¿Recibió el pedófilo condenado cardenal George Pell un juicio justo? ¿Una apelación justa?

No hay necesidad de volver a detallar los hechos del caso que han conducido a la sentencia del purpurado a seis años de cárcel con un mínimo de tres años y ocho meses, y al rechazo de su apelación la semana pasada.

Escribiendo el día en que se hizo pública la condena de Pell -el 26 de febrero de este año- el comentarista conservador George Weigelya notó los aparentes problemas con las pruebas que condenaron a Pell.

Weigel observó que durante el segundo juicio del cardenal en noviembre del año pasado -después de un juicio nulo en junio- "la defensa demostró que, a fin de sostener la acusación de que Pell había abordado y abusado sexualmente de dos chicos del coro después de la misa del domingo, diez cosas improbables debían haber ocurrido, y todo en diez minutos":

• El arzobispo Pell abandonó su práctica de décadas de saludar a los congregantes afuera de la catedral después de la misa.
• Pell, quien normalmente estaba acompañado por un maestro de ceremonias o sacristán cuando estaba revestido para la misa, ingresó él solo al espacio cuidadosamente controlado de la sacristía donde se revisten.
• El maestro de ceremonias, encargado de ayudar al arzobispo a desvestirse mientras se quitaba sus propias vestimentas litúrgicas, había desaparecido.
• El sacristán, encargado del cuidado de la sacristía cerrada con llave, también había desaparecido.
• El sacristán no iba y venía entre la sacristía y el altar de la catedral, retirando misales y los vasos utilizados en la Misa, como era su responsabilidad y práctica constante.
• Los acólitos, como el sacristán, simplemente desaparecieron, en lugar de ayudar al sacristán a despejar el altar al llevar los vasos litúrgicos y los libros a la sacristía.
• Los sacerdotes que concelebraron la misa con Pell no estaban en la sacristía desvestiéndose después de la ceremonia.
• Al menos 40 personas no notaron que dos chicos del coro abandonaron la procesión posterior a la misa.
• Dos chicos del coro entraron a la sacristía, comenzaron a beber vino de consagrar, y el Arzobispo Pell los atacó y abusó de ellos – mientras que la puerta de la sacristía estaba abierta y el arzobispo estaba revestido con todas las vestimentas litúrgicas.
• Los chicos del coro que fueron abusados luego entraron a la sala del coro, a través de dos puertas cerradas, sin que nadie se diera cuenta, y participaron en un ensayo posterior a la misa; nadie preguntó por qué habían desaparecido durante diez minutos.

Sin embargo, el jurado, el juez de primera instancia y dos de los tres jueces de apelación desestimaron las contradicciones e improbabilidades y estuvieron de acuerdo con la presentación de la acusación de que el demandante "fue un testigo muy convincente".

Los jueces Anne Ferguson y Chris Maxwell estuvieron de acuerdo con que la víctima de Pell "claramente no era un mentiroso. No era un fantasista. Fue un testigo de la verdad".

El demandante "se presentó como alguien que decía la verdad. No trató de embellecer su evidencia o adaptarla de manera favorable para la prosecución. Como era de esperar, había algunas cosas que podía recordar y muchas cosas que no podía recordar. Y sus explicaciones de por qué eso era así tenían una semblanza de verosimilitud”, sostuvieron Ferguson y Maxwell.

Los dos jueces se pusieron del lado de los expertos en abuso sexual infantil que están de acuerdo en que las víctimas no siempre recuerdan con precisión los detalles físicos y cronológicos precisos de las agresiones que sufren.

Pero, ¿por qué entonces persisten las teorías de la conspiración? ¿Por qué los defensores de Pell continúan aferrándose a las supuestas contradicciones e improbabilidades de la evidencia del demandante, a expensas de la condena y de la apelación fallida?

El juez discrepante y la presión social y policial

En primer lugar, hay como razón la opinión de único juez disidente que apoyó la apelación de Pell, el juez Mark Weinberg.

"Por las pruebas aportadas por el demandante, se puede observar que hay mucho material que hace que su relato pueda estar sujeto, legítimamente, a críticas. Hay inconsistencias y discrepancias, y algunas de sus respuestas no tienen ningún sentido", escribió Weinberg en un fallo aparte.

