que declare cuanto antes la inconstitucionalidad de la Ley 14.701/23, cuya vigencia ha paralizado la demarcación de las tierras indígenas y aumentado las agresiones contra las comunidades. Y finalmente, a todos los ciudadanos brasileños, llamamos a una vigilia permanente, en la certeza de que el exterminio de los pueblos indígenas es también la muerte de nuestro futuro como nación.