CONFER sí lo hará, según ha afirmado en una comparecencia en el Congreso Gabilondo confirma que los obispos no colaborarán con la comisión del Defensor del Pueblo
“Si la Iglesia católica participaba explícitamente en el proceso, asesorando junto a otros expertos, el informe resultaría más fecundo y podría tener más alcance, algo que otras personas consultadas ponían en cuestión”, explicitó Gabilondo ante los representantes de las formaciones políticas"
Gabilondo confirmó que había tenido también conversaciones con el presidente de la Confer y que “Jesús Díaz Sariego ha mostrado la voluntad de colaborar y ha señalado que ‘estamos a la espera, en colaboración con la Conferencia Episcopal Española, de lo que el Defensor del Pueblo pueda solicitarnos”
Ángel Gabilondo ha afirmado que la institución asume la encomienda “sin ningún apriorismo y con una gran oportunidad de estudiar a fondo qué ha sucedido”. Según ha explicado, su objetivo es “recabar en un informe propuestas, medidas, cambios e iniciativas que logren resarcir a las víctimas e impedir que algo así vuelva a suceder”
Para el Defensor del Pueblo, “ningún país puede quedarse paralizado o avanzar sin reflexionar sobre cómo se ha tratado a sus menores, ni ninguna institución ni pública ni privada puede mirar a otro lado si ha tenido conocimiento de tan graves situaciones”
Ángel Gabilondo ha afirmado que la institución asume la encomienda “sin ningún apriorismo y con una gran oportunidad de estudiar a fondo qué ha sucedido”. Según ha explicado, su objetivo es “recabar en un informe propuestas, medidas, cambios e iniciativas que logren resarcir a las víctimas e impedir que algo así vuelva a suceder”
Para el Defensor del Pueblo, “ningún país puede quedarse paralizado o avanzar sin reflexionar sobre cómo se ha tratado a sus menores, ni ninguna institución ni pública ni privada puede mirar a otro lado si ha tenido conocimiento de tan graves situaciones”
Los obispos españoles no participarán en los trabajos de la comisión que el Congreso de los Diputados encargó el pasado 10 de marzo al Defensor de Pueblo, según ha confirmado este en una comparecencia a petición propia para dar cuenta de los trabajos desarrollados al respecto en estos tres meses.
“Si la Iglesia católica participaba explícitamente en el proceso, asesorando junto a otros expertos, el informe resultaría más fecundo y podría tener más alcance, algo que otras personas consultadas ponían en cuestión”, explicitó Gabilondo ante los representantes de las formaciones políticas.
Conversaciones con Argüello y Omella
Sin embargo, añadió, “tras una serie de conversaciones con Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, y luego con su presidente, el cardenal Juan José Omella, la Iglesia Católica desestimó formar parte de la comisión asesora, señalando que la Iglesia colaboraría siempre dentro de la ley”.
🔴 #EnDirecto La Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo acoge la comparecencia del Defensor del Pueblo para informar sobre el trabajo relacionado con un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. https://t.co/1u4syLnvxT
— Congreso (@Congreso_Es) June 20, 2022
Gabilondo confirmó, asimismo, que había tenido también conversaciones con el presidente de la Confer y que “Jesús Díaz Sariego ha mostrado la voluntad de colaborar y ha señalado que ‘estamos a la espera, en colaboración con la Conferencia Episcopal Española, de lo que el Defensor del Pueblo pueda solicitarnos”, añadiendo un tanto enigmáticamente que “también nosotros estamos a la espera…”.
Rigor, seriedad, determinación
Gabilondo, que compareció a petición propia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, confirmó también el nombre de los veinte miembros de la citada comisión, 17 de ellos externos a la institución, entre ellos, varios vinculados a la Iglesia católica, como algunos docentes o el coordinador de Repara, la oficina antiabusos del arzobispado de Madrid.
Durante su intervención en el Congreso, Gabilondo ha asegurado que la institución va a trabajar “con rigor, con seriedad, con determinación y con responsabilidad”. Así, el Defensor del Pueblo ha destacado que la encomienda aprobada por el Congreso de los Diputados, con una amplia mayoría, “es una llamada a la sociedad y a las instituciones, desde el dolor y la experiencia de las víctimas y de quienes vienen acompañándolas”.
Ángel Gabilondo ha afirmado que la institución asume la encomienda “sin ningún apriorismo y con una gran oportunidad de estudiar a fondo qué ha sucedido”. Según ha explicado, su objetivo es “recabar en un informe propuestas, medidas, cambios e iniciativas que logren resarcir a las víctimas e impedir que algo así vuelva a suceder”. A su juicio, “ningún país puede quedarse paralizado o avanzar sin reflexionar sobre cómo se ha tratado a sus menores, ni ninguna institución ni pública ni privada puede mirar a otro lado si ha tenido conocimiento de tan graves situaciones”.
