Se me ha pedido que comente el informe de la llamada "Comisión de Expertos" sobre el futuro del Valle de los Caídos. Ante todo he de dejar senado que no he estado en esta Comisión en representación de la Iglesia ni de nadie, sino a título personal, como historiador especializado en el tema de la Iglesia y la guerra civil. Y que si acepté la invitación que se me formuló, fue porque anteriormente me habían pedido información y consejo varios familiares de personas víctimas de la represión franquista que fueron trasladados al Valle de los Caídos sin el consentimiento de sus descendientes, y pensé que desde la Comisión les podría ayudar a recuperarlos.

Por eso me apunté a la subcomisión encargada de este tema. Poco se podrá hacer en la mayoría de los casos, por el grave deterioro de los ataúdes y la confusión de los restos a causa de las filtraciones de agua, pero al menos se reconoce el derecho que en principio tienen los familiares a recuperarlos.

No hemos partido de cero, como si pudiéramos inventar cualquier solución que se nos ocurriera, sino que desde el principio tuvimos unos cauces bien marcados. En el acto de constituirse la Comisión, el pasado 30 de mayo, el ministro Jáuregui nos recordó lo establecido en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, aprobada en el Congreso de los Diputados por 304 votos a favor, solo 3 en contra y 18 abstenciones, que en su artículo 16, relativo al Valle de los Caídos, excluía dos soluciones extremas: la de derribar todas las construcciones y borrar para siempre el Valle de los Caídos de la memoria colectiva, y la opuesta de dejarlo todo igual, como fosilizado, y explicar por todos los medios posibles las barbaridades que allí se cometieron (como se ha hecho en los campos de exterminio nazis).

Excluía también la desacralización del lugar (por lo tanto tiene que seguir siendo lugar de culto católico) y prohibía los actos de exaltación de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo. La Comisión, por su parte, excluyó también la opción de, ante el grave y progresivo deterioro de las construcciones, dejar que el tiempo las acabara de destruir: nos lo prohibía el respeto a los más de treinta mil españoles que allí yacen.

El propósito de convertir un monumento triunfal de los vencedores en un símbolo de reconciliación - tal era el mandato que recibimos - no podía traducirse en equiparar fascismo y democracia, sino que teníamos que partir de la Constitución vigente. De ahí que se proponga respetar lo existente pero explicarlo con un Centro de interpretación y un memorial en la gran explanada.

Las reacciones de la opinión pública ante el informe de la Comisión se han focalizado en la propuesta de trasladar los restos de Franco. Creo que se ha de respetar la voluntad de la familia. Pero un nieto del general, en un libro publicado precisamente durante las deliberaciones de la Comisión, se ha pronunciado al respecto de forma inequívoca:

"Mi abuelo nunca dijo que le enterraran en el Valle de los Caídos. Nunca creyó que aquel fuese su lugar. Tenía otros planes. Hacía años que mi abuela y él tenían un panteón en El Pardo y siempre pensó que allí, cerca de donde había pasado la mayor parte de su vida, descansaría. Pero cuando murió, las más altas instancias del país nos preguntaron si nos parecía bien enterrarle al lado de José Antonio Primo de Rivera. El dolor y la incertidumbre nos habían confundido. Nos habían presionado. Supimos que había muerto el régimen y por un momento nos olvidamos del hombre. Y mi abuela accedió a que se lo llevaran al Valle de los Caídos. Él no lo había concebido como su mausoleo y mi abuela lamentaría el resto de su vida no poder compartir con su marido la tumba de El Pardo que compraron juntos" (Francisco Franco Martínez-Bordiú, La naturaleza de Franco. Cuando mi abuelo era persona, p. 220).