El papa Francisco aceptó la renuncia de Óscar Augusto Múnera, vicario apostólico de Tierradentro denunciado por abuso sexual. El hecho fue dado a conocer este 20 de julio, a través del boletín de prensa de la Santa Sede, y es, hasta el momento, el efecto más importante de la investigación iniciada por el periodista Juan Pablo Barrientos.

La historia de Múnera salió a la luz a finales del año pasado a través del libro El archivo secreto. La obra reveló una lista de casi seiscientos sacerdotes vinculados a la Iglesia colombiana denunciados por distintas formas de violencia sexual. En su inmensa mayoría, dichos presbíteros fueron encubiertos por sus superiores. Es el caso de Múnera, ocultado, primero, por Jairo Jaramillo, en su momento obispo de Santa Rosa de Osos; y, después, por Omar Sánchez y Luis José Rueda, arzobispos de Popayán y de Bogotá, respectivamente.

La noticia pone el foco sobre el debate que actualmente tiene lugar en la Corte Constitucional de Colombia y que podría derivar en una orden de esta alta instancia judicial para que la Conferencia Episcopal libere información sobre abusos clericales. Este litigio tiene su origen en más de 137 solicitudes formales de datos que Barrientos y el autor de esta nota elevaron ante la Iglesia colombiana para conocer la magnitud de los delitos sexuales en el catolicismo a escala nacional.

Solo un 13% de las fuentes oficiales de la Iglesia consultadas respondieron las solicitudes formales de datos elevadas. Múnera, para inicios de 2023 obispo de Tierradentro, fue uno entre decenas de dirigentes religiosos que se negaron a aportar la información requerida. Ello lo emparenta con José de Jesús Amaya, superior general de los misioneros eudistas, también denunciado por abuso sexual, quien, en su condición de jefe, no solamente encubrió a subalternos, sino que ocultó datos que lo señalaban, a él mismo, de ser un abusador.

La estrategia de prevención de la Iglesia colombiana ha sido objeto de graves señalamientos, en el marco de la investigación sobre estos dos últimos casos. Luis Manuel Alí, actual secretario del pontificio consejo para la protección de los menores, conocía sobre las denuncias contra Amaya y omitió su deber de alertar a las autoridades civiles. Por otra parte, según el denunciante de Múnera, su reclamo contra el obispo de Tierradentro fue desatendido la primera vez que acudió a la Arquidiócesis de Bogotá. No solo eso. Después de que recurriera nuevamente a la sede del cardenal Luis José Rueda, se reactivaron amenazas en su contra que había conocido años atrás, cuando empezó a exponer las pruebas en su poder sobre lo vivido con Múnera.

Si bien son las autoridades civiles las llamadas a esclarecer el contenido de la denuncia que produjo que renunciara el obispo de Tierradentro, según Juan Pablo Barrientos, el cese en el cargo de este prelado significa “una pequeña victoria para el sobreviviente, que lleva más de 20 años denunciando a este personaje”. A él se suman cientos de víctimas que esperan una decisión favorable de parte de la Corte Constitucional, capaz, no solamente de echar luz sobre la magnitud del problema de los abusos clericales en Colombia, sino también de contribuir a la búsqueda de una reparación integral frente a lo sufrido.