Los Informes sobre la pederastia eclesial en España El Informe del Defensor del Pueblo (I): Patinazo en versión hispánica y 'delirio estadístico'
"El 22 de febrero de 2022 el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la firma legal Cremades & Calvo-Sotelo informaron, en rueda de prensa, que se había encargado al bufete realizar un análisis de auditoría independiente sobre todos los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia española conocidos -hasta entonces - por distintas fuentes y documentado"
"Dos acontecimientos chirriaron de manera particular: el primero, que Alfredo Dagnino fue despedido del despacho en octubre de 2023 y que la Conferencia Episcopal Española publicó el 1 de junio de 2023 un Informe propio sobre la pederastia eclesial titulado Para dar luz”
"En el marco de este sorprendente cruce de filtraciones y diferenciadas cifras de la pederastia eclesial y de una relación progresivamente complicada entre la CEE y el equipo de Cremades & Calvo-Sotelo se publica el Informe del Defensor del Pueblo … De la lectura realizada me queda una extraña sensación, a la vez, de esperanza y desaliento"
"¿Era necesario que el Defensor del Pueblo encargara una encuesta demoscópica sobre este asunto? ¿No hubiera sido mejor ofrecer un diagnóstico, como lo han hecho los investigadores alemanes y suizos, a partir de los casos incontestablemente conocidos o reconocidos?"
"Qué precio se puede acabar pagando, además del de la credibilidad de algunos medios de comunicación social que han impulsado o han hecho la ola a una de las extrapolaciones a las que se presta la muestra sociológica y han ocultado otras posibles?"
"En el marco de este sorprendente cruce de filtraciones y diferenciadas cifras de la pederastia eclesial y de una relación progresivamente complicada entre la CEE y el equipo de Cremades & Calvo-Sotelo se publica el Informe del Defensor del Pueblo … De la lectura realizada me queda una extraña sensación, a la vez, de esperanza y desaliento"
"¿Era necesario que el Defensor del Pueblo encargara una encuesta demoscópica sobre este asunto? ¿No hubiera sido mejor ofrecer un diagnóstico, como lo han hecho los investigadores alemanes y suizos, a partir de los casos incontestablemente conocidos o reconocidos?"
"Qué precio se puede acabar pagando, además del de la credibilidad de algunos medios de comunicación social que han impulsado o han hecho la ola a una de las extrapolaciones a las que se presta la muestra sociológica y han ocultado otras posibles?"
"Qué precio se puede acabar pagando, además del de la credibilidad de algunos medios de comunicación social que han impulsado o han hecho la ola a una de las extrapolaciones a las que se presta la muestra sociológica y han ocultado otras posibles?"
El 22 de febrero de 2022 el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cardenal Juan José Omella, y el presidente de la firma legal Cremades & Calvo-Sotelo, Francisco Javier Cremades, informaron, en rueda de prensa, que se había encargado al bufete realizar un análisis de auditoría independiente sobre todos los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia española conocidos -hasta entonces - por distintas fuentes y documentados. Se buscaba ayudar y reparar a las víctimas, así como colaborar con las autoridades sobre los casos de abuso sexual en el seno de la Iglesia en España, independientemente de las encomiendas e instrumentos de que se pudieran dotar los poderes públicos para realizar sus propias investigaciones.
Igualmente, se encargaba al bufete formular las recomendaciones que estimara necesarias para reparar el daño causado a las víctimas y prevenir los abusos en el futuro. Contaba, para ello, con un plazo de 12 meses. Al final de este tiempo, tendría que entregar el correspondiente Informe a la CEE, siendo posible una ampliación de otros 6 meses más. Era muy importante saber que el despacho se comprometía a no presentar minuta alguna y repercutir solo los gastos ocasionados por la auditoría.
