El crimen organizado, en sus muy variadas formas, ha ido invadiendo más y más espacios. Cardenal Felipe Arizmendi : Otro país, sin violencia

El pasado miércoles 13 de octubre, Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo Emérito de San Cristóbal de las Casas en México, ha emitido una reflexión sentida respecto a la situación de violencia y crimen organizado que vive el país, y como esto se refleja en una realidad pastoral. 

El papa Francisco nombró a monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, cardenal de la Iglesia católica en octubre de 2020. Es su extensa y cercana experiencia pastoral con 55 años de servicio principalmente en comunidades campesinas, mineras, indígenas y urbanas, la que refleja con profunda preocupación ésta realidad que amenaza las vidas de los mexicanos sin distinciones sociales.

Según las cifras oficiales de los organismos gubernamentales, se acerca a los 100 mil homicidios cometidos a partir del 1 de diciembre de 2018, esto sumando los casos catalogados como feminicidio al día de hoy, en donde se puede encontrar en promedio 83.4 asesinatos al día promedio en Septiembre de 2021.

OTRO PAÍS, SIN VIOLENCIA

VER

El crimen organizado, en sus muy variadas formas, ha ido invadiendo más y más espacios. Pareciera que son ellos los que mandan y que el gobierno está rebasado y ausente. Me resisto a creer que haya un acuerdo entre las altas autoridades federales y los capos de los diversos grupos criminales, pues este sería el peor escenario de lo que nos pueda pasar.

Muchos ciudadanos se sienten indefensos e impotentes. No se atreven a hacer denuncias formales, por el peligro de muerte que les asecha si lo hacen. Tienen que someterse a las exigencias de narcotraficantes, extorsionadores, violadores, secuestradores, ladrones y asesinos. Las víctimas son no sólo los grandes empresarios y dueños de industrias y comercios, sino simples vendedores de mercados, dueños de pequeñas tiendas de abarrotes, de puestos de comida en la plaza, de autotransportes, de agricultores. Si no cumplen con el “cobro de piso” que arbitrariamente les imponen, les queman sus vehículos, sus comercios y restaurantes, sus casas, y los eliminan impunemente. ¡Cuántas personas han tenido que salir huyendo de sus domicilios y buscar refugio en otras partes, incluso emigrar fuera del país! ¿Dónde está la autoridad, que tiene la obligación constitucional de proteger a la ciudadanía? Ya no vale echar siempre la culpa a gobiernos anteriores, sino asumir su propia responsabilidad. ¿En quién podemos confiar y a quién podemos acudir?

Como jerarquía de la Iglesia, no podemos eximirnos de cuestionarnos en qué hemos fallado, pues muchos delincuentes se declaran creyentes y piden sacramentos para sus hijos. Tenemos que revisar nuestras celebraciones y predicaciones, las catequesis, nuestra relación con diversos sectores de la sociedad. Son pocos los grupos juveniles de nuestras parroquias, aparte de los coros parroquiales, con quienes logremos procesos de evangelización más kerigmática y con dimensión social. No vale culpar sólo al gobierno, sino asumir también nuestras responsabilidades pastorales.

PENSAR

El Papa Francisco, en su visita a nuestro país en febrero de 2016, dijo a las autoridades civiles: “Un futuro esperanzador se forja en un presente de hombres y mujeres justos, honestos, capaces de empeñarse en el bien común. La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. 

A los dirigentes de la vida social, cultural y política, les corresponde de modo especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino, en su familia y en todos los círculos en los que se desarrolla la sociabilidad humana, ayudándoles a un acceso efectivo a los bienes materiales y espirituales indispensables: vivienda adecuada, trabajo digno, alimento, justicia real, seguridad efectiva, un ambiente sano y de paz. 

Esto no es sólo un asunto de leyes que requieran de actualizaciones y mejoras —siempre necesarias—, sino de una urgente formación de la responsabilidad personal de cada uno, con pleno respeto del otro como corresponsable en la causa común de promover el desarrollo nacional. Es una tarea que involucra a todo el pueblo mexicano en las distintas instancias tanto públicas como privadas, tanto colectivas como individuales” (13 febrero 2016). 

Los obispos mexicanos, en el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033, decimos al respecto: 

“Lamentamos profundamente la desaparición y muerte de miles de jóvenes en los últimos tiempos, los feminicidios, verdaderos ríos de sangre nueva que han corrido por nuestros pueblos y ciudades; la situación de muchos de ellos envueltos en la violencia, el narcotráfico, la trata de personas, la falta de oportunidades, el desempleo, la migración y el descarte. Un país sin adolescentes y jóvenes sanos, humana y socialmente, es un país sin futuro” (51).

“Hoy vivimos situaciones que nos han rebasado en mucho y que son un verdadero calvario para personas, familias y comunidades enteras, en una espiral de dolor a la que por el momento no se le ve fin. Muchos pueblos en nuestro país experimentan constantemente la inseguridad, el miedo, el abandono de sus hogares y una completa orfandad por parte de quienes tienen la obligación de proteger sus vidas y cuidar sus bienes. Tal parece que esta situación de violencia ha rebasado a las autoridades en muchas partes del país, los grupos delincuenciales se han establecido como verdaderos dueños y señores de espacios y cotos de poder y, debido a la furia y a la capacidad de terror de muchos de ellos, han puesto a prueba la fuerza de la ley y del orden. Son muchos los sufrimientos que a causa de la violencia a lo largo de estos últimos años se han ido acumulando en las familias del pueblo mexicano” (56).

ACTUAR

Ante la situación de tanta violencia que se vive en el país, los obispos hicimos la opción por una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales, con estos compromisos: 

1. Incorporar la Doctrina Social de la Iglesia como un eje transversal en la formación de los agentes de pastoral, en las catequesis ordinarias y pre-sacramentales de todos los fieles cristianos.

2. Impulsar y reconstruir el sentido comunitario de nuestras comunidades, para que toda persona se involucre y participe en las causas sociales de la sociedad.

3. Dialogar y colaborar con la sociedad civil y con los organismos nacionales e internacionales para construir la paz.

4. Apoyar y acompañar las causas indígenas en el cuidado y protección de sus riquezas naturales, de su territorio y su cultura.

5. Apoyar la fundación de centros de Derechos Humanos en las comunidades cristianas, de manera que se fortalezca el Estado de derecho en nuestro país.

6. Recibir con caridad, acompañar, defender los derechos e integrar a los hermanos y hermanas migrantes que transiten o deseen permanecer con nosotros.

7. Fomentar el sentido de responsabilidad civil de los ciudadanos.

Hicimos, entre otros, estos compromisos con los jóvenes:

Promover iniciativas de educación y desarrollo humano integral de los adolescentes y jóvenes en nuestras parroquias, en espacios donde se sientan atendidos y acompañados, con el esfuerzo y la participación de los mismos jóvenes y de las familias. Realizar proyectos pastorales encaminados a acompañar y ayudar a los jóvenes en riesgo de: violencia, narcotráfico, prostitución, trata de personas, etc., con ambientes más sanos que les ayude a desarrollar su espíritu juvenil.

Asumamos cada quien lo que nos toca, para combatir la violencia no con más violencia, sino con una evangelización y una pastoral que incida en las realidades que vive el pueblo.