Perú se dispone para vivir la tercera jornada de protestas masivas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Las marchas previstas para este 19 de julio concentrarán a la mayor parte de sus adeptos en Lima. Las protestas convocadas desde distintas provincias aspiran a contar con la presencia de por lo menos 13 mil asistentes. Ante el ambiente tensión e incertidumbre la Iglesia se pronunció

El riesgo de la violencia

"El Gobierno, en todas sus instancias, tiene la imperiosa obligación de escuchar al pueblo peruano y no ser ajeno a sus urgentes necesidades y justos reclamos" afirmó Mons. Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal peruana ante el anuncio de la tercera toma de Lima.
En un comunicado firmado por la presidencia del episcopado el arzobispo de Trujillo insistió en que no hay democracia sin participación de la población aclarando que “esta participación tiene que estar organizada con presencia activa, debe tener dirigentes con nombre y rostros propios, solo así, las autoridades con la ciudadanía podrán estar legitimadas para el logro y progreso del Perú".

Ratificando el llamado de la Iglesia a no perder la esperanza, el prelado recordó que el Perú es de sus ciudadanos y cada uno tiene un compromiso para contribuir a la solución de los problemas del país. "El Perú es nuestro y nosotros somos los únicos responsables de sacarlo de la crisis política, social, económica y moral," advirtió por lo que es preciso tener plena conciencia del llamado a respetar y proteger la gran riqueza que identifica a la nación.

Si bien, la Iglesia sabe que de acuerdo con el artículo 28 de la constitución política peruana está garantizado el derecho a la protesta, porque se trata de un pilar democrático de quienes no se encuentran de acuerdo con la gestión política o administrativa, no se puede desconocer que la violencia y el vandalismo deslegitiman la protesta sin importar de donde o quienes proceda.

Respetar es una exigencia

En coherencia con la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresada en el informe sobre el caso peruano y que fuera presentado en abril de 2023; los obispos recuerdan que "los actos de violencia no están protegidos por el derecho a la protesta". En ese sentido es importante entender que "la vulneración de la paz social y el orden público exigen la intervención de las instituciones responsables de garantizar los derechos ciudadanos, por lo que recuerdan que "ningún peruano tiene la potestad de levantar la mano contra otro".

De la misma forma los miembros del episcopado advierten que el "respeto a los bienes públicos y a la propiedad privada es una exigencia, no una alternativa;" por lo que recomiendan que se eviten situaciones como el cierre de las vías públicas y se facilite el tránsito de ambulancias y servicios de emergencia en salud y no se obstaculice la misión de organizaciones que velan por la salud pública como es el caso del cuerpo de bomberos.

Igualmente, los prelados se refieren al respeto por los derechos humanos que constituyen una obligación de todos, lo que incluye a ciudadanos y agentes del orden. "Todos debemos ser rigurosos en su estricto cumplimiento," precisan particularmente porque se debe respetar y velar por los derechos a la vida, el trabajo, el libre tránsito y a la salud. Finalmente, los representantes de la Iglesia peruana cierran su comunicado haciendo "un llamado a la gran familia peruana, al diálogo entre todas las Sangres", pidiendo que se supere la indiferencia egoísta, la violencia destructiva porque "es momento de unirnos para buscar el bien común de todos los peruanos ¡Seamos constructores de paz, progreso y esperanza!," concluyen.

El origen

Tras la destitución de Pedro Castillo en 2022 la protesta busca expresar su desacuerdo con el gobierno de Dina Boluarte. Dentro de los aspectos de mayor controversia en el abordaje de la situación está la represión violenta que se hizo por parte de las autoridades cumpliendo la orden de detener las movilizaciones que se hicieron anteriormente contra el Gobierno. Inconformidad que se ha hecho más fuerte en tanto la actual presidenta de Perú se niega a adelantar las elecciones, lo que indica que su Gobierno se extenderá hasta 2026.
Dentro de los proyectos del poder ejecutivo peruano para la tercera toma de Lima, figura que en medio del estado de emergencia los delitos sean elevados, idea que será debatida en el Congreso. No obstante, muchos sectores la entienden como una reacción de la presidencia para reprimir las movilizaciones.
Otra de las medidas que se piensa tomar desde el Ministerio del Interior consiste en el despliegue policial en la capital peruana para evitar el ingreso de personas que se encuentren relacionadas con organizaciones al margen de la ley y que de manera presunta intenten actuar en el marco de las protestas.