He oído por radio que la Delegación del Gobierno recomendó al arzobispo de Madrid, Card Antonio Mª Rouco que, ante las amenazas violentas de algunos grupos, omitiera su programada intervención en la Universidad. Si los hechos fueron así, es una pena para una sociedad que se precie de ser moderna y abrirse al pluralismo. En cualquier caso la noticia tal como la interpreté, da pie para breves reflexiones.

Es posible que algunos añoren todavía “la situación de cristiandad” que fue normal durante mucho tiempo en la sociedad española. Pero hace ya varias décadas que la Conferencia Episcopal exigió - no está siendo fácil-la separación del Estado defendiendo “la independencia y sana colaboración”. Hoy esta Iglesia oficialmente reconoce la aconfesionalidad estatal que no significa desentendimiento ni mucho menos agresión contra el hecho religioso. Tener creencias religiosas o no tenerlas, practicar una religión, varias o ninguna, es un derecho fundamental de los ciudadanos que los Gobiernos de cualquier signo político deben garantizar en el marco siempre del orden público.

En una sociedad plural a nadie se le debe negar la libertad religiosa y la libertad de expresión, siempre que se respete y no se cometa injuria contra la libertad de los otros. Nadie tiene la verdad en exclusiva, y todos debemos caminar hacia la verdad completa en la tolerancia, en la escucha y en la búsqueda paciente. Uno puede tener mentalidad liberal o conservadora, una ideología u otra, pero la verdad no se impone por la fuerza y la exclusión de quien no piensa como nosotros, sino por la oferta humilde y el diálogo sincero. Es la orientación que asumió y propuso la Iglesia en el Vaticano II celebrado a mediados del siglo pasado.

Y en esa orientación vuelvo sobre la presencia pública de la Iglesia Católica en la sociedad española. Pienso que hoy la jerarquía eclesiástica y la mayoría de los católicos -admito que haya reticentes- no aceptan en teoría, ni en la práctica pretenden, la tutela de la Iglesia en las distintas esferas de la organización social, el monopolio de la misma en el ámbito religioso, ni que sea la única instancia ética. Pero no es tolerable la obsesión agresiva de quienes se obcecan en que la Iglesia pase del monopolio al expolio. Esa manía obsesiva directamente atenta contra la salud de una sociedad democrática y plural.