"Un aspecto inusual de este caso es que depende totalmente del hecho de que el demandante sea aceptado, más allá de cualquier duda razonable, como un testigo creíble y fiable. Se invitó al jurado a aceptar su testimonio sin que hubiera nada que lo sostuviera de manera independiente", continuó el magistrado.

Pero aparte del análisis alternativo de Weinberg de las pruebas -que sin duda será crucial en cualquier futura apelación ante el Tribunal Superior de Australia- hay otras razones por las cuales los partidarios de Pell se niegan a aceptar el veredicto de culpabilidad y la apelación fallida.

El académico legal australiano Greg Craven es típico de estos escépticos.

Escribiendo en marzo, Craven culpó del veredicto de culpable a la presión mediática y policial.

"Los medios de comunicación deben informar de los casos de manera justa, cumplir con la letra y el espíritu de la ley, y no animar a ninguna de las partes.

"La policía presenta evidencia imparcialmente, trabajando por la justicia, no por la convicción. Los medios de comunicación y la policía nunca se deben combinar para formar un escuadrón de animadores a favor de la condena.

"Aquí es donde el caso de Pell salió terriblemente mal.

"Algunos medios ... han pasado años intentando asegurar que George Pell sea la figura más odiada de Australia. Lo querían en el banquillo como ogro, no como acusado.

"Peor aún, elementos de la policía victoriana, incluido el comisario jefe Graham Ashton, cooperaron en el ejercicio.

"Los repetidos anuncios sin aliento de Ashton de cargos inminentes y referencias a 'víctimas' en lugar de 'presuntas víctimas' coincidíeron con las notables sincronías en el tiempo entre los pronunciamientos policiales y las exclusivas de los medios favorecidos.

"El resultado fue que cuando el juez de primera instancia impuso a los medios de comunicación una orden general de que no informaran sobre los juicios, fue como una prohibición de informar que Vladimir Putin es un tipo desagradable.

"El daño ya se había hecho de manera consciente, oportuna y exhaustiva".

La ignorancia de las pruebas

Pero la presión mediática y policial es solo una parte de este episodio.

Ya en febrero, el cura jesuita, abogado y profesor universitario australiano Frank Brennanseñaló otro aspecto difícil del caso.

Sobre el segundo juicio, escribió Brennan:

"El público podía asistir a los procedimientos si sabía a dónde ir en el Tribunal del Condado de Melbourne.

"El público podía escuchar todas las pruebas, excepto una grabación de las pruebas del demandante el primer juicio.

"El demandante, que no puede ser identificado, no dio pruebas en el nuevo juicio; la grabación del primer juicio fue admitida como evidencia del demandante.

"La grabación estuvo disponible para el público solo en la medida en que fue citada por los abogados en su interrogación de otros testigos o en sus discursos finales ante el jurado, y citada por el juez en su encargo al jurado.

"Por lo tanto, ningún miembro del público tiene una imagen completa de la evidencia y ningún miembro del público puede hacer una evaluación del comportamiento del demandante".

Lo mismo es cierto hoy.

Parte del testimonio del demandante están ahora en las razones que el Tribunal de Apelaciones alegó por rechazar la apelación de Pell.

Pero aún así, salvo por los jueces, el jurado y la periodista Louise Milligan, cuyo libro Cardinal: The Rise and Fall of George Pell fue instrumental en la condena de Pell y que cuenta con la experiencia de la víctima de primera mano, nadie tiene toda la evidencia ante sí.

Y es esta ignorancia del testimonio y del comportamiento del demandante es lo que más alimenta las teorías de la conspiración.

El derecho de las víctimas al anonimato

Mientras duraba el proceso contra Pell, y ahora después, ha surgido una pregunta una y otra vez:

¿Es correcto que el sistema de justicia australiano mantenga este nivel de confidencialidad en torno a las denuncias de abuso sexual?

Como refiere el profesor australiano de periodismo y medios sociales Mark Pearson, "en ninguna jurisdicción australiana se puede identificar a la víctima directa o indirectamente en juicio sobre asuntos sexuales".

"Una serie compleja de políticas informa este tipo de restricciones", continúa explicando Pearson.

"Esto incluye la vulnerabilidad percibida de las víctimas, su privacidad y la importante probabilidad de que las víctimas no presenten cargos de esta naturaleza si sienten que podrían estar en el centro de atención de los medios".

Pero el anonimato para los denunciantes parece chocar con el principio establecido desde tiempos inmemoriales de "justicia abierta".

