Recorrer la provincia de Sucumbíos, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, frontera con Colombia, es verse acompañado de kilómetros y kilómetros de oleoductos que transportan uno de los elementos que más muerte ha sembrado en la Amazonía ecuatoriana, el petróleo. Desde hace casi 50 años, los pueblos amazónicos sufren las consecuencias de una actividad que acaba con la vida, de la naturaleza, de los animales y de las personas, sobre todo de los más pobres. Todo ello con la complacencia e impulso del estado ecuatoriano.

El cáncer, que afecta en algunos lugares al 10% de la población, se ha convertido en algo presente en el día a día de muchas familias, consecuencia de los abundantes derrames de crudo y de los llamados “mecheros de la muerte”, que queman día y noche el gas sobrante de la actividad petrolera, una llama que impresiona a la vista y penetra en los pulmones y en todo el cuerpo. Las más afectadas son las mujeres entre las que el cáncer de útero y de mama alcanza porcentajes mucho más elevados que en cualquier otra región del país. Lo mismo se puede decir de los casos de leucemia entre los más pequeños. También es común enfermedades respiratorias y cutáneas.

Todo ello comprobado por organizaciones de la sociedad civil, que el estado niega o disfraza, bajo presión de las petroleras, pues los casos son atendidos en Quito y oficialmente no tiene nada que ver con las consecuencias de la actividad petrolera. Muchos, los más pobres, ni siquiera llegan a tener como llegar hasta la capital ecuatoriana, y mueren sin atendimiento, pues en la provincia de Sucumbíos no hay ningún hospital oncológico.

Esta situación que se repite en la vecina provincia de Orellana, es narrada por los habitantes locales, que poco a poco han ido perdiendo el miedo ante las amenazas del estado, dueño de Petro Amazonas, y del resto de petroleras, la mayoría con capital extranjero, algo que lejos de resolverse aumenta cada día, pues ya se han anunciado nuevos campos petrolíferos, siempre sin consulta previa, no cumpliendo las leyes internacionales, y con el soborno a algunos líderes locales, que cambian su vida y la de su pueblo por un puñado de dólares.

Combatir esta realidad es desde hace décadas uno de los propósitos del Vicariato San Miguel de Sucumbíos, algo que nació en los tiempos de un obispo profeta, Monseñor Gonzalo López Marañón, el carmelita que estuvo 40 como pastor de esa Iglesia, haciendo realidad una Iglesia que camina con los dos pies, desde la opción preferencial por los pobres, desde las comunidades y el pueblo, con el que se mezclaba como uno más, lo que provocaba la admiración de casi todos, siendo recordado como aquel que “nos enseñó porque vivir y luchar”. Su memoria se intentó apagar entregando el Vicariato a los Heraldos del Evangelio, lo que provocó un grave conflicto social y eclesial, que acabó con su salida y la llegada de Monseñor Celmo Lazzari, que según diversos testimonios intenta recuperar esa memoria de una Iglesia comprometida en la defensa de la Amazonía y de sus pueblos.

La Iglesia de Sucumbíos, en tiempos de Monseñor Gonzalo, fue la gran articuladora social en una región donde las petroleras llegaron para sembrar muerte y llevarse los recursos. La Pastoral Social Caritas es hoy quien continúa esa defensa, sobre todo de la ecología y de los derechos humanos, en una tentativa de mostrar que “es posible otra Amazonía”, como relatan algunos de sus miembros, que afirman que “somos una Amazonía que queremos vivir con dignidad”.

Desde las pastorales sociales se denuncia que las aguas están contaminadas como consecuencia de la actividad petrolera, sobre todo de la Chevron Texaco, que dejó enterradas cientos de piscinas de crudo que con los años han contaminado ríos y acuíferos. Lo mismo se puede decir de los efectos del glifosato, que el estado colombiano usó durante años para combatir las plantaciones de coca durante el conflicto armado, pero cuyos efectos se sienten en esta región fronteriza, afectando a la agricultura de los pequeños productores, que afirman que su producción cada vez es menor. Desde la Pastoral Social Caritas se les apoya en el incentivo de producción ecológica que semanalmente venden en la feria agropecuaria, donde a duras penas van sacando para mal vivir.

Una de las zonas más afectadas por la actividad petrolera es la parroquia de Pacayacu, donde sus habitantes, víctimas de continuos derrames, denuncian las enfermedades que sufren y como sus fuentes de renta, agricultura, ganadería y piscifactorías, todo en muy pequeña escala, se han ido perdiendo. Se trata de gente pobre que cada día es más pobre y, además de eso, cada día ve como su salud se va deteriorando. En esa parroquia, la presidenta, recientemente elegida se ha convertido en una defensora de mucha gente, lo que está provocando mal estar en las autoridades de instancias gubernamentales superiores y de las propias petroleras, como ella misma reconoce. A pesar de todo, las constantes denuncias no tienen por ahora ningún efecto significativo y las pocas ayudas que les prometen, rápidamente se esfuman.

Varias personas afirman que el petróleo ha sido una maldición, que sólo ha provocado discapacidad, enfermedad y muerte. Ellos no se sienten amparados por las autoridades y se ven aislados, en un país que, a pesar de tener suficientes leyes que les deberían proteger, no son respetados por quien tiene el poder, comenzando por el mismo presidente del país, sintiéndose amordazados y víctimas de una muerte lenta para todos.

Una de las instituciones de la sociedad civil que se está implicando decisiva en el apoyo a las víctimas de esta crisis ambiental es la Fundación Clínica Ambiental, que trabaja en común con la Pastoral Social Caritas. Desde su sede en Shushufindi, impulsan talleres de permacultura, bioconstrucción, biomagnetismo, en una tentativa de mostrar que todavía hay esperanza y que uno se puede servir de lo que ofrece la naturaleza sin destruirla. La fundación impulsa los comités de reparación desde cinco ejes: agua, cáncer, salud preventiva, recuperación de suelos y rescate cultural. Destaca en su trabajo el acompañamiento a las víctimas de cáncer y sus familias, relatando que en varios casos las mujeres enfermas son abandonadas por sus maridos, por lo que el apoyo de las comunidades es muy importante.

Ante esta situación nada fácil resulta esperanzador escuchar que “el Papa Francisco me llena de emoción, pues pide que todos se unan en la lucha de la defensa de la Amazonía”. Al mismo tiempo, se afirma que es bonito hablar del proceso de una Iglesia encaminada a acompañar a los pueblos desde la cercanía, una Iglesia que quiere ser espacio formativo como propuesta de cambio, entendiendo que por encima de religiones, todos somos afectados por la contaminación, por la falta de educación o de sanidad.

A las puertas del Sínodo para la Amazonía, que busca nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, y que tendrá su asamblea sinodal de 6 a 27 de octubre, ésta realidad de Sucumbíos, como de muchas otras regiones de la Amazonía, suponen un desafío todavía mayor para el propio Sínodo, pues no son pocos quienes lo ven como una luz en el horizonte, que ayude a la Iglesia y a la sociedad global a tomar conciencia de las situaciones que se viven y, sobre todo, de las víctimas de esas realidades de muerte que sueñan con vida para todo y para todos.