La crisis de derechos humanos en Colombia cumple un mes, mientras el Gobierno de Iván Duque privilegia el tratamiento militar de las protestas en su contra.

Este viernes 28 de mayo fue emitido un decreto presidencial que ordena levantar mediante la fuerza los bloqueos que se multiplican en diversos puntos del país. La medida, orientada a profundizar la respuesta represiva, particularmente en ocho departamentos del país, conlleva “un golpe de facto a autoridades locales”, en opinión de la politóloga e internacionalista Laura Gil, si bien otras personas la celebran.

El día coincidió con una nueva jornada de sangre en Cali, una de las ciudades en las que más ha escalado la violencia en medio de la represión y el descontento social, al punto que entre los muertos no solamente se cuentan manifestantes, sino también un funcionario de la Fiscalía General de la Nación acusado de abrir fuego contra estos.

“La Iglesia católica repudia todo asesinato y llama a proteger la vida, incluso de los asesinos”, manifestó el departamento de comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali. “La justicia por mano propia es una trampa en la defensa de la vida y de los derechos. No caigamos en ninguna provocación”, pidió la iglesia local, mientras, a través de redes sociales, se difundían imágenes de policías acompañados por hombres vestidos de civil que disparaban a los manifestantes.

Diez habrían sido los muertos en Cali el día en que la ola de protestas cumplió un mes, según información divulgada por el secretario de seguridad de la ciudad, Carlos Alberto Rojas. Organizaciones de la sociedad civil como TembloresONG sostienen que desde el 28 de abril, cuando tuvo inicio el Paro Nacional, los homicidios presumiblemente efectuados por miembros de la Fuerza Pública en diferentes ciudades son al menos 43.

Especial preocupación han merecido las denuncias sobre desaparición forzada. El movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado (Movice) denuncia que serían al menos 327 los desaparecidos durante el Paro. Por su parte, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz informó esta semana que tiene conocimiento sobre denuncias que refieren a asesinatos contra detenidos, cuyos cadáveres estarían siendo enterrados en fosas comunes en municipios como Buga o Yumbo.

A manos de funcionarios vinculados con el Gobierno, instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, encargadas de esclarecer las violaciones de derechos humanos en Colombia, no cuentan con la confianza de buena parte de la sociedad civil. Por eso diversos sectores políticos le han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitar el país. La entidad ha manifestado su preocupación por lo que está ocurriendo en Colombia y su interés de llevar a cabo una visita de trabajo “a la brevedad posible”. Pero dicha visita no ha podido concretarse, debido al proceder del Gobierno colombiano.

Juan Grabois, miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, quien había llegado al país el pasado miércoles 26 de mayo, como parte de una Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos proveniente de Argentina, fue deportado ese día, luego de que se le negara entrada a Colombia. El dirigente social divulgó información de su pasaporte, para desmentir la versión difundida por el Gobierno según la cual sus documentos no estaban en regla y sostuvo que su inadmisión correspondió a una decisión política de Iván Duque de calificarlo como un riesgo para la seguridad y la convivencia.

Si bien Grabois ha aclarado que el Vaticano no está detrás de la Misión, ha dicho que la Santa Sede sí es una de las instancias internacionales a las que se pretende hacer llegar un informe con las graves denuncias que en terreno están levantando por estos días los restantes miembros del grupo que sí pudieron ingresar al país.

Desde Lima, Perú.@MisionIntCol#SOSColombiapic.twitter.com/odMmDAPCrC

— Juan Grabois (@JuanGrabois) May 26, 2021

El S.O.S de la Vida Consagrada

El denominado sector interreligioso en Colombia se ha expresado de múltiples formas en atención a la crisis. Desde una reunión con el presidente Duque, hasta la participación de algunos religiosos en movilizaciones callejeras, pasando por pronunciamientos de diversas instituciones como la Conferencia Episcopal y la Iglesia Evangélica Luterana, no ha faltado su figuración en medio de la escena pública. Lo anterior no quiere decir que dicho sector sea homogéneo. Todo lo contrario.

Compuesto por exponentes de diversas expresiones religiosas y espirituales, el sector interreligioso es heterogéneo en sus posiciones y así como algunas personas han rodeado al Gobierno, otras han manifestando enfáticamente su rechazo a la represión. Entre estas últimas se cuentan algunos miembros de la Orden de Predicadores, especialmente jóvenes en proceso de formación, que han salido a la calle, para unirse a quienes se oponen a la violencia y buscan que sean abiertos caminos de diálogo.

“El evangelio nos exige estar del lado del pueblo, de los pobres y de las causas justas”, explica fray Julián Herrera, retratado durante una de las jornadas de protesta con el hábito blanco de los dominicos, mientras sostenía en sus manos un letrero: “Bienaventurados los que paran por la justicia, porque serán llamados hijos de Dios”. Según el religioso, el estallido social en Colombia ha permitido escuchar el grito de quienes exigen el respeto de la dignidad: los descartados por una economía injusta que profundiza la inequidad, verdadera raíz de la violencia, tal y como explicó el papa Francisco en Evangelii Gaudium. Si bien el dominico reconoce que también ha habido excesos entre los manifestantes, piensa que no se puede negar una desproporción en el exceso de fuerza por parte de las fuerzas del orden, a su juicio, responsables por acción y omisión de la grave crisis de derechos humanos.

