Me gustaría disponer de más tiempo para el siguiente post pero no es posible en este momento. Me refiero a la noticia y comentarios sobre el acuerdo para la presencia de los capellanes católicos, “en los Comités de Ética Asistencial (CEAs) de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid”, siempre, según creo, atendiendo a los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979.

Las cuestiones derivadas de la laicidad del Estado, de la vida pública en cuanto tal, ¡no de la vida social o de la sociedad civil en general!, nos están planteando nuevos casos, cuya resolución no tardaremos en adivinarlas con cierta naturalidad; pero todo esto nos llevará un tiempo. El instinto de quienes temen el viejo confesionalismo nacionalcatólico es negarle toda racionalidad a la moral, cualquier moral, de inspiración religiosa. ¡Cómo si un creyente pudiera dejar su condición de persona inteligente al referirse éticamente a los problemas humanos, y lo resolviera con una moral de la fe que no fuera coherente y convergente con la búsqueda humana de la verdad moral! (Y si lo hace así, peor para él). Y al contrario, los que no recuerdan con mucho reparo ese nacionalcatolicismo del Estado, tienden a ver laicismo trasnochado en cualquier razonamiento que diga que la moral es un asunto de todas las personas y de todas las cosmovisiones, y no un exclusiva de las religiones (y menos de los curas), sino de éstas con todos los demás, en un diálogo ético de la sociedad civil, el que inspira sus leyes mediante procedimientos democráticos. Lógicamente, a veces con contento para todos, y a veces, no; y algunas veces con grave descontento de muchos, dando lugar a los casos de objeción de conciencia en una democracia, con sus requisitos estrictos y bien claros.

En ese horizonte, parece lógico diferenciar cada caso. Por ejemplo, yo me tenía que referir recientemente en Vida Nueva al caso de la cofrade expulsada de la Cofradía por causa de su “matrimonio del mismos sexo”, y parece lógico que de no haber en juego un derecho humano fundamental, ésta es la cuestión, la Cofradía, ¡asociación privada de derecho eclesiástico", se pueda regir por sus estatutos, el derecho canónico y la moral católica. Luego está la cuestión de si el trato en el caso concreto es moral en cuanto digno y humano, pero el derecho parece lógico.

Otro supuesto, por ejemplo, es el de los profesores de religión católica que pierden su trabajo por razón de algún comportamiento de su vida privada, por ejemplo vivir en pareja de hecho, plenamente legítimo en cuanto a la ley civil, y que sin tratarse de un derecho humano fundamental, sí que supone que la ley civil, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores, declina ante una ley eclesiástica, el Derecho Canónico, con efectos en el ámbito laboral, por hechos moralmente no aceptables para la Iglesia Católica. El Tribunal Constitucional ha declarado que esto es así, dando la razón a la Iglesia y sus argumentos en el ámbito de la libertad de enseñanza religiosa y moral. A mí me parece que el Tribunal Constitucional en este caso sentencia con pérdida de la soberanía política del Estado, es decir, las leyes comunes que legitiman el comportamiento privado de esos profesores, no lo olvidemos, “trabajadores del Estado en un espacio público, la escuela”. Ésta es la diferencia con la Cofradía, ámbito privado y confesional.

Y por fin, el caso de los capellanes y su presencia en los CEAs, en las mismas condiciones que otros profesionales del Centro Hospitalario, no veo la dificultad desde la laicidad. Porque la laicidad no consiste en que no aparezca nadie de convicciones religiosas en un comité, el que sea, sino en que argumente con razones que todos puedan entender, discutir y compartir. Si estas personas, “los capellanes”, están muy bien preparadas, genial; si no lo están, las ignorarán como a los demás; si los Acuerdos Iglesia-Estado, crean algún privilegio en el caso, por comparación con otras religiones o grupos de la sanidad, debe corregirse; pero el argumento de que estas personas van a vigilar o controlar la moral por encima de los demás, no lo entiendo; ellos aportarán su punto de vista en el discernimiento, los demás les pedirán que hablen éticamente, es decir, convicciones y pautas razonadas en relación a la dignidad de la persona, y el comité valorará en más o en menos su aportación. Tampoco veo que por ser sacerdote, éste sea el especialista en moral en el comité, sino una voz, que desde una tradición religiosa y eclesial, la cristiano-católica, suma su voz al quehacer ético de la sociedad civil; en este caso, a su expresión como mundo de la sanidad y a sus pautas éticas para la orientación de los profesionales en los supuestos médicos más controvertidos.

De fondo, yo creo que la nueva laicidad tiene que acostumbrase a que en cualquier lugar aparezcan todas las voces sociales, sean o no religiosas, y éstas, nosotros, acostumbrarnos a que nuestras voces morales religiosas tienen que ser también éticas, es decir, argumentadas en clave de igualdad y razón humanas. Esta voz religiosa y moral puede representarla un capellán o un especialista sanitario “creyente” al que se le encomiende tal encargo. Por el contrario, insisto, no veo que la asistencia religiosa, diversa y rica, haya de desaparecer del sistema de salud, si así lo reclama la sociedad, “un derecho fundamental”, y no veo por qué no pueda tener representación en los CEAS. Eso sí, con una voz religiosa y moral que, en cuanto ética, habla también el lenguaje de la moral civil. En caso contrario, nadie la entendería en la laicidad y esa palabra se perdería en un testimonio confesional, pero no confesante de la experiencia de fe, y su inspiración moral, ante la vida, la enfermedad y la muerte.