La vista del Juicio Oral por diversos delitos perpetrados por miembros de uno de los entramados de la banda Gürtel a la salud de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 entró en una fase de descanso y se reanudará el próximo 20 de Julio, momento en que se entrará en la recta final. Previamente declarará un último perito informático, que aún no ha sido citado, pero se le convocará para ese día.

La sesión de hoy ha sido tediosa, farragosa y aburrida con un continuum de declaraciones de peritos judiciales policiales que se ratificaron en sus informes y declaraciones prestadas a lo largo de la instrucción, que comenzó hace siete años, y en los que éstos analizaron textos manuscritos, firmas, voces, grabaciones, etc…

 Fueron declaraciones rutinarias, que no aportaron ninguna novedad. La defensa de Benjamín Iñiguez y Encarna Pérez solicitó el único perito no policial quien se ratificó en un informe aportado. Todo eran tecnicismos sobre metadatos, modificaciones de archivos y falsificaciones o no de correos electrónicos. Nada nuevo bajo el sol.

 El juicio cesa, porque en esta misma sala ha de continuar el juicio por la matanza de cinco jesuitas en El Salvador, que comenzara en la Audiencia Nacional el pasado 8 de junio. Y se reanuda el 8 de julio a las 15 hora española, por el cambio horario, con la declaración por video cámara desde Centro América de la única testigo presencial de los hechos.

 En los señalamientos iniciales estaba prevista la terminación del juicio de la visita papal como popularmente se le conoce entre los días 20 a 24 de julio, fechas en las que las partes y el ministerio fiscal leerán sus informes finales y conclusiones. Con el agosto por medio, puede que no haya sentencia hasta  finales del mes de octubre o noviembre.

  Trece de los veintitrés acusados en el juicio por supuestas contrataciones irregulares a empresas de la trama Gürtel con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 confesaron haber participado en los hechos tras pactar con la Fiscalía a cambio de una rebaja de penas.

 Ésta es una de las piezas de la marca Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, que sentó en el banquillo, entre otros,  al ex director general de la Policía y expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, cercano al Opus Dei,  y el ex director general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Jimeno, jefe de prensa del ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, junto con Francisco Correa, el líder de la banda, su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de la red en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes, los tres ya en prisión al estar cumpliendo condenas por otras piezas del caso.

El juicio estaba previsto se prolongara en principio hasta el 4 de junio, pero quedó interrumpido por la pandemia del coronavirus, centrándose el objeto de este procedimiento, uno de los 11 contratos cuestionados, en el alquiler de pantallas, mantenimiento y megafonía, cuyo coste, siete millones de euros, supuestamente fue fijado por los imputados, quienes presuntamente decidieron que lo asumiera el ente público RTVV, que a su vez lo adjudicaría a través de Teconsa, empresa pantalla de Gürtel.

 Las fiscales presumen que por  gestiones del ya fallecido Juan Cotino, entonces consejero de Agricultura, los acusados consiguieron que fueran adjudicados al grupo de Correa contratos para la instalación en las calles de Valencia de pantallas y sonido por 7.493.600 euros y que se hiciera cargo del gasto la RTVV, con unos sobrecostes que les reportó 3.387.197 euros de dinero público entre Pedro García Gimeno, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y el también acusado José Ramón Blanco Balín.

La Fiscalía atribuye a los acusados delitos de asociación ilícita, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental, falsedad en documento mercantil, cohecho, contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales.

 En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía pide para García Gimeno 40 años de prisión, la mayor pena de las que solicita para el total de 23 acusados. Para Correa pide 38 años de prisión y para Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 37.  La Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, cuyo presidente ejecutivo era el obispo Esteban Escudero, está encartada a título lucrativo, y se le pide una responsabilidad civil de 7 millones de euros. Este se acogió a su derecho a no declarar, alegando que estaba incurso en otro procedimiento en Valencia relacionado con la visita del Papa y si declaraba le podía perjudicar en el otro asunto.