Otros sectores de la vida consagrada en Colombia han echado mano de herramientas digitales para responder de algún modo a la situación. Con el apoyo de la CLAR y de la CRC, un equipo intercongregacional, conformado por jóvenes consolatos, salesianos, franciscanos, escolapias, hermanos de La Salle, jesuitas y laicos, ha invitado a sus correligionarios a solidarizarse con el dolor. Los inspira la figura del arzobispo mártir de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, a quien dedicaron recientemente un “conversatorio” virtual, en busca de encontrar elementos para orientar su labor pastoral en medio de la crisis.

Jonathan Acuña, misionero de La Consolata, es uno de los animadores de la iniciativa ReligioS.O.S Unidos por Colombia. En diálogo con Religión Digital, el también psicólogo manifestó su inconformidad con el hecho de que en el país la muerte sea “el pan de cada día”. Y no solamente en ciudades, sobre todo en territorios rurales que históricamente han permanecido fuera del foco de la atención pública. Escenarios en los que, a su juicio, la vida consagrada debe asumir una decidida actitud profética en medio del pánico, el miedo y la desesperanza.

En tiempos de crisis, ¿qué papel puede cumplir la espiritualidad? La anterior es una de tantas preguntas que por estos días se hacen Acuña y sus compañeros y compañeras. Para ahondar la reflexión han invitado a sus encuentros a diversos teólogos y funcionarios eclesiásticos como el arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, quien clama en medio de la convulsión para que sea conformada “una columna vertebral de lealtad a la vida y al diálogo”.

El mundo observa

No solamente en Colombia, sino también en el exterior, sectores del cristianismo han salido a las calles para pronunciarse por una solución pacífica frente a la crisis que se vive en el país suramericano. En el último mes, el misionero claretiano Henry Ramírez, representante ante la ONU por parte de su congregación, ha participado en varias marchas llevadas a cabo en Nueva York.

Según el religioso, las reivindicaciones de quienes participan en las movilizaciones en Colombia, clamando por mejores medios de vida y acceso, entre otras cosas, a educación, empleo y salud, están conectadas con las propias reivindicaciones de los migrantes colombianos en diversos países, muchos de los cuales debieron dejar su tierra en busca de un mejor futuro. El misionero considera que detrás de la crisis está la firme decisión del presidente Duque de cerrar las vías de diálogo, tal y como se lo han exigido los miembros del partido de Gobierno y, en especial, su jefe natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El tratamiento militar de las protestas como supuesto problema de orden público correspondería a un “libreto” que el Ejecutivo estaría siguiendo, en obediencia a los sectores políticos responsables de su llegada al Palacio de Nariño: los mismos sectores que prometieron “hacer trizas el acuerdo de paz”. 

A juicio de Ramírez, dicha estrategia deja ver la influencia que en Colombia todavía tiene la doctrina de seguridad nacional, un conjunto de tesis castrenses y económicas que catalogan a los movimientos sociales como parte de un complot internacional comunista y niega su condición de manifestación legítima de la ciudadanía.

La anglicana Emilie Smith, copresidenta del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina (SICSAL), conoció de primera mano dichas tesis en la década de 1980, mientras trabajaba en Guatemala. Párroca en la actualidad en una comunidad cercana a Vancouver (Canadá), Smith repite por estos días una consigna: “los colombianos no están solos”. Y lo hace también en las calles, en compañía de migrantes del país suramericano; entre ellos una familia amiga proveniente de Buenaventura.

Para la copresidenta del SICSAL el abrazo entre derechos humanos y cristianismo exige un compromiso a favor de la vida plena. Esta supone también enderezar el rumbo del sistema económico, detener la depredación característica del extractivismo, responsable de la degradación ambiental, pero también de la multiplicación de conflictos sociales que afectan, particularmente, a los pueblos étnicos. Por eso entre las acciones de solidaridad de Smith y del SICSAL a favor de Colombia también está incidir ante instancias políticas canadienses para poner fin a los daños ecológicos producidos en el país suramericano por empresas mineras provenientes de Canadá.

Estas postales de la movilización y del activismo cristiano en atención a la crisis en Colombia ponen de manifiesto que no está el país simplemente ante un problema de coyuntura. Durante su paso por Bogotá, en 2017, el Papa dijo que “la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos”. Dirigiéndose especialmente a los jóvenes, desde el balcón del palacio arzobispal, Francisco les pidió que dejaran que el sufrimiento de sus hermanos colombianos los movilizara. Es lo que están haciendo en este momento miles de ellos, a pesar de la represión.