Los obispos ofrecen su radiografía de la pederastia eclesial y proponen una hoja de ruta Los Informes sobre la pederastia eclesial en España: “Para dar luz II” de la Conferencia Episcopal Española (III)

Como he indicado más arriba, a la par que el 21 de diciembre de 2023 se publica la Auditoría, popularmente denominada Cremades, el mismo día, la Conferencia Episcopal Española da a conocer otro Informe -continuación del fechado el 31 de mayo de 2023 y publicado en junio- titulado “Para dar luz II” (1039 páginas). 

Equipo interdisciplinar

En dicho Informe -realizado por un equipo interdisciplinar de la Conferencia Episcopal Española- se cuantifican los casos, los obispos ofrecen su radiografía de la pederastia eclesial y proponen una hoja de ruta, indicando la existencia de otro volumen, que no se publicará, en el que se recogen todos y cada uno de los casos registrados hasta la fecha a partir de los “datos facilitados por diversos organismos de la Conferencia Episcopal Española: el Servicio de Asesoramiento a las Oficinas de protección de menores y prevención de abusos; los casos conocidos en las Oficinas diocesanas; la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales; la Oficina de Estadística y Sociología y la Oficina de Transparencia. 

También se ha contado, indican en otra ocasión, con los datos facilitados por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo e instituciones y poderes públicos del Estado (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior, Defensor del Pueblo, el Instituto Nacional de Estadística y la Administración de Comunidades Autónomas como el Gobierno de Navarra). Y, por supuesto, con las aportaciones de organizaciones civiles o sociales especializadas o no lucrativas (como “Save the Children” o la Fundación ANAR) o con datos facilitados por ciertos medios de comunicación social (como el diario El País)” y “diversas investigaciones sociológicas realizadas en el ámbito académico sobre los abusos sexuales”.

Información no debidamente contrastada

A continuación, los redactores de “Para dar luz II” sostienen críticamente que la comparación de los datos facilitados por el diario “El País”, el Defensor del Pueblo o el despacho Cremades & Calvo-Sotelo permite sostener -como muy probable- “la existencia de casos que se han incorporado a los mismos, dos, tres o incluso cuatro veces”. 

Y adelanta una valoración que va a desarrollar más adelante y que, a la par, abre (o, mejor dicho, sigue alimentando una polémica): “en el caso del diario ‘El País’, en los últimos tiempos, se ha puesto de manifiesto que su sistema de recogida de información no ofrece garantías suficientes para algo tan delicado como la violencia sexual contra menores, optando por recoger toda la información recibida sin cuestionar la misma. Conocer cada caso, es conocer cada persona, cada historia, cada sufrimiento, y este ha sido el empeño del informe Para dar luz”.

“Casos probados”

A diferencia de este modo de proceder, en la redacción de “Para dar luz  II” se parte de una ficha en la que se detalla si la denuncia está probada; no probada, pero resulta verosímil; no probada; excluida del ámbito del estudio; en curso de investigación; si es una denuncia falsa o está manifiestamente infundada. 

Por tanto, nada que ver con el modo de proceder de “El País”; nada que ver con el criterio seguido por la Auditoría Cremades & Calvo-Sotelo de limitarse a recoger las denuncias y ofrecer una estimación. Y, por supuesto, menos que ver todavía con las extrapolaciones a las que se viene prestando el sondeo demoscópico recogido en el Informe del Defensor del Pueblo.

La pederastia eclesial es, comparativamente, “cuasi residual”

Éstas muy importantes aclaraciones no han de ocultar que el presente Informe comparte con los restantes la necesidad de contar con un diagnóstico riguroso que permita fijar una hoja de ruta en la erradicación de la pederastia. 

Y tampoco han de ocultar una evidencia, también compartida, aunque desigualmente resaltada en los otros dos Informes y que en el presente va ser recordada en reiteradas ocasiones: la investigación realizada “de los datos que existen sobre los abusos sexuales en la Iglesia desde que se tiene noticia de ellos hasta nuestros días” permite sostener que “los abusos sexuales de menores en España se producen fundamentalmente en el ámbito familiar y en menor medida en entornos de confianza ajenos a la familia”. 

Más en concreto: “los casos que acontecen en el ámbito de la Iglesia en España son muy escasos desde la perspectiva estricta de la proporción en relación con los registrados en el conjunto de la sociedad”.  En otra ocasión dirán -como recogeré más adelante- que es “cuasi residual”.

