El juez chileno Daniel David Urrutia Laubreaux ha emitido una resolución judicial que ha incendiado la política chilena en pleno verano y ha sido víctima del escarnio público.  El papa Francisco en agosto de 2023, lo designó vocal del directorio del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), entidad que emitió una carta respaldándolo.

En estricto rigor, la decisión judicial de Urrutia Laubreaux en materia penal versa sobre la autorización de comunicaciones telefónicas periódicas y visitas regulares de personas detenidas en un lugar de detención de alta seguridad y buscaba beneficiar a siete internos, en su mayoría extranjeros, y al menos tres de ellos vinculados con la poderosa banda latinoamericana de narcotráfico llamada "Tren de Aragua", de origen venezolano.

Para algunos notables juristas, esta medida se ajusta a Derecho, pero para otros, también notables, es considerada "ilegal" y califican al magistrado como un funcionario al servicio del narcotráfico.

El rector de la prestigiada Universidad Diego Portales, Carlos Peña, sostuvo -por ejemplo- en una columna en medios nacionales, que las reacciones de rechazo al fallo del juez son de carácter puramente visceral y “exclamaciones para la galería”.

Añadió que “no está de más recordar que no es tarea de los jueces brindar seguridad o mantener a raya la criminalidad: esa tarea les corresponde al Ministerio Público y al Ejecutivo. Los jueces penales son árbitros entre el ciudadano que infringe la ley y el Estado que monopoliza la fuerza; aunque a veces esto se olvida, y se pide entonces a los jueces hacer lo que quienes tienen a su cargo la seguridad se han mostrado incapaces de lograr", indicó el rector.

Por otro lado, el mismo ministro de Justicia, Luis Cordero, declaró a la prensa que la medida era "ilegal". Además, numerosas entrevistas a otros personeros, parlamentarios y abogados, piden la salida del juez. Para ello, los medios conservadores chilenos dedican portadas de diarios y reportajes televisivos.

Junto con ello, por la cobertura dada, parece que ahora se dieron cuenta del nombramiento que le hiciera el Papa al juez Urrutia en agosto pasado y que es leído como un reconocimiento por su defensa en materia de derechos humanos y de los sectores más vulnerables.

Quienes lo conocen de cerca, comentaron a este corresponsal que Urrutia es un "chivo expiatorio" de la política chilena, y siendo un hombre de profundas convicciones ha debido luchar por mantenerse como magistrado demandando incluso al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Justicia, cuya sentencia final acogió sus reclamos.

En esta oportunidad, el juez justificó su resolución sobre las videollamadas y visitas citando las leyes Mandela para una mejor sociabilización de los internos. Pero quizás lo que le faltó leer mejor fue el contexto de la opinión pública, caracterizado por una alta inseguridad, y luego, por la polémica compra de automóviles nuevos de alta gama y millonarios costos de los magistrados de la Corte Suprema, que tras unos días, se canceló.

Ante los ataques recibidos por Urrutia, incluso de muerte, la asociación de fieles Copaju, envió una carta al Presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, manifestando que la amenaza personal, el escarnio público y la persecución mediática no lucen como mecanismos idóneos para un buen funcionamiento de las instituciones republicanas.

En lo sustancial, la misiva indica que "sin perjuicio de la evaluación que sobre las medidas judiciales pueda hacer el tribunal de revisión, afirmamos que la amenaza personal, el escarnio público y la persecución mediática no lucen como mecanismos idóneos para un buen funcionamiento de las instituciones republicanas.  La independencia del Poder Judicial y su autonomía, van de la mano con políticas de respeto y preservación de la dignidad de las magistradas y de los magistrados".

El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), fue creada bajo la inspiración de Francisco, en el Vaticano, el 4 de junio de 2019 y funciona en relación directa con la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.

Entre sus propósitos, indica que en el "contexto de crisis planetaria, hacemos un llamamiento a todos nuestros colegas jueces de las Américas para asumir el rol que la hora nos exige, coordinando esfuerzos, diseñando estrategias y fundamentalmente ratificando en forma cotidiana nuestro compromiso por la dignidad humana y la paz global, como también para la realización de los derechos humanos en todas las dimensiones".