Un letrado de la Generalitat Valenciana tuvo que hacer el informe final, que debió corresponderle a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, incursa como partícipe a título lucrativo en concepto de responsabilidad civil en el procedimiento por el saqueo de las arcas de Canal 9 RTVV con la excusa del alquiler de macro pantallas y megafonía para la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, que costó 7,4 millones de euros, de los que 3,5 millones de beneficio fueron para miembros del clan Gürtel, al haber desaparecido legalmente la Fundación.

Explicó el letrado de la Generalitat Valenciana, dado que la Fundación -impulsada por el Arzobispado de Valencia en tiempos de García Gasco- desapareció en marzo de 2014, en que fue liquidada y extinguida, asumiendo la Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana los derechos y obligaciones, las deudas, y subrogándose en todas las obligaciones de pago. Cuando la Fundación fue llamada al proceso no existía ya.

Pocos meses antes, en noviembre de 2013, Canal 9 RTVV también había ido liquidada y en 2018 la Generalitat asumió el global de activos y pasivos de Canal 9 RTVV, se quedaba con sus derechos y obligaciones. De manera muy gráfica, de forma muy clarividente, breve pero muy pedagógico, el letrado explicó que tanto “los derechos de Canal 9 como acreedora y las obligaciones de la Fundación se encuentran dentro del mismo bolsillo”. Al liquidarla, ya pagó 1,3 millones de euros que tenía pendientes de pago.

En razón a ello, la misma Hacienda Pública “no puede ser a la vez acreedora y deudora”. Explicó que la Fundación no tuvo ningún lucro, las pantallas fueron instaladas. “No ha existido ningún beneficio patrimonial de la Fundación”. Como mucho cabría una acción civil  de Canal 9 contra la Fundación por impago del coste del alquiler de las pantallas y megafonía. Con independencia de la decisión del Tribunal, “los efectos de absolución o condena serán los mismos”.

El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares han defendido en el juicio que la Fundación (Arzobispado, Generalitat, Ayuntamiento y Diputación) se ahorró el coste del alquiler y el IVA trasladando ese gasto a Canal 9 RTVV sin ello ser objeto de la actividad del ente, por una imposición sin venir a cuento de quien detentaba realmente el poder en la Fundación el fallecido Juan Cotino, de ahí que esté encartada –aunque extinta y liquidada- a título de partícipe lucrativo, en realidad de se benefició del coste del alquiler de las pantallas. Quién deba pagarlo si hay condena, el erario público, el tesoro de la Generalidad, y si hay absolución respecto a ella, ya lo ha pagado también el erario público.

Última palabra del ex director de Canal 9

En la última sesión de juicio, hizo uso de la “última palabra”, el que fuera director de Canal 9 RTVV, Pedro García, quien aprovechó para confesar diversos extremos de lo perpetrado con la finalidad de que se le aplicara el atenuante de confesión muy cualificada. Dijo que era amigo de Álvaro Pérez (a) El Bigotes y de Juan Cotino. Que en todo este asunto recibió instrucciones políticas, que se utilizó Teconsa como sociedad instrumental por el grupo de Francisco Correa (Gürtel), que el alquiler de las pantallas costó 7,3 millones de euros, con los que se enriquecieron diversas personas, entre ellas él con casi 500.000 euros, que se hizo irregularmente, sin procedimiento administrativo el cual se hizo después para simular legalidad, “no en base a la legalidad administrativa” y se hizo con la ayuda de Luís Sabater y Ricardo Calatayud. Mostró su arrepentimiento, pidió perdón a la sociedad y manifestó su ánimo de resarcir económicamente el año hecho.

También hizo uso de la “última palabra” por videoconferencia desde su casa Luís Sabater, jefe técnico de Canal 9, reconociendo que firmó un informe aconsejando la contratación de Teconsa, sin expediente administrativo previo, que se hizo posteriormente para dar apariencia de legalidad. Que tuvo reuniones con Juan Cotino, quien encargó a él y Pedro García que Canal 9 se hiciera cargo de alquilar y pagar pantallas y megafonía. Que Cotino tuvo intervención directa en la decisión del número de pantallas y su colocación, controlando los trabajos técnicos y dando indicaciones sobre el terreno. La confesión final, más  breve y parca que la de Pedro García, sin pedir perdón, lo fue como en el caso de éste para conseguir el atenuante de la confesión para la rebaja de las penas.

El asunto de las confesiones fue un tema que estuvo en el debate jurídico del juicio. Por esas confesiones, que Fiscalía utiliza como prueba de cargo, suele rebajarse las penas de los delincuentes. En este caso pasarían de ser autores a cómplices, cosa que creó polémica. El presidente del Tribunal, que ha llevado con buen tino las largas sesiones del juicio, ya avisó que las confesiones o pactos de la Fiscalía con los confesos no vinculan al Tribunal.