400 euros al mes asociados a un DNI de una monja ya fallecida La Seguridad Social solicita el reintegro de una pensión cobrada indebidamente por las exclarisas de Belorado

La Seguridad Social ha notificado al Arzobispado de Burgos que solicitará la devolución de la pensión abonada indebidamente en las cuentas del Monasterio de Santa Clara de Belorado correspondiente a una religiosa que falleció en abril de 2022, pero cuya pensión se ha estado pagando hasta el mes de enero.

Fuentes del Arzobispado de Burgos han confirmado a EFE que, tras haber comunicado el pasado mes de enero a la Seguridad Social un pago recurrente, mensual, de casi 400 euros en concepto de pensión asociada a un DNI de una monja ya fallecida, el organismo les ha informado de que ha procedido a regularizar la situación. Así, dos años y medio después del fallecimiento de la religiosa -que pertenecía al Monasterio de Derio (Bizkaia), integrado en el de Belorado-, la Seguridad Social ha cesado el pago y reclamará a la entidad bancaria en la que se encuentra la cuenta que ha recibido los pagos el reintegro de los importes cobrados indebidamente.

En dicha notificación no se especifican los motivos por los cuales se ha estado abonando durante este tiempo la pensión, pero tampoco se ha comunicado ninguna multa o sanción, han explicado, y la situación estaría ya regularizada. El abogado que representa a las monjas -que fueron excomulgadas el pasado junio tras su salida de la Iglesia católica-, Florentino Aláez ha insistido en declaraciones a EFE en que las religiosas desconocen qué ha ocurrido, y no han recibido ninguna comunicación por parte de la Seguridad Social, ni cuando el Arzobispado denunció la situación ni ahora.

Aláez ha defendido la actuación de la comunidad religiosa de Belorado, insistiendo en que ha debido de existir un error o negligencia administrativa dado que los fallecimientos quedan anotados en el Registro Civil -en aquel abril de 2022 hubo tres muertes en Belorado en un plazo corto de tiempo- y de ahí se comunican internamente a la Seguridad Social.

La exabadesa, "sin capacidad legal"

Por otra parte, el Arzobispado de Burgos ha vuelto a insistir en que Laura García de Viedma, exabadesa del convento de Belorado -una de las diez monjas excomulgadas- carece de capacidad legal para realizar operaciones económicas en nombre de los monasterio de Belorado y Derio, tras el nombramiento del arzobispo Mario Iceta como comisario pontificio.

En un comunicado, el Arzobispado ha indicado que han sido conocedores de una operación de venta de oro, en concreto de 1,73 kilos de oro por un valor de 130.000 euros realizada por García de Viedma, en nombre de la comunidad religiosa de Belorado este pasado enero. La información les ha llegado a través de un oficio de la Policía Nacional en el que les comunican que García de Viedma «ha actuado, de hecho, como administradora de los bienes del Monasterio», y les informan dado que su capacidad de administración está cuestionada desde el nombramiento de un comisario pontificio por la Santa Sede.

También, según el Arzobispado, la Policía Nacional -que ni confirma ni desmiente la información- ha pedido a la empresa compradora que «se abstenga de realizar cualquier actuación con los bienes adquiridos hasta que se acredite el legítimo dominio de esta persona sobre los objetos señalados», y ha solicitado información a la institución religiosa. Desde el Arzobispado han indicado que, tras recibir el oficio policial, han conseguido duplicados de siete facturas de compraventa de oro correspondientes a julio y agosto de 2020, por valor de 250.000 euros, oro procedente de piezas que pertenecen a los bienes de los monasterio de Belorado y Derio.

Una operación confirmada también por el abogado de las exmonjas, quien ha insistido en que se trató de una inversión con bienes propios del monasterio, que quedó reflejada en los libros de contabilidad que son supervisados por la Archidiócesis, si bien el Arzobispado está llevando a cabo ahora una nueva revisión para confirmarlo. La de 2020 es «una operación formalizada observando todos los requisitos legales», ha insistido Florentino Aláez, que ha defendido también la liquidación de enero y ha recordado que la operación no pudo hacerse en nombre de la comunidad religiosa, sino que se formalizó por parte de la abadesa, y ahora se ha liquidado también a su nombre. Sin embargo, «toda la comunidad es consciente de que la única titular real es la entidad. Y no ha dado lugar a ningún traspaso de fondos de la persona física a la persona jurídica ni es esta a aquella», ha apuntado.