“Los hechos de corrupción, tráfico de influencias, fraudes, mal uso de información privilegiada, malversación de fondos públicos y delitos económicos que se vienen conociendo en los últimos años, son motivo de honda preocupación para la inmensa mayoría del país”, señala en una declaración el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECH).

En su declaración, la CECH subraya que los pobres son los más perjudicados por estas conductas inmorales, condenando enérgicamente dichas prácticas,  las cuales han salido a la opinión pública por casos judiciales relevantes e investigaciones periodísticas.

Uno de estos es el reciente escándalo relacionado con el abogado Luis Hermosilla, donde se filtraron unos audios de conversaciones que revelaron una compleja trama de corrupción que involucra a sectores de la élite chilena.

Estos hechos, que sacuden al país, no solo ponen en evidencia los abusos de poder en las altas esferas, sino que también resaltan la profunda fractura moral que corroe los cimientos de la vida política y social. La CECH hace eco de la indignación ciudadana, señalando que este tipo de situaciones destruyen los vínculos de solidaridad y fomentan un ambiente de relativismo moral.

El Comité Permanente de la CECH, encabezado por el arzobispo René Rebolledo, resalta la necesidad de una fuerte condena social ante estos hechos y un accionar rápido y transparente por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia. En su mensaje, recalcan que la corrupción en las esferas públicas no solo afecta a los directamente involucrados, sino que genera una crisis ética de proporciones, cuyas repercusiones se sienten especialmente entre los más vulnerables de la sociedad.

"La corrupción vulnera gravemente la justicia social", señala el comunicado, subrayando que este fenómeno está deteriorando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y generando un desprestigio de la vida política. El mensaje de la Iglesia es claro: es urgente restaurar los valores éticos en la administración pública y recuperar el sentido del bien común, colocando a los más pobres en el centro de cualquier esfuerzo por corregir el rumbo del país.

En un contexto donde los escándalos no dejan de multiplicarse, la CECH alerta sobre el peligro de que la corrupción afecte también al poder judicial, donde el caso de la ministra Angela Vivanco ha puesto en riesgo una institución clave para la preservación de la democracia. La imparcialidad y la transparencia, según la Iglesia, deben ser principios inquebrantables para garantizar que aquellos en el poder rindan cuentas por sus acciones.

El comunicado de la Iglesia no solo llama a las autoridades a actuar, sino también a la ciudadanía. Según la CECH, "todos debemos reaccionar adecuadamente ante estos males", y se requiere de un esfuerzo colectivo para frenar la expansión de estos gérmenes corrosivos que amenazan con desintegrar los lazos de confianza y convivencia social.

La corrupción, según la Iglesia, no solo es un delito económico, sino una profunda herida moral que afecta el tejido social. Las élites políticas y económicas, que deberían ser un ejemplo de probidad, han fallado gravemente, generando un estado de crispación que fomenta el egoísmo y debilita la cohesión comunitaria.

Finalmente, la CECH pide a Dios fortaleza y sabiduría para todos aquellos que luchan por la justicia, exhortando a que las acciones de todos estén guiadas por el amor a Dios y al prójimo, especialmente en la protección de los más desvalidos. Solo así, afirma la Iglesia, Chile podrá superar esta crisis y construir una sociedad más justa y solidaria.

El texto completo de la declaración es el siguiente:

ANTE EL MAL EXTENDIDO DE LA CORRUPCIÓN

1. Los hechos de corrupción, tráfico de influencias, fraudes, mal uso de información privilegiada, malversación de fondos públicos y delitos económicos que se vienen conociendo en los últimos años, son motivo de honda preocupación para la inmensa mayoría del país. En ellos están involucradas personas de distintos ámbitos, pero resultan especialmente graves cuando se refieren a autoridades públicas y a organismos del Estado, que por su naturaleza están al servicio del bien común, especialmente de las personas vulnerables. Los pobres son los grandes perjudicados con estas conductas y ello debe ser motivo de una fuerte condena social. Más allá de lo que la justicia decida, estos hechos expresan una crisis ética de proporciones y requieren de una actuación fuerte y decidida por parte de los órganos llamados a juzgar, de los cuales se espera celeridad, objetividad y transparencia; como así mismo, el respeto a la honra de las personas, particularmente al dar a conocer informaciones.
2. Como sociedad debemos ser conscientes que estos procesos de corrupción vulneran muy gravemente la justicia social y son motivo de un aumento cada vez más significativo de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones esenciales del país y en un desprestigio de la vida política, social y económica. Así mismo, destruyen los vínculos de solidaridad entre las personas y fomentan el relativismo moral que hace perder el sentido de comunidad, de pertenencia a una misma sociedad y, al final, da lugar al egoísmo como regla esencial del actuar humano.
3. Es particularmente grave que estos acontecimientos afecten, en muchos casos a los órganos públicos y a sus funcionarios, o a particulares que colaboran en la aplicación de políticas en bien de los más desprotegidos. “Porque la administración pública, a cualquier nivel —nacional, regional, municipal— como instrumento del Estado, tiene como finalidad servir a los ciudadanos: El Estado, al servicio de los ciudadanos, es el gestor de los bienes del pueblo, que debe administrar en vista del bien común” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 411). Motivo de especial gravedad es que la corrupción afecte aquel poder del Estado, llamado a dirimir las controversias, como es el caso del ámbito judicial.
4. Los hechos que comentamos afectan indefectiblemente a nuestro sistema democrático, que en vez de verse asegurado por una auténtica imparcialidad para promover a los cargos de conducción del Estado a los mejor preparados, se va transformando en un verdadero sistema de influencias, que compromete su correcto y justo funcionamiento.
5. El sustrato más esencial del proceso que venimos viviendo en este ámbito es de orden moral, es decir de conductas no solo posiblemente delictivas, sino éticamente reprochables, en las que el uso de la autoridad se convierte en abuso de poder y que genera una escalada de realidades que afectan a todos los ciudadanos y van haciendo crecer un estado de crispación social y cansancio, que termina por justificar las propias conductas abusivas e inmorales, no solo de los poderosos, sino de las personas comunes.
6. Todos debemos reaccionar adecuadamente ante estos males, cuyos gérmenes tienden siempre a extenderse. Pero ello es particularmente exigible a los órganos públicos llamados a investigar y sancionar estas conductas, que deben adoptar decisiones drásticas y eficaces, que permitan recuperar la confianza pública perdida. Es necesario adoptar políticas que conduzcan a poner en el centro de nuestros comportamientos la honradez, el respeto a los bienes ajenos, no sólo los materiales necesarios para una vida digna, sino también otros intangibles pero reales, especialmente los espirituales; que necesitamos para el bienestar al que todos tenemos derecho.
7. Pedimos a Dios, Padre de todos, que nos conceda la fortaleza y sabiduría para preservar a nuestro país como un lugar donde no haya espacio para ningún tipo de abusos y en el que los bienes del amor a Dios y al prójimo, regla esencial de nuestro comportamiento, guíen siempre nuestras actuaciones.

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

+ René Rebolledo Salinas Arzobispo de La Serena Presidente
+ Ignacio Ducasse Medina Arzobispo de Antofagasta Vicepresidente
+ Juan Ignacio González Errázuriz Obispo de San Bernardo
+ Fernando Chomali Garib Arzobispo de Santiago y
+ Sergio Pérez de Arce Arriagada, ss.cc. Arzobispo de Concepción Secretario General.