El Juzgado 28 de Madrid califica provisionalmente los hechos tras años de investigación 'Caso Fundaciones': Antonio Chávarri y su cúpula, acusados de "estafa agravada" y "corrupción entre particulares"

Justicia para el cardenal Osoro y para la diócesis de Madrid en el 'caso Fundaciones'. Después de cinco años de idas y venidas, investigaciones, negociaciones e instrucciones judiciales, después de meses de falsas acusaciones, instrumentalizaciones 'en nombre de la Iglesia' y una perversa maquinaria del fango que buscaba atacar el arzobispo de Madrid y, por elevación, al Papa Francisco, la Justicia ha dado un paso más en el esclarecimiento de las responsabilidades a las Fundaciones Civiles dependientes del Arzobispado de Madrid.

En un auto que ordena continuar las diligencias mediante un procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso RD, el Juzgado número 28 de Madrid solicita ya escrito de acusación contra Antonio Chávarri (presidente del Grupo Chávarri), David López Royo, Manuel Fernández Clemente, Antonio Naranjo, Julio Lage, Jesús Merino, Raúl Chávarri, Ricardo de Guindos y Daniel Hidalgo por un “presunto delito continuado de estafa agravada o delito continuado de administración desleal agravada y corrupción entre particulares”.

Campaña de mentiras y traiciones

El dictamen arroja luz sobre lo que realmente se estaba dirimiendo en los tribunales, frente a una campaña de mentiras e intentos de convertir a las víctimas en investigados, con constantes ataques a la archidiócesis de Madrid, la gran perjudicada de esta trama. Lo cierto es que ni el Arzobispado, ni el arzobispo, los patronos eclesiásticos o sus colaboradores actuales han sido en momento alguno investigados, sino todo lo contrario: ejercían como acusación para proteger el patrimonio de las fundaciones frente a una trama organizada:

"Tras una larga instrucción se considera que hay indicios que por parte de Antonio Chavarri", a través del grupo Chavarri, que "organizó un plan para lucrarse personalmente por diferentes medios, mediante la acción delicitiva de la venta de todo el patrimonio inmobiliario de las 3 fundaciones: Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), Fusara y Fundación Molina Padilla”, afirma el auto.

Así, “indiciariamente”, el juzgado considera que “abusando de las facultades de gestión de sus administradores (siendo indutor extranus el Sr. Chavarri) se causa un grave perjuicio económico a dichas fundaciones”. La instrucción señala que no existía “una necesidad perentoria y urgente de estas ventas” y que dichas ventas “se ha podido realizar por precios inferiores a los del mercado”, con el añadido de que “las fundaciones no han obtenido el retorno del producto de sus ventas”.

Un "único plan organizado" por Chávarri

El auto constata que “hay sólidos indicios” de que “se trata de un único plan organizado desde el principio por el Sr. Chavarri presidido por un dolo unitario, consistente en tomar el control de las fundaciones y vender todo su patrimonio”. Un plan global que consistió en la venta del complejo inmobiliario de la FSVSC por 37 millones de euros a la Nebrija; la venta de 14 edificios de FUSARA por 74 millones  a TAPIAMAR y la venta de dos edificios de la Fundación Molina Padilla, por 7 y 5 millones respectivamente a una empresa, aunque posteriormente ésta se revoca.

En las 3 fundaciones se "otorgan el mismo mandato de venta al despacho de Chavarri abogados que utiliza las mismas tasadoras para dichas ventas”, añade el escrito, con las mismas comisiones y “realizando luego una confusion de patrimonios mezclando el dinero de la venta de fsvsc y fusara para comprar un terreno a Metrovacesa”, apunta el juez.

“Este juzgado considera que estas ventas responden a un plan organizado por el Sr. Chavarri” que consta de varias fases. “Hay una primera fase de toma de control de los organos del patronato de las fundaciones”, y una segunda en la que se “vende todo su patrimonio [de las fundaciones] sin necesidad (…) hasta el punto de comprometer su viablidad. 

Respecto a los compradores, si bien el Juzgado no encuentra pruebas suficientes de su vinculación a Chavarri y su trama, sí considera que deberían resarcir a las fundaciones, al no poder enriquecerse de hechos ilícitos. De hecho, dichas ventas se produjeron presentando otras ofertas, que en realidad no eran tales,  sino "ofertas solo diseñadas para revistir ante los patronos de las fundaciones que concurren varias ofertas por los imuebles, cuando en realidad desde el principio esta venta ya esta asignada o teledirigida por Antonio Chavarri hacia otros compradores".

RD ha tratado de ponerse en contacto con los responsables de las Fundaciones, que han declinado ofrecer su versión, aduciendo a que no lo han hecho durante todo el proceso, incluso cuando se han dado toda una suerte de informaciones que, con este auto, quedarían desacreditadas. Que desean esperar a que la Justicia se pronuncie de manera firme ,y que seguirán trabajando por defender el patrimonio de las fundaciones.

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