14 años de prisión a todo aquel que sepa de un delito de traición y no lo denuncie "Traición por negligencia": Hong Kong obliga a los sacerdotes a romper el secreto de confesión

La controvertida Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que supone un mayor endurecimiento del control sobre las libertades para reprimir crímenes políticos como la "traición" y la "sedición", aprobada en tiempo récord el 19 de marzo con la bendición de la República Popular China, también conocida como Artículo 23, también criminaliza a los sacerdotes que no rompan el secreto de confesión cuando sepan de algún delito de traición.

Para el proyecto de ley de más de 200 páginas, publicado hace apenas 11 días y ya discutido en un tiempo récord en primera lectura la semana pasada, fue suficiente una sola sesión para que se aprobara en un solo día en segunda y tercera lectura en el Consejo Legislativo, el parlamento local: tanta era la urgencia de "proteger" a Hong Kong de la "interferencia externa". Y, sobre todo, la urgencia de evitar lo que ocurrió en 2003, cuando un verdadero debate en el seno de la sociedad civil sacó a las calles a cientos de miles de personas y obligó al gobierno de aquel momento a retirar una disposición que, en la práctica, hacía que la disidencia fuera imposible, tal como ocurre en China continental.

"También conocida como Artículo 23, también criminaliza a los sacerdotes que no rompan el secreto de confesión cuando sepan de algún delito de traición"

La libertad religiosa en peligro

Para el activista Benedict Rogers, fundador del observatorio Hong Kong Watch, se trata de una ley que socava la libertad religiosa, porque supone una “posible amenaza a la confidencialidad del sacramento de la Confesión” y porque, en la práctica, conlleva una “intensificación de la autocensura del clero en cuanto a lo que se predica en los sermones”.

Rogers, a quien los medios oficiales chinos describen como “una grave amenaza para la seguridad del Estado y los intereses de la Nación”, insiste en la preocupación que genera que tanto los sacerdotes “se vean presionados para denunciar los delitos confesados”, como que los penitentes sean “reacios a confesarse si tienen algún asunto políticamente delicado que deseen mencionar en confesión”.

La Ley de Seguridad tipifica el delito como “traición por negligencia”, y no solo apunta a los sacerdotes, sino a todo aquel que se entere de conductas contrarias a la seguridad del Estado, pero no las comunique ni denuncie. Todo aquel que la incumpla podría ser condenado a 14 años de prisión. “También existe la preocupación de que las iglesias se vean sometidas a una mayor vigilancia e infiltración”, asegura Rogers.

Los hilos del control de la libertad religiosa por parte de las autoridades de Hong Kong conforman una red opresiva pero casi imperceptible sobre los ciudadanos de la región asiática, administrada con mano de hierro por China.

Tal y como señala Rogers, los métodos son “insidiosos y sutiles” porque se basan en el miedo. Los hongkoneses padecen un control implacable, aunque silencioso, “principalmente como resultado de la autocensura, el control y la vigilancia”.

En febrero de 2018, entró en vigor en China la “Nueva reglamentación de las actividades religiosas”, por la que las autoridades solo permiten aquellos actos y ceremonias que se celebren en lugares registrados oficialmente y, por lo tanto, controlados. Una “sinización” de la religión, orquestada también en Hong Kong por el régimen de Pekín, que según Rogers también es parte del elenco de amenazas a la libertad religiosa. Por último, el activista cita los desafíos que esto supone en el sector de la educación en Hong Kong, “donde más del 60% de las escuelas están dirigidas por organizaciones eclesiásticas”.