Tal y como fue presentado el acuerdo y los términos del mismo, era incuestionable que la investigación sobre la pederastia eclesial iba en serio, aunque no faltaran quienes entendían que tanta urgencia no se fundaba en una más que deseable radicalidad evangélica en buscar la verdad y hacer justicia, sino en una -ya cercana e inevitable- intervención del parlamento español -a instancias del presidente del gobierno- para encomendar al Defensor del Pueblo una auditoría al respecto.
Recelos e intrigas
Y no faltaron tampoco los recelos sobre la posible independencia de tal auditoría, una vez conocidos los vínculos de F. J. Cremades con el Opus Dei; recelos que, por otra parte, ayudó a poner en su sitio el jesuita y profesor de la Universidad Gregoriana, Hans Zollner, teólogo, psicólogo y uno de los mejores especialistas en pederastia eclesial del mundo: “no pueden permitirse cometer un error, será más duro el examen de la opinión pública”.
"Es poco lo que 'trasciende' públicamente de los trabajos realizados por el bufete porque los obispos sí que pudieron contar con avances que el equipo de Cremades & Calvo-Sotelo les facilitaba, a medida que se iba cerrando su trabajo"
A partir de este momento es poco lo que trasciende de los trabajos que realiza el bufete, más allá de la solicitud de un aplazamiento hasta julio de 2023, para la entrega del Informe, una vez transcurrido el plazo inicialmente acordado para marzo del mismo año. Y con este aplazamiento, otros posteriores que no gustaron nada a los obispos. Pero digo que “es poco” lo que “trasciende” públicamente de los trabajos realizados por el bufete porque los obispos sí que pudieron contar con avances que el equipo de Cremades & Calvo-Sotelo les facilitaba, a medida que se iba cerrando su trabajo.
Hubo, sin embargo, dos acontecimientos que chirriaron de manera particular: el primero, que Alfredo Dagnino -ex presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y director de uno de los cuatro grupos de trabajo en que se había dividido el equipo de Cremades- fue despedido del despacho en octubre de 2023, acusado de haber entregado un resumen del trabajo (e, incluso, el Informe completo), al parecer, muy benévolo con la institución y minimizando el número de casos. “Hemos visto el informe de dos mil páginas -comunicarán fuentes de la CEE al Diario ABC- y está muy bien, no entendemos por qué no se nos entrega ya y podemos cerrar la cuestión”. Parece que la decisión de no presentar dicho Informe a los 18 meses fue tomada por F. J. Cremades. Y -de nuevo, parece- que la tomó para que pudiera ser revisado por otros miembros del equipo de trabajo, provocando un gran malestar entre él y A. Dagnino, así como la subsiguiente pérdida de confianza entre ellos y, finalmente, la posterior desaparición del expresidente de la ACdP del bufete Cremades & Calvo-Sotelo. Y, no se puede obviar, su posterior contratación por la Conferencia Episcopal Española.
Pero este “affaire” provocó, también, que una buena parte de los obispos españoles empezaran a cuestionar las cifras y la oportunidad del “Informe de auditoría sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica en España”, dado a conocer el 21 de diciembre de 2023 por la CEE: “llega tarde”, dirá el cardenal J. J. Omella, muy probablemente a la luz del texto adelantado por A. Dagnino y una vez conocidos los resultados del Informe del Defensor del Pueblo.
Y el segundo de los hechos es que la Conferencia Episcopal Española, publicó el 1 de junio de 2023 un Informe propio -fechado el 30 de mayo- sobre la pederastia eclesial titulado “Para dar luz” (que acabará conociéndose como “Para dar luz I”). En dicho Informe se facilitaban unas cifras sobre la pederastia eclesial, al parecer, muy cercanas a las que -supuestamente, de nuevo- proporcionará A. Dagnino más adelante a los obispos: 728 abusadores desde 1950 y, al menos, 927 víctimas.