Es decir, la regla de que los procedimientos judiciales deben estar sujetos al escrutinio público y profesional.

Y este es el meollo del asunto.

En el caso de Pell, el sistema de justicia australiano no ha logrado equilibrar la protección de las víctimas con el principio de justicia abierta.

Y ese fracaso se ha producido en un momento en el que los tribunales australianos están bajo más presión política y social que en cualquier otro momento de la historia del país.

La justicia abierta peligra

Los resultados del caso Pell deben leerse en el contexto de otros casos de alto perfil en Australia que tienen que ver con otros límites al principio de justicia abierta, además de la protección de las víctimas de abuso sexual.

El funcionario Richard Boyle se enfrenta actualmente a una posible sentencia de prisión de 161 años por denunciar las prácticas agresivas de cobro de deudas por parte de la Oficina Tributaria Australiana (ATO), incluida la incautación de fondos de los contribuyentes sin previo aviso o ninguna consideración de sus circunstancias personales.

Antes de que se presentaran los cargos, la ATO -que acusa a Boyle de revelar información confidencial de los contribuyentes y de usar sin permiso dispositivos de escucha- ofreció al informe un acuerdo y una declaración de servicio con la condición de que se mantuviera en silencio sobre las prácticas abusivas de cobranza.

Es más, un exagente del Servicio de Inteligencia Secreta de Australia conocido solo como "Testigo K", junto con su abogado, Bernard Collaery, se enfrentan a un proceso judicial por revelar que Australia pinchó edificios del gobierno de Timor-Leste durante las negociaciones de 2004 sobre los derechos a las ricas reservas de petróleo y gas en la Franja de Timor.

El gobierno australiano está presionando para que se presenten algunas pruebas en el juicio de Witness K / Collaery en un tribunal cerrado por motivos de interés por la seguridad nacional.

En otro caso, el abogado militar David McBride también se enfrenta a una pena de cárcel por revelar información a la emisora pública australiana, ABC, en relación con actividades clandestinas de las fuerzas especiales australianas en Afganistán, que incluyen el asesinato de mujeres y niños desarmados.

Esa revelación condujo a redadas e investigaciones en la ABC y sobre otros dos periodistas en junio, en lo que fue calificado en todo el mundo como una clara amenaza para la libertad de expresión y la democracia en Australia.

Los casos Boyle, Testigo K / Collaery y los "Archivos afganos" han llevado a la percepción entre el público australiano de que la justicia en el país está lejos de ser abierta, y en cambio está al servicio de poderosos intereses políticos y sociales.

Aunque no involucró a un soplón, o al menos no exactamente en el mismo sentido, el caso Pell ha reforzado esa percepción.

Los teóricos de la conspiración continúan creyendo que el veredicto de culpabilidad del cardenal se remonta no a la apelación fallida de la semana pasada ni al juicio de diciembre pasado, sino a la Comisión Real de 2013-2017 sobre las respuestas institucionales al abuso sexual infantil, una investigación judicial iniciada por el Parlamento australiano.

Si no antes.

El objetivo de la campaña "A por Pell" ("Get Pell") supuestamente emprendida por la élite social, mediática, legal y política de izquierdas en Australia no era tanto deshacerse del cardenal sino destruir la Iglesia católica del país, si no el Vaticano mismo.

Fallos en el sistema

Para que conste, yo personalmente no creo en la conspiración "Get Pell".

Personalmente estoy de acuerdo con los jueces de juicio y apelación, y creo que el cardenal es culpable.

Pero no importa lo que yo piense. Del mismo modo que tampoco importa lo que piensen otros comentaristas, sin el beneficio de todos los hechos del caso y la forma en que el demandante se comportó en el juicio.

Lo que quiero decir es que el sistema en Australia, en todos sus aspectos legales, políticos, sociales y mediáticos, no se ha hecho ningún favor en términos de disipar la sombra de una conspiración contra Pell.

El sistema de justicia que condenó al cardenal es el mismo sistema de justicia que persigue a denunciantes y periodistas, al servicio de un gobierno acosador que espía a una nación amigable y empobrecida como es Timor-Leste y apunta a cobrar las exiguas cuotas impositivas de los ciudadanos comunes en lugar de ir a por las deudas de grandes empresas y personas de alta riqueza.

Y eso no es justicia en la que creo.