El jesuita alemán abandonó en marzo la Comisión Pontificia para la Protección de la Infancia Zollner: Seis meses después del portazo, mantiene las dudas sobre la transparencia en la lucha contra los abusos

“La falta de transparencia”. Esa fue la razón por la que el jesuita Hans Zollner dio un portazo, el pasado mes de marzo, en la Comisión Pontificia para la Protección de la Infancia, de la que durante años fue un miembro destacado. Lo había hablado antes con el papa Francisco, quien se mostró de acuerdo con aquella salida de quien está considerado uno de los grandes especialistas (e impulsores) en la lucha contra la pederastia en la Iglesia. Pero luego vio algo que no le gustó y fue cuando su salida sonó con todo el estrépito de una sonora protesta. Lo cuenta en entrevista con Katch.ch

Hablé de esto antes con el papa Francisco. Estuvo de acuerdo con mi partida. La Comisión decidió entonces hablar únicamente de mis méritos y mi supuesta carga de trabajo al anunciar mi salida. Esto no fue aceptable para mí”, señala.

De ahí su sonoro anuncio: “Quería dejar claro que hubo serias razones internas por las que dejé la Comisión:la falta de transparencia dentro y fuera, la falta de claridad sobre el área de actividad de la comisión y la responsabilidad de los miembros, así como las cuestiones relacionadas con las finanzas. La responsabilidad son los motivos que me empujaron a irme”.

Seis meses después, no parece que haya cambiado demasiado la opinión del jesuita alemán sobre el funcionamiento, en este caso, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, bajo cuya jurisdicción quedó la Comisión, y que fue una de las razones que hizo crecer el desconcierto de este especialista.

Doctrina de la Fe: fiscal y tribunal a la vez

Preguntado sobre la credibilidad que le da al antiguo Santo Oficio en la lucha contra la pederastia en la Iglesia, la respuesta no deja demasiado lugar a la duda: “El dicasterio es, dentro de la Iglesia, el fiscal y el tribunal para este tipo de delitos. Espero que aplique la ley de manera coherente y comunique los motivos de una sentencia. Asimismo, deberá indicar el estado del proceso judicial. Actualmente, estas dos cosas generalmente no se hacen. Ni los interesados ni los acusados son informados. En algunos casos, ni siquiera el obispo conoce el estado del procedimiento”.

“Las normas jurídicas de la Iglesia serían suficientes en su conjunto [para luchar contra los abusos], pero es imposible entender cómo se aplican. No es comprensible que la Iglesia no se comunique con transparencia en este ámbito”, señala Zollner, quien reivindica “un derecho a la información y a la audiencia” que “no existe todavía. “Durante una conferencia sobre este tema dijimos varias veces: lo que es normal en otros procesos penales, los del Estado, también debe ser asumido por la Iglesia”, zanja.

Con todo, Zollner asegura que, en la lucha contra esta lacra en la Iglesia, “en el fondo soy optimista y tengo esperanzas de que las cosas vayan bien. Porque veo que ya se han hecho muchas cosas en los últimos 20 años”.

De hecho, que él haya hablado y siga haciéndolo con la libertad con la que lo hace sobre esto es un avance que parecía imposible no hace tiempo, concede. “También influyen los numerosos cambios legislativos en el seno de la Iglesia. Es una evolución continua. Desafortunadamente, no es tan rápido como a muchos (y a mí también) nos gustaría. Estos pasos deben ser seguidos por muchos otros”.