El Informe del Defensor del Pueblo
En el marco de este sorprendente cruce de filtraciones y diferenciadas cifras de la pederastia eclesial y de una relación -progresivamente complicada entre la CEE y el equipo de Cremades & Calvo-Sotelo- se publica, a finales de octubre el Informe del Defensor del Pueblo (775 páginas). El 1 de noviembre de 2023 publiqué en “El Diario Vasco” un comentario al mismo que me parece oportuno transcribir.
He leído con detenimiento -comenzaba dicho comentario- la “Presentación” del “Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria” (27.X.23). También he leído con detenimiento el capítulo octavo, dedicado a las “conclusiones y recomendaciones” que formula el Defensor del Pueblo. Y, “en diagonal” el resto del documento. De la lectura realizada me queda una extraña sensación, a la vez, de esperanza y desaliento.
"De la lectura realizada me queda una extraña sensación, a la vez, de esperanza y desaliento"
Motivos de esperanza
De esperanza, porque -en medio de la tragedia- se ha puesto a las víctimas en el centro del diagnóstico: “lo sucedido es para ellas y para toda la sociedad un verdadero desastre”.
De aliento, tambien, porque se formulan orientaciones que apuntan a su reconocimiento y a la reparación; porque se recuerda la importancia de facilitar el apoyo psicológico a las víctimas, así como de mejorar su atención en el sistema judicial; porque se subraya la centralidad de la prevención, de la formación, de la sensibilizacióny de seguir impulsando la investigación: todavía es mucho el dolor que escuchar y conocer.
Y tambien porque se urge a reparar, simbólica y económicamente. De esperanza, igualmente, porque se evita la existencia de víctimas de primera y de segunda división cuando sostiene que el “abuso sexual infantil” “no se limita a una institución (la eclesial) y afecta, de un modo u otro, a todos los ámbitos (civiles) de socialización de los menores de edad”.
Y, finalmente, me siento alentado porque sostiene dos puntos que -referidos a la Iglesia católica- me gustaría que no pasaran inadvertidos: en primer lugar, la denuncia de que la pauta habitual de esta institución, “al menos a nivel oficial”, ha sido la minimización o negación del problema; algo, particularmente grave, vista “su aspiración a ejercer un liderazgo moral”. Y, en segundo lugar, el reconocimiento de que la Iglesia católica está necesitada de “un cambio estructural (…) en la línea de lo que han reclamado los informes emitidos en otros países”.
Patinazo, en versión hispánica
Pero he dicho -proseguía- que la lectura del Informe, además de abrirme a la esperanza en los puntos que acabo de reseñar, también me ha dejado descorazonado y, por ello, necesariamente, crítico. Visto lo sucedido en Francia con el Informe CIASE sobre la pederastia eclesial ¿era necesario que el Defensor del Pueblo encargara una encuesta demoscópica sobre este asunto? ¿No hubiera sido mejor ofrecer un diagnóstico, como lo han hecho los investigadores alemanes y suizos, a partir de los casos incontestablemente conocidos o reconocidos?
"¿Era necesario que el Defensor del Pueblo encargara una encuesta demoscópica sobre este asunto? ¿No hubiera sido mejor ofrecer un diagnóstico, como lo han hecho los investigadores alemanes y suizos, a partir de los casos incontestablemente conocidos o reconocidos?"
Mi desaliento se incrementa cuando se escuchan las extrapolaciones a las que se presta -como ya sucedió en Francia- dicha encuesta demoscópica.
Y con las extrapolaciones, los comentarios salidos de tono y las interpelaciones ancladas en el “y tú, más”. ¿Cómo es posible, se viene oyendo en Francia desde 2021, que prestemos atención a los supuestos 330.000 abusados por sacerdotes, religiosos o laicos al servicio de la Iglesia y no atendamos, como también se merecen, los supuestamente restantes 5,2 millones de niños franceses abusados sexualmente en otras instituciones civiles?