Obviamente, se indica a continuación, tal evidencia no implica “restar un ápice de importancia a los casos de abusos sexuales de menores habidos en la Iglesia”, ni diluye “el reconocimiento del grave daño inferido por quienes han cometido tan graves delitos” ni, por supuesto, anula “la adopción de las medidas necesarias de sanación y reconciliación con las víctimas”. Pero, tampoco, se puede perder de vista y, todavía menos, ocultar.

Como se puede apreciar, en este punto y -como expondré más adelante- en otros, la diferencia con la Auditoría de Cremades & Calvo-Sotelo es total.

Así pues, una vez fijada la diferenciada perspectiva analítica asumida por unos y por otros y, de manera particular, por los redactores de “Para hacer luz II”, ¿qué puntos me llaman la atención de este Informe y de su abordaje de la pederastia eclesial, así como de las recomendaciones que formulan? Tres, en concreto.

Las extrapolaciones “carecen del mínimo rigor exigible”

El primero de todos -compartido con Cremades & Calvo Sotelo, con el Informe MHG de la Iglesia alemana y con el realizado por la Universidad de Zúrich para la Iglesia de Suiza-: “la huida de la utilización de la técnica de los sondeos, las extrapolaciones y las proyecciones estadísticas”, por resultar “a todas luces inapropiado para cumplir debidamente los fines que se propone la Iglesia, a fuer de carecer del mínimo rigor exigible y deseable en una tarea de la índole y la trascendencia de esta”. Por tanto, indagación directa de cada caso; nada de sondeos sociológicos y, menos, de extrapolaciones; y, en referencia a la Auditoría de Cremades & Calvo-Sotelo, tampoco “estimaciones”.

Las cifras

El segundo que me llama la atención -y mucho- es que los redactores de “Para dar luz II” informan de que -como resultado del cruce de datos, realizado tal y como se ha indicado- tienen registrados 806 casos, 413 en diócesis y provincias eclesiásticas, 369 en institutos religiosos, 13 en el seno del Opus Dei y un caso en institutos seculares. De todos ellos, 205 estarían probados completamente, lo que no significa que el resto se den por nulos. De hecho, en este Informe solo se reconocen tres casos falsos, indicando que el inventado por un miembro del Opus Dei, con la intención de cuestionar la credibilidad del Informe del Defensor del Pueblo y de “El País”, aparece como “no probado”. 

En declaraciones realizadas a la revista “Vida Nueva” por fuentes de la Conferencia Episcopal se explica que el hecho de que estén registradas 806 denuncias “no significa que sea ese el número de víctimas real ni queremos caer en la trampa de ver que solo damos por cierto esos casos”. “Son más, pero no queremos entrar en una guerra de cifras: mostramos lo que hemos verificado, sin más”. Por tanto, la cuestión de las cifras no está cerrada ya que puede haber víctimas que “no quieren contar su caso”.

Estas cifras, recuerdan los redactores del Informe, no anulan la posibilidad “como es obvio, de que no puedan existir más casos, como más delitos de los formalmente constatados se cometen siempre en la sociedad. Ahora bien, en este informe se pretende, por un lado, aplicar criterios rigurosos a la hora de evaluar los casos realmente probados; y, por otro distanciarse de planteamientos poco rigurosos que fundamentan la cifra de casos no identificados sobre la base de extrapolaciones y proyecciones estadísticas”.

Desmarques

Y abundando en la crítica a “El País”, recuerdan que este medio de comunicación “ha entregado en la Conferencia Episcopal cuatro dosieres, el último de ellos en junio de 2023, con un total de 704 testimonios de personas que acusan a un total de 545 sacerdotes, religiosos y seglares de instituciones eclesiásticas. El número de víctimas contabilizado en estos informes es de, al menos, 717. Los informes se elaboran a partir de testimonios ofrecidos por víctimas o testigos del abuso. No obstante, recientes informaciones han puesto en duda el rigor de la información publicada y el procedimiento de investigación realizado sobre cada testimonio recibido”. 

Particularmente crítico es también con los datos facilitados por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo. Los redactores de “Para dar luz II” indican que un análisis detenido de los casos tendría que haberlos llevado a sostener que el número total de denuncias -con arreglo a la metodología por ellos mismos empleada- en realidad asciende a 1.302, es decir 81 menos. Además, es muy probable que -al haber añadido las 305 denuncias recibidas desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe a las ya comunicadas por las diócesis y congregaciones- “esas denuncias están duplicadas" ya que desde 2001 las denuncias recibidas en diócesis y congregaciones se comunican a dicho Dicasterio. Su estimación o deducción de 2.056 víctimas  a partir de las denuncias tenidas en cuenta por ellos, no es correcta. Y no lo es porque resulta de recopilar “los casos aparecidos en estudios previos, sin realizar un estudio en profundidad de los mismos”.

