Llamamiento de la familia del superviviente, tras la condena canónica al profesor "Exigimos que Doctrina de la Fe dé un público, oficial y por escrito reconocimiento a la víctima del 'caso Gaztelueta'"

El gobierno de España a través del Consejo de Ministros nos hizo saber el pasado mes de Diciembre de 2024, la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación que sustituía a la norma que data de 1984, para garantizar este derecho en el contexto actual de la nuevas tecnologías de la información, permitiendo corregir públicamente informaciones falsas o inexactas que causan un perjuicio a los particulares.

En suma, toda persona natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio.

Pues bien, con respecto al Caso Gaztelueta, sería exigible al pederasta condenado en firme, al Opus Dei, al propio centro escolar de Leioa, y a la Congregación para la Doctrina de la Fe, una carga profunda de derecho de rectificación, habida cuenta de la larga lista de manifestaciones altaneras, mentirosas, irrespetuosas y hasta insultantes e injuriosas contra la víctima y su familia.

Dejando de lado los insultos del pederasta condenado contra la víctima y su familia, la tenaz insolencia de este reo y de algunos de sus satélites mediáticos residuales, la sibilina y cobarde carta de Ocariz, sí, ya saben, la de la verdad jurídica y la mentira tóxica, el descabellado comportamiento del colegio y su ex director Imanol Goyarrola, pretendiendo ser el protagonista en la representación del cuento El traje nuevo del emperador, de Andersen, en el despacho donde se perpetró el delito, y la caterva delirante de testigos y adoratrices de Gaztelueta que desfilaron por la Audiencia Provincial de Bizkaia durante el juicio que finalizó con una condena de once años al pederasta, centro el foco en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en 2015 estaba dirigida por el feroz Cardenal Muller y el secretario Monseñor Ladaria, los mismos que enviaron al orondo y lirindo Silverio Nieto en compañía de un apuntador, Rafael Felipe, a instigar y tramar algo a Logroño, de donde tras interrogar a padre e hijo Cuatrecasas, huyeron como alma que lleva al diablo, rumbo al colegio vizcaíno.

Ya saben los que han seguido la larga historia de pederastia en el colegio Gaztelueta, cambiar detalles del escenario del crimen para intentar que la credibilidad de la víctima caiga en desgracia. Recursos tiene el tahúr. Pero para desgracia de los guionistas de tan tramposa trama, ni así fueron capaces de rasgar la verdad, la jurídica de Ocariz y la otra, la verdad pura y dura. De Renzo Fratini, Nuncio apostólico en España desde el 20 de agosto de 2009 hasta el 4 de julio de 2019, a Muller, Ladaria, Silverio Nieto y el Secretario General y Portavoz de la CEE, entre 2013 y 2018, Gil Tamayo, pasando por el obispo de Bilbao entre el 11 de octubre de 2010 al 5 de diciembre de 2020, Mario Iceta, todos engrasaron la bola.

Una bola que pretendieron encajar en el agujero de la mesa de su repelente billar como si un abuso sexual continuado cometido por un adulto sobre un menor, un numerario profesor de religión frente a un alumno menor de edad, fuese un juego de mesa. Pero no sabe el mentiroso, que la verdad siempre fluye y que la mentira compartida en legión, termina cayendo. Consensuada la trama y ejecutada sin dilación ni rubor, el 9 de octubre de 2015, Luis Ladaria, Arzobispo de Thibica y Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, envía un burofax al colegio, previo archivo de la investigación realizada por el comisario Silverio Nieto, investigador de falsas aperturas y falsos cierres, algún día hablaremos de sus tribulaciones y correrías, maniobras orquestales en la oscuridad, en donde y cito literal, ordena que “se cierre canónicamente el caso y se restablezca la buena fama del imputado.”

Esto es como cuanto preparas una salsa mayonesa y de pronto se te corta. La salsa mahonesa de unos obradores de cocina que compran langostinos y no saben ni cocerlos. Pues bien, hace ya un tiempo, y habida cuenta de que tras una sentencia en firme por vía penal, justicia ordinaria, que condenaba al profesor pederasta, primero en la Audiencia Provincial de Bizkaia y después en el Tribunal Supremo (467/2020), el Vaticano y la Congregación de la Doctrina de la Fe, seguían diciendo que había que reponer la buena fama de un pederasta condenado en firme por los tribunales no canónicos, quien esto redacta, solicitó en sendas cartas enviadas a Ocariz y Ladaria que, por ser lógico y lo que es aún más justo y relevante, de justicia, que dejaran sin efecto aquel burofax de Ladaria y repusieran la buena fama de la víctima y superviviente del caso de abusos sexuales del colegio Gaztelueta.

Tras el dictamen conclusivo del lunes pasado, firmado por José Antonio Satué y José Luis Perucha, que se reduce a pedir al Opus que expulse de sus filas al profesor pederasta de Gaztelueta, algo que la ex Prelatura ya tendría que haber hecho hace mucho tiempo sin necesidad sé que se lo pida el Vaticano en un dictamen, esta familia cree haber llegado el momento, en efecto por ser lógico y de justicia, que la actual Congregación para la Doctrina de la Fe, dé un público, oficial y por escrito reconocimiento a la víctima reponiendo su buena fama y deje a las claras que la buena fama del profesor condenado ya no tiene efecto.

Algo que creo ya debiera haberse hecho y que en caso de no hacerse, aparte de un ejercicio re victimizador más, supondría ahondar en la perversa injusticia cometida a tropel contra Juan Cuatrecasas Cuevas. No es un regalo, es un derecho. No es limosna, es justicia. Es una obligación. Esperamos que Víctor Manuel «Tucho» Fernández, como prefecto y John Kennedy, como secretario, estén a la altura que otros no estuvieron. Esperamos que no sea mucho esperar, ni por petición ni por tiempo. Porque cuando la justicia se demora, termina por no ser justicia. Y el caso Gaztelueta tiene ya demasiadas demoras.