El Servicio Jesuita a Migrantes presenta su informe sobre la Frontera Sur Los jesuitas exigen "corredores humanitarios" entre Marruecos y España para canalizar la llegada de migrantes y refugiados a Ceuta y Melilla
El SJM exige "la eliminación de las concertinas", un "protocolo de atención a víctimas de naufragio", así como la búsqueda de personas desaparecidas en el mar
"Es constante la práctica de distintas formas de devoluciones sumarias a través de los portillos que jalonan las vallas y en las aguas territoriales de Melilla”, con “operaciones policiales españolas y marroquíes más allá de los límites de su jurisdicción territorial"
"Es preciso abstenerse de separar a los miembros de una familia o reagruparla sin mayor dilación cuando acredita el vínculo familiar mediante documentación fehaciente"
'Buscar salida. Informe del SJM sobre la Frontera Sur'
"Es preciso abstenerse de separar a los miembros de una familia o reagruparla sin mayor dilación cuando acredita el vínculo familiar mediante documentación fehaciente"
'Buscar salida. Informe del SJM sobre la Frontera Sur'
'Buscar salida'. Este es el título, y el objetivo, del informe sobre Frontera Sur que este mediodía ha presentado el Servicio Jesuita a Migrantes. Un informe que nos muestra la dura realidad de migrantes y refugiados en Ceuta y Melilla, agravada por la pandemia y por los acuerdos, oficiales o secretos, entre las autoridades españolas y marroquíes.
Entre sus propuestas, el SJM exige "la eliminación de las concertinas", un "protocolo de atención a víctimas de naufragio", así como la búsqueda de personas desaparecidas en el mar. También, una nueva ley que apueste por “regular la formación de corredores humanitarios en territorio marroquí para canalizar el acceso seguro de solicitantes de asilo a las oficinas de asilo y refugio en los puestos fronterizos de Ceuta y de Melilla”, y garantizar la libre circulación por todo el territorio nacional de las personas solicitantes de protección debidamente documentadas.
Endurecimiento del control en Marruecos con fondos de la UE
En su resumen del informe, el SJM denuncia el “endurecimiento del control de los movimientos migratorios por parte de Marruecos (con fondos de la UE)”, lo que “implica un hostigamiento policial continuo y más violencia sobre migrantes y refugiados”. La noticia de personas muertas y lesionadas en el intento de cruzar la frontera deja patente la necesidad de arriesgar la vida y la integridad física para pedir asilo. El Tribunal Supremo ha formado jurisprudencia sobre una vía segura de acceso al asilo: la solicitud de protección en embajadas y consulados de España por parte de nacionales de terceros países.
Al tiempo, “es constante la práctica de distintas formas de devoluciones sumarias a través de los portillos que jalonan las vallas y en las aguas territoriales de Melilla”, con “operaciones policiales españolas y marroquíes más allá de los límites de su jurisdicción territorial”. El SJM recalca cómo la Guardia Civil sigue practicando el “rechazo en frontera” como si tuviese cobertura legal incontestable: sin que se haya modificado el párrafo primero de la disposición adicional décima de la ley de extranjería, vaciado de sentido por la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; ni pueda decirse que se ajusta a los criterios de constitucionalidad establecidos por el Tribunal Constitucional.
Tras la reciente sentencia del Supremo, constata la ONG jesuita, “la Policía no puede impedir ni restringir” la libertad de movimientos a la Península. Y, sin embargo, sigue haciéndose.
Menores y víctimas de la trata
El excesivo control de fronteras, además, “desprotege a personas objeto de trata”, añade el informe, quien lamentan cómo “persiste la mala práctica administrativa de no tramitar la documentación de los menores extranjeros bajo tutela administrativa, lo que los coloca en situación irregular al cumplir la mayoría de edad”. No poder viajar a la Península ni ser admitidos en el CETI de Melilla “los condena a vivir en situación de calle”.
“Es llamativa la determinación con la que el Ministerio del Interior mantiene su política de minimizar los traslados de personas migrantes y solicitantes de asilo desde Melilla a la Península. Esta política tiene consecuencias en la salud pública de toda la población”, lamenta el informe, que insiste en que esta práctica “genera una tensión que ha llegado a estallar en una protesta violenta”, pues coloca a estas personas en “un limbo jurídico”.
Regular el derecho de asilo
Entre sus propuestas, el Servicio Jesuita a Migrantes urge a publicar un reglamento que desarrolle la regulación del derecho de asilo, especialmente en el procedimiento para solicitar protección internacional en embajadas y consulados españoles”, necesario incluso aunque PSOE y Unidas Podemos aprueben una nueva ley reguladora del asilo.
Una normativa que, en opinión del SJM, debería “regular la formación de corredores humanitarios en territorio marroquí para canalizar el acceso seguro de solicitantes de asilo a las oficinas de asilo y refugio en los puestos fronterizos de Ceuta y de Melilla”, así como garantizar la libre circulación por todo el territorio nacional de las personas solicitantes de protección debidamente documentadas.
En cualquier caso, añaden, “es preciso regular con detalle el modo de proceder de la Guardia Civil para que el “rechazo en frontera” cumpla con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional”.
“En la persecución de las redes de tráfico y trata, las fuerzas de seguridad deben evitar cualquier sombra de criminalización de las personas que han tenido que recurrir a traficantes o que son víctimas de trata”, reclaman, pidiendo algo parecido para los menores no acompañados.
No a las concertinas
Finalmente, el SJM vuelve a reclamar “la protección de la vida y de la integridad física de las personas que cruzan la frontera”, lo que implica “la disponibilidad operativa del servicio de Salvamento Marítimo en todos los territorios fronterizos, la eliminación de las concertinas y de otros obstáculos lesivos en todos los complejos fronterizos terrestres (incluidos los que se sitúan en suelo marroquí), un protocolo de atención a víctimas de naufragio que preserve su dignidad, elaborar un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas que incluya el tratamiento a las familias, y revisar el protocolo de identificación y tratamiento de cadáveres, comprendido también el tratamiento a las familias”.
Finalmente, “es preciso abstenerse de separar a los miembros de una familia o reagruparla sin mayor dilación cuando acredita el vínculo familiar mediante documentación fehaciente”, especialmente en el caso de menores o familias, para evitar su separación.
“En la gestión de la pandemia de COVID-19 es preciso abstenerse de toda forma de privación de libertad que carezca de soporte legal y de control judicial: especialmente el encierro bajo llave con custodia de empleados de empresas de seguridad privadas”, como ha sucedido.
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