Otra es la valoración de las cifras presentadas por el Defensor del Pueblo quien de las 487 denuncias recogidas (118 ante la Institución y las demás ya incluidas en otros informes), considera que 373 son relevantes.

Un problema, sobre todo, social

La conclusión del Informe de la CEE sobre los datos no admite dudas: se puede afirmar que los casos de abusos sexual en la Iglesia “no superan el millar”, siendo, comparativamente con los acaecidos fuera de ella, “cuasi residual”. 

“La realidad de los abusos sexuales contra menores -volverán a recordar los redactores en el séptimo punto de “una reflexión  final”- no es un problema exclusivo de la Iglesia. Las cifras aportadas en este informe y las que derivan de los diversos informes publicados por otras instituciones hacen ver que estamos ante uno de los problemas más graves que afronta nuestra sociedad y que, tristemente hoy, sigue estando oculto. No obstante, la Iglesia quiere aportar su triste experiencia a la sociedad, a todos aquellos empeñados en el bien común también de los menores y de las personas vulnerables”

Como es de sobra sabido, volverán a recordar, siempre a continuación, la evidencia anterior “no puede llevar nunca ni a desconocer el problema y sus implicaciones, ni a dejar de asumir frontalmente en el seno de la propia Iglesia la responsabilidad de investigar, enjuiciar y en su caso sancionar los casos probados, adoptar las medidas de escucha, asistencia y reparación del mal causado a las víctimas de los abusos cometidos, y arbitrar los medios para prevenir los riesgos y detectar los casos que puedan eventualmente producirse a partir de ahora”. 

Y así ha de ser “porque la Iglesia tiene una responsabilidad especial, que deriva de ser una referencia moral para la comunidad de los creyentes, pero también para los que no lo son, que demanda firmeza, congruencia y ejemplaridad, al tiempo que un nivel de autoexigencia mayor que cualquier persona o institución humana”.

Recomendaciones y sugerencias aceptadas y rechazadas

Y me llama la atención, en tercer lugar, que haga suyas -al menos, formalmente- las recomendaciones y sugerencias tanto del Defensor del Pueblo como del Informe Cremades y que, después de valorarlas, tracen su propia ruta de actuación a partir de ahora, destacando, sobre todo, la necesidad de mejorar el proceso de selección y formación de los aspirantes al sacerdocio o dotar de más recursos a las oficinas de atención a las víctimas para que sean algo más que una mera ventanilla de denuncia. 

Merece un comentario aparte su decisión de no crear  un  fondo de reparación, sin, por ello, descuidar el abordaje de una reparación integral, tal y como se había aprobado en la Asamblea Plenaria de otoño de la CEE, celebrada a finales de noviembre de 2023. 

Con sus palabras: “en relación con la cuestión largamente suscitada y demandada desde ciertos sectores acerca de la previsión de un fondo de contingencias dotado de recursos económicos suficientes para contribuir al sostenimiento de las reparaciones materiales por daños derivados de abusos producidos en el seno de la Iglesia, cabe señalar” que “en el caso de la Iglesia en España, no se aprecian razones suficientemente fundadas que deban conducir inexorablemente a la necesaria creación de fondos dotados de recursos para afrontar las contingencias derivadas de la reparación entendida en sentido material de los daños por abusos”. 

Por ello, no se recomienda la creación de tal fondo económico de contingencias, sino estudiar y preparar “un sistema de valoración de daños personales, a modo de baremo, para su aplicación en los casos de reconocimiento de indemnizaciones y compensaciones económicas por daños derivados de abusos sexuales en el seno de la Iglesia”.

Y, para acabar, conviene tener presente la conclusión de este Informe, recuperada de la Introducción: “Este informe no es definitivo” porque se trata de “un informe vivo, el más completo de los existentes y, por ser un informe vivo, tiene vocación de seguir incorporando todos los datos relevantes en esta cuestión para ofrecer esta información a los miembros de la Iglesia y a la sociedad”. Ello quiere decir que se irá actualizando “constantemente en sus contenidos con la incorporación de nuevos datos, protocolos, textos y aportaciones de las instituciones eclesiales”.