Tres ámbitos de actuación
Para llevar a cabo la encomienda, el Defensor ha apuntado tres ámbitos de actuación en los que trabajar: una Comisión Asesora de expertos, un Foro de Dialogo con las asociaciones de víctimas, como adelantó esta mañana RD, y una Unidad Técnica de atención de las víctimas y de apoyo a la investigación. Su tarea será “determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder”.
La Comisión Asesora está formada por 20 personas, de las cuales 17 son asesores externos que pertenecen al ámbito profesional o académico con experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos jurídicos y en victimología; el Foro de Asociaciones será el espacio en el que los representantes de las asociaciones de víctimas que lo deseen aporten su experiencia y posiciones a través de diferentes sesiones de trabajo; la Unidad Técnica de trabajo para la atención a las víctimas será un espacio de investigación que contará con un coordinador de equipo que tendrá funciones de apoyo a las labores de la Comisión y que estará compuesta fundamentalmente por psicólogos, criminólogos y abogados que atenderán y escucharán a las víctimas que acudan a exponer su testimonio, y realizarán los estudios que contribuyan a conocer la realidad de los abusos sexuales relacionados con la Iglesia católica y que estará operativa, igualmente, a principios del mes de julio.
Miembros de la Comisión Asesora
Se trata de las siguientes personas, mencionadas por orden alfabético:
Xabier Arzoz Santisteban, Catedrático de Derecho Administrativo de la UNED y titular de la cátedra Jean Monnet Integration through EU Fundamental Rights. Ha sido
Letrado del Tribunal Constitucional.
Olga Belmonte García, Profesora de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Autora de Víctimas e ilesos. Ensayo sobre la resistencia ética.
Letizia De la Hoz, Abogada del Colegio de Gijón y abogada rotal por la Nunciatura Apostólica. Miembro de Justice Initiative - European Response to child abuse cases.
Miguel García-Baró López, Miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Catedrático de Filosofía de la Universidad Pontificia Comillas. Coordinador del Proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid.
Juan Carlos González Martín, Licenciado en Derecho y Filosofía. Miembro de Eshma, organización para el acompañamiento a supervivientes de abusos sexuales, ha asesorado a instituciones religiosas en la implantación de entornos seguros, protocolos y políticas institucionales de prevención.
Araceli Medrano Samaniego, Psicoterapeuta especializada en víctimas de abusos sexuales y víctimas de violencia de género. Doctora en Psicología por la Universidad del País Vasco y Profesora del Master en Intervención y Mediación Familiar de la Universidad de Deusto.
Lourdes Menacho Vega, Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. Título de Experto Universitario en Acción Socioeducativa con Infancia, Adolescencia y Juventud en Acogimiento Residencial por la Universidad de Málaga.
Paula Merelo Romojaro, autora del libro Adultos vulnerados en la Iglesia. Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de enseñanza secundaria.
María Elena Olmos Ortega, Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado y Secretaria General de la Universitat de València. Doctora en Derecho por la Universitat de València y Licenciada en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ex Presidenta de la Asociación Española de Canonistas.
Noemí Pereda, Profesora Titular de Victimología en la Universidad de Barcelona y Directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de dicha Universidad. Experta asesora de la Oficina Regional Europea de la OMS en el estudio de violencia contra la infancia en España.
María Jesús Raimundo, Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Ha sido también Letrada en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
Julián Carlos Ríos, Profesor de Derecho Penal en la Universidad Pontificia Comillas. Criminólogo. Abogado penalista y mediador en procesos de justicia restaurativa en delitos de terrorismo y en abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.
Alejandro Saiz Arnaiz, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Fue juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y miembro del Consejo de Administración de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA).
Josep María Tamarit, Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y Catedrático de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya y en la Universitat de Lleida. Investigador principal de proyectos relacionados con abusos sexuales en instituciones religiosas. Coordinador y coautor de Abusos sexuales en la Iglesia Católica: análisis del problema y de la respuesta jurídica e institucional.
Gema Varona, Profesora de Victimología y Política Criminal en la Universidad del PaísVasco y codirectora del Postgrado “Trabajar con Víctimas de Experiencias Traumáticas” de esta Universidad. Doctora en Derecho, diplomada en Criminología y Máster en Sociología Jurídica. Miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Mundial de Victimología.
María Vilches Fernández, Fiscal y Letrada de Igualdad y Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido también asesora del Ministerio de Justicia.
Ana Laura Zugaza Aizpuru, Diplomada en Magisterio y Licenciada en Psicología y en Teología. Profesora del IES Bertendona de Bilbao, ha dedicado su vida a la educación. Ha sido miembro del Consejo Diocesano de Bilbao. Miembro de la Asociación de Teólogas Españolas.
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