En estos días estamos asistiendo a una versión hispánica de este lamentable patinazo, de las extrapolaciones a las que se presta y del embarrado debate que está provocando: ¿cómo es posible, vengo escuchando, que se dé más importancia, según la extrapolación realizada por algunos medios de comunicación, a los supuestamente 440.000 abusados en la Iglesia católica y no se tengan presentes los millones de personas (más de cinco millones) que, tambien supuestamente, habrían padecido abusos, por ejemplo, en el ámbito familiar, en la vía pública o en los colegios no religiosos?
"He aquí la causa de mi desaliento; algo que el Defensor del Pueblo me podría haber evitado si se hubiera ahorrado la muestra demoscópica, a la luz del bronco y estúpido debate abierto en Francia y de la acogida habida en Alemania y en Suiza de sus respectivos Informes, a partir de casos reales e incontestables"
He aquí la causa de mi desaliento; algo que el Defensor del Pueblo me podría haber evitado si se hubiera ahorrado la muestra demoscópica, a la luz del bronco y estúpido debate abierto en Francia y de la acogida habida en Alemania y en Suiza de sus respectivos Informes, a partir de casos reales e incontestables.
📌#España | El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entregó un informe de 777 páginas sobre 440.000 denuncias por abusos sexuales de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos ante este delito.
— Go Communication Bolivia (@GoComBolivia) December 27, 2023
#IglesiaPederasta#Pederastía#ConLosNiñosNo#ConLasNiñasNopic.twitter.com/Ieo5xyKFMD
El precio que se puede pagar
Y finalizaba mi aportación formulando y respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Qué precio se puede acabar pagando, además del de la credibilidad de algunos medios de comunicación social que han impulsado o han hecho la ola a una de las extrapolaciones a las que se presta la muestra sociológica y han ocultado otras posibles?
Creo que dos: el desplazamiento, en primer lugar, de la centralidad que han de tener -como muy bien se subraya en el Informe- las víctimas y no, añado por mi cuenta, las filias y las fobias clericalistas o anticlericalistas de turno. Y el segundo, la irrelevancia en que puede quedar sumida la recomendación -fuertemente subrayada en el Informe- de seguir transformando la sociedad y sus instituciones; una recomendación que, en el caso, de la Iglesia, pasa por adoptar no solo “compromisos públicos” de reconocer las víctimas y reparar el daño causado, sino también, de proceder a “la reforma institucional, en lo que sea necesario”. Cerraba mi aportación formulando un deseo: “Ojalá que mis temores sean infundados”.
"Delirio estadístico"
Después de escribir este artículo de opinión he escuchado decir a Narciso Michavilla, director de GAD3 -la empresa encargada de realizar la encuesta publicada en el Informe del Defensor del Pueblo- que la extrapolación realizada por algunos medios de comunicación social no pasaba de ser un “delirio estadístico”. Era evidente que iba a costar -y mucho- mantener la cabeza fría (para hacerse con un diagnóstico fiable y proceder en consecuencia) y el corazón caliente (para no perder de vista la centralidad de las víctimas y aparcar tanto los intereses ideológicos como las polarizaciones en liza).
"Y, siendo ésta la situación -que algunos calificarán -como he adelantado- de 'embarrada'- llegamos al 21 de diciembre de 2023, fecha en la que los obispos españoles, a la vez que difunden el Informe de la auditoría encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, dan a conocer otro, de la misma Conferencia Episcopal Española, titulado Para dar luz"
Y, siendo ésta la situación -que algunos calificarán -como he adelantado- de “embarrada”- llegamos al 21 de diciembre de 2023, fecha en la que los obispos españoles, a la vez que difunden el Informe de la auditoría encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, dan a conocer otro, de la misma Conferencia Episcopal Española, titulado “Para dar luz”, en continuidad con el hecho público en junio del mismo año (denominado, a partir de ahora, “Para dar luz II”) y en el que se facilitan unas cifras que no coinciden ni con las aportadas por la auditoría Cremades ni tampoco con las facilitadas por el Defensor del Pueblo.
Pero vayamos por partes, empezando por el llamado Informe Cremades, de 956 páginas.