La ex abadesa se negó a que la trabajadora social realizase su valoración Los Servicios Sociales de Burgos aprecian una "situación de vulnerabilidad" en las exclarisas de Belorado
El abogado Florentino Aláez ha explicado que de momento desconocen cómo afectará la declaración de vulnerabilidad al procedimiento abierto por la demanda de desahucio, pues “la ley establece varías vías en caso de vulnerabilidad” y también varias vías para suspensión del proceso: “veremos qué efecto tiene”
Según el abogado, el Arzobispado presentó una declinatoria de la competencia del juzgado tras admitir este a trámite la demanda presentada por la defensa de las exreligiosas contra el nombramiento de Mario Iceta como comisario pontificio, en defensa de la libertad religiosa y la separación de la Iglesia católica
| RD/Efe
Los servicios sociales de la Diputación de Burgos han apreciado situación de vulnerabilidad social y/o económica en las exmonjas del Monasterio de Santa Clara de Belorado contra las que el Arzobispado interpuso demanda de desahucio en septiembre, tras su excomunión en el mes de junio por su salida voluntaria de la Iglesia católica.
A petición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Briviesca (Burgos), que tramita la demanda de desahucio en precario, los servicios sociales han emitido dictámenes de vulnerabilidad, en los que se ha apreciado dicha situación en siete de los ocho casos estudiados, ha informado a EFE el abogado de las exmonjas, Florentino Aláez.
Ha recordado que si bien fueron diez las religiosas excomulgadas en junio, la demanda de desahucio se interpuso contra nueve, ya que una de ellas abandonó el monasterio en verano; de las nueve restantes, otra también ha salido del convento así que en su interior solo quedan ocho de las excomulgadas, más las cinco mayores, las únicas reconocidas por la Iglesia.
La trabajadora social del CEAS (Centro de Acción Social) de Briviesca, dependiente de la Diputación, emitió a finales de enero los informes de vulnerabilidad requeridos por la jueza: siete de ellos aprecian situación de vulnerabilidad social y/o económica para las afectadas, tal como recogen dichos documentos consultados por EFE.
En el octavo caso la trabajadora no ha podido emitir informe, ya que la afectada no vive en el monasterio (corresponde a la segunda exmonja que lo abandonó); y tampoco existe informe sobre la exabadesa, Laura García de Viedma, pues se ha negado a que la trabajadora social realizase la oportuna valoración y emitiese un informe de vulnerabilidad.
Pendientes de resolución
El abogado Florentino Aláez ha explicado que de momento desconocen cómo afectará la declaración de vulnerabilidad al procedimiento abierto por la demanda de desahucio, pues “la ley establece varías vías en caso de vulnerabilidad” y también varias vías para suspensión del proceso: “veremos qué efecto tiene”, ha indicado.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca, que suspendió la vista oral prevista para el 19 de diciembre al no haberse notificado la admisión a trámite de la demanda de desahucio a todas las exmonjas —quedaron sin notificar dos que residen en el convento de Orduña—, tiene que dirimir varios trámites antes de plantear una nueva fecha.
Según el abogado, el Arzobispado presentó una declinatoria de la competencia del juzgado tras admitir este a trámite la demanda presentada por la defensa de las exreligiosas contra el nombramiento de Mario Iceta como comisario pontificio, en defensa de la libertad religiosa y la separación de la Iglesia católica.
Por su parte, la defensa ha presentado un recuso de reposición contra el desahucio, y no sabe cómo se afectarán cada uno de los procesos entre sí, aunque ha recordado que han pedido suspender el juicio de desahucio por prejudicialidad civil al entender que la jueza debería resolver primero la demanda de las exreligiosas contra Iceta, que se interpuso en julio.
