Los asesinatos de defensores ambientales en Perú son tristemente habituales en los últimos veinte años Los defensores ambientales: nuevos mártires

Cuidadores de la Amazonía
Cuidadores de la Amazonía Thilo Boeck

Las cifras oscilan según la fuente, pero son siempre escandalosas e inadmisibles: según Global Witness entre 2012 y 2021 fueron asesinados 51 defensores ambientales, 12 de ellos solo en la pandemia 2020-2021; la organización AIDESEP sitúa en 32 el número de líderes y lideresas victimados en la década 2013-2023. Perú pasa por ser el cuarto país más peligroso del mundo para un defensor ambiental.

Son frecuentemente autoridades representativas de sus comunidades que de manera decidida promueven y protegen el derecho a vivir en un ambiente sano y sostenible, luchando por resguardar sus territorios y sus recursos naturales frente a actividades ilegales que suponen la degradación del medio ambiente, la contaminación y la violencia.

Pobre Amazonía convertida en una despensa, selva descartada que clama, nuevamente colonizada; pero cuidada, custodiada y defendida hasta la muerte por estos verdaderos mártires de hoy, merecedores del honor de ser modelos de coherencia, humanidad y coraje.

Con motivo del Jubileo de 2025, el Papa Francisco ha pedido a las iglesias particulares aportar nombres para completar una lista (“catálogo”) de todos aquellos mártires “que han derramado su sangre para confesar a Cristo y testimoniar su Evangelio”, en palabras textuales del documento de la Conferencia Episcopal que nos llegó el otro día. Desde la Amazonía creo que podríamos sugerir que se incluyan a los defensores ambientales asesinados en los últimos años.

Las cifras oscilan según la fuente, pero son siempre escandalosas e inadmisibles: según Global Witness entre 2012 y 2021 fueron asesinados 51 defensores ambientales, 12 de ellos solo en la pandemia 2020-2021; la organización AIDESEP sitúa en 32 el número de líderes y lideresas victimados en la década 2013-2023. Perú pasa por ser el cuarto país más peligroso del mundo para un defensor ambiental.

¿Quiénes son estas personas? Son frecuentemente autoridades representativas de sus comunidades (apu, presidente comunal, etc.) que de manera decidida promueven y protegen el derecho a vivir en un ambiente sano y sostenible, luchando por resguardar sus territorios y sus recursos naturales frente a actividades ilegales que suponen la degradación del medio ambiente, la contaminación y la violencia.

El último caso, el de Mariano Isacama, en la región Ucayali, es emblemático. Llegan los narcotraficantes e invaden una zona, que por tanto se llena de sembríos de coca, drones de vigilancia, “cocinas” para producir la pasta básica en plena selva, pistas clandestinas, y muchas armas. El crimen organizado aprovecha la impunidad para campar a sus anchas: el Estado está ausente, no hay consulta previa, no hay policía o es inoperante o está coimeada, y predomina la sensación de que cada cual puede hacer lo que le dé la gana y no ocurrirá nada.

El señor Mariano no se deja comprar por “la empresa”, que en otros lugares es maderera, o minera, o una mafia de tráfico de tierras. Le ofrecen 400 soles para que “de permiso” a entrar, pero él habla con fuerza en la reunión comunal para que no se deje a esta gente hacer sus fechorías. Es consciente de lo que está en juego: los árboles serán talados a 50 soles cada palo, los animales del bosque se extinguirán, el agua del río y los peces serán envenenados por la extracción de oro, los jóvenes no estudiarán, más bien el dinero fácil de la coca incrementará el alcoholismo, su cultura estará en peligro, la vida humana no valdrá nada…

Cuando los líderes y lideresas se posicionan así, a menudo bien asesorados por organizaciones indígenas y ecologistas, comienzan las amenazas, las campañas de desprestigio, los ataques. Las garantías otorgadas se han revelado débiles e inútiles, así como las denuncias en los medios; el pueblo se sabe indefenso ante semejantes poderes y el miedo impera. Los dirigentes, “aun sabiendo los peligros que corren” (dice el documento citado), permanecen firmes, la tensión aumenta, hasta que desaparecen y poco después se halla su cadáver.

Además de la pérdida de vidas humanas, el impacto en las poblaciones locales es brutal. Se impone un clima de terror y represión, que impide que puedan pelear por sus derechos. Por si fuera poco, hay un vacío en el código penal peruano, que no reconoce la figura de los defensores ambientales, y por tanto este delito está tipificado como asesinato común. Los procesos judiciales son largos, los crímenes suelen quedar sin castigo, las víctimas no reciben reparación económica, los daños psicológicos son enormes y el desamparo en que quedan familias y comunidades, desolador.

Es la circularidad implacable de la impunidad. Porque los capos del crimen organizado, los traficantes y tratantes, los inversores en la tala ilegal, los dueños de las mineras… están en el Congreso, dando cobertura institucional a sus negociazos y perpetrando leyes que les aseguren la depredación de la Amazonía sin obstáculos. Los pobladores y sus autoridades, especialmente los indígenas, resultan una molestia que es preciso eliminar.

Edwin Chota, Isidro López, José Napoleón Tarrillo, Roberto Carlos Pacheco, Mariano Isacama y muchos otros … estos valientes son la primera línea de defensa contra el colapso climático. Como expresa la Conferencia, “(…) son asesinados por socorrer con caridad la vida de quien es pobre, por cuidar a los descartados de la sociedad, por custodiar y promover el don de la paz (…)”. Pobre Amazonía convertida en una despensa (Documento Final del Sínodo para la Amazonía, 17), selva descartada que clama (Laudato Si 22; Documento Final, 10), nuevamente colonizada (Querida Amazonía, 12-14); pero cuidada, custodiada y defendida hasta la muerte por estosverdaderos mártires de hoy, merecedores del honor de ser modelos de coherencia, humanidad y coraje.

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