La Unión de Estudiantes Católicos (Unec) y el Movimiento de Profesionales Católicos (MPC), rechazaron “el uso indebido de la fuerza que está realizando el Estado contra civiles que manifiestan en las calles su descontento con un sistema político que se muestra indolente ante las demandas de la ciudadanía”.

En una declaración pública, indican que “detrás de las manifestaciones existe un reclamo contra un Estado que no funciona, contra un régimen y una clase política que está de espaldas a los grandes problemas de la población, que usa el poder para favorecer intereses particulares y que permite que el fuerte se aproveche del débil, principalmente en zonas que han sufrido una discriminación histórica”.

Y junto con rechazar también el uso de armas de fuego, estos movimientos laicales hicieron “un llamado a la clase política a realizar una autocrítica y buscar caminos que nos ayuden a salir de la crisis que enfrentamos”.

Religiosas y Religiosos

Entre tanto, la Compañía de Jesús de Perú, junto con todas sus instituciones, pastorales, y servicios, también rechazaron el “uso desproporcionado de la violencia de parte del Estado en la contención de las protestas que vienen surgiendo en distintos lugares del país”.

Reprobaron también quienes realizan acciones para “deslegitimar con sus acciones el derecho constitucional a la protesta pacífica que ampara a todos los peruanos y peruanas”.

Las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena (Hermanas Lauritas), también alzaron su voz “ante la represión, asesinato, persecución y estigmatización de nuestros hermanos indígenas, andinos y amazónicos del Perú” y pidieron “a los organismos internacionales de Derechos Humanos proteger y garantizar los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios del Perú”.

Ante este llamamiento, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, declaró que era “inaceptable la escalada de violencia que está sucediendo en Perú. La represión estatal en contra de manifestantes y la pérdida de vidas humanas está agudizando la crisis. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades al respeto irrestricto de los derechos humanos. Las fuerzas del orden deben cumplir con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. El pueblo no debe de pagar el costo de la crisis política que está atravesando el país».

Estas declaraciones son claras en defender el derecho a la protesta y que cualquier vandalismo cometido no las deslegitima.

En ese sentido, voces de opinión pública, han hecho ver que las declaraciones episcopales pierden su rol profético cuando se condena la violencia “venga de donde venga”, haciendo mención a las últimas declaraciones de la Conferencie Episcopal que ya han sido publicadas por Religión Digital.

CONFER

Por último, la Conferencia de Religiosos del Perú, invitó a las comunidades de la vida religiosa presentes en las diferentes regiones del país para que, en el lugar donde se encuentren, puedan decidir y promover (y/o sumarse a) a alguna de las acciones que sugirieron.

En el ámbito de la solidaridad, por ejemplo, indica la necesidad de contactar a las víctimas y sus familias, listar organismos, instituciones que atienden, defienden, cuidan a las víctimas, los detenidos, heridos, etc.

También sugirieron acciones litúrgicas, de oración, diálogo, análisis de coyuntura y actuar junto con otras redes.

La situación en al menos 10 regiones es cada día más dura y más duro se hace informar desde dentro del país.

Hasta ahora, se han registrado 9 ataques a periodistas. Por ello, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), la Asociación de Fotoperiodistas y la Coordinadora Nacional de Comunicaciones rechazaron la represión de la Policía y las Fuerzas Armadas contra los periodistas que vienen cubriendo las protestas en el país y, que desde hace un mes, ya alcanzan el medio centenar de personas fallecidas.

Cabe indicar que uno de los temas más repetidos y exigidos en las manifestaciones populares, es el pedido de renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien reemplazó a Pedro Castillo, tras intento de golpe de estado en diciembre pasado. Ella ya llava casi 50 muertos sobre sus hombros y no ha convocado al diálogo. Sin embargo, hay quienes sostienen que su renuncia al gobierno no sería una salida política real a la crisis.