La justicia en Chile está sumergida en una situación crítica. En los últimos meses, se pueden señalar varios casos que han sacudido la confianza pública en el sistema judicial y se han transformado en lo que la prensa política llama “emblemáticos”.

Por un lado, se trata de los audios de un afamado abogado de Santiago, Luis Hermosilla, y por el otro, de la criminalización de la pobreza en la pequeña ciudad de Freirina, ubicada a 700 kms al norte de la capital.

Ambos, exponen una fractura ética profunda en la administración de justicia, y colocan a la jerarquía de la Iglesia chilena ante un espejo moral: defender a los más vulnerables o mantener silencio frente a la desigualdad. Hasta ahora, el tono no ha sido para incomodar a nadie y en consecuencia, pasa inadvertida.

El “caso Hermosilla” ha permitido al periodismo independiente, publicar audios y mensajes de WhatsApp que muestran conversaciones en las que el abogado Luis Hermosilla y sus colaboradores discuten cómo influir en decisiones judiciales a favor de sus clientes poderosos, burlando las reglas y utilizando su influencia para alterar la justicia.

La Corte Suprema ha abierto un expediente de destitución de una de sus ministras involucradas porque ya tiene evidencias de la manipulación de jueces, el tráfico de influencias con un descarado intercambio de favores plantean una pregunta inquietante. Probablemente sea destituida y acusada constitucionalmente en el Congreso junto a otros ministros.

Al caso de Hermosilla se suman en los últimos meses otros “emblemáticos”.

Uno es el caso de una banda de narcotraficantes, cuyos imputados -pese a las contundentes pruebas- fueron liberados tras el pago de una fianza por el equivalente a 2 mil euros que pagaron sin problema.

El “caso de Eduardo Macaya”, quien fue sentenciado a seis años de prisión por abuso de menores, tuvo un proceso plagado de beneficios. Él es padre de un activo senador de la UDI, que ha sacudido a toda la derecha.

En contraste, en Freirina, dos trabajadoras de un centro de infantes enfrentan el peso total de la ley por haber hurtado panes añejos que iban a ser descartados. Ellas negaron su responsabilidad en el robo, señaló un medio local, y autoridades han reconocido que las mujeres desconocían la citación a la audiencia, y aun así fueron encarceladas.

En un contexto de necesidad, la comisión de este delito ha sido tratado con una dureza desmedida pues ellas, procesalmente hablando, fueron enviadas a la cárcel por oponerse a pagar la multa de casi 60 euros que le fijó el tribunal. Al cierre de esta nota, y luego de un encierro de cuatro días, ellas permanecían en la cárcel de la vecina ciudad de Vallenar, distante a 34 km.

Ante esta realidad, la Iglesia chilena enfrenta un desafío ético ineludible pues las desigualdades judiciales son tan evidentes, que si cae en el silencio “hasta las piedras hablarían”.

Así, las celebraciones de los te deum (18 y 19 de septiembre), la liturgia que la Iglesia invita para agradecer por la independencia de Chile obtenida hace más de 200 años, se presentan como una oportunidad para que los obispos reflexionen y hablen sobre la crisis de justicia en el país, denunciando un sistema que trata con indulgencia a los poderosos y con severidad a los vulnerables.

Si la Iglesia calla en estos temas tan sensibles para la ciudadanía, seguirá sumergida en su crisis de credibilidad que ya lleva casi 20 años por los abusos eclesiásticos y sus encubrimientos.