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"Por un Madrid fraterno y solidario. Democracia, pues, e iguales derechos para todos" Benjamín Forcano: "La situación de la Cañada Real Galiana es inconstitucional"

Cañada Real Galiana
Cañada Real Galiana

"En apoyo a la Carta enviada al Papa, pidiéndole su mediación para resolver la intolerable situación de La Cañada Real"

"Hay situaciones sociales en Madrid, especialmente en la periferia, que interpelan a todos, primariamente a los mismos ciudadanos y de manera no menos relevante a los políticos y a las autoridades que lo gobiernan"

"El ejemplo de La Cañada Real Galiana es un espejo en el que todos aparecemos reflejados, sin que se pueda eludir el compromiso que a todos y a cada uno corresponde"

"Este menosprecio cobra vigencia cuando en realidad no se cree en la igual dignidad de los humanos y de sus derechos"

| Benjamín Forcano

Defensa de la dignidad y derechos humanos de todos

Los que habitamos en Madrid, somos personas que nos consideramos miembros de esta comunidad, provenientes de orígenes y tiempos diversos. Pero, hay algo que nos une a todos y nos hace idénticos: la dignidad, la responsabilidad y los derechos humanos correspondientes.

Nadie: ciudadanos religiosos o ateos, profesionales de todo género, autoridades civiles y religiosas, economistas y políticos, podrán entender, implicarse y garantizar una convivencia justa y digna si no se identifican y aceptan como iguales.

Digo iguales, sin pretender ninguna novedad, pues lo proclaman como norma universal la Declaración Universal de los derechos humanos y lnuestra Constitución Española.

La Declaración universal

- “Toda persona, como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, a los recursos del Estado y la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales , indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” (Art. 22) .

- “Toda persona tiene derecho al trabajo y a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, a sí como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” (Art. 23 ).

- “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure a sí como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, el vestido, la vivienda , la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (Art. 25).
La Constitución Española (Tit. preliminar, art. 9).

“La Nación española, reconociendo que todos los españoles son iguales ante la ley (cap. II, Art. 14), encomienda a los poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivos” (Tít. Preliminar, Art. 9).

Entre esas condiciones, están las de garantizar:

“El derecho al trabajo y una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia” (Cap. II, Art. 35) y “Regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (Cap. II, Art.47).

Inconstitucional la situación de La Cañada Real Galiana

Hay situaciones sociales en Madrid, especialmente en la periferia, que interpelan a todos, primariamente a los mismos ciudadanos y de manera no menos relevante a los políticos y a las autoridades que lo gobiernan.

El ejemplo de La Cañada Real Galiana es un espejo en el que todos aparecemos reflejados, sin que se pueda eludir el compromiso que a todos y a cada uno corresponde.

Han sido muy diversas las instancias, -individuales y sociales- que han intervenido para reclamar de las autoridades españolas competentes una solución a la situación escandalosa de La Cañada Real.

Me parece de especial importancia el informe que en febrero de 2020 hizo el relator especial de la ONU Philip Alston y en el que alude a La Real Cañada:

“España les está fallando por completo a las personas que viven en la pobreza, cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea… 

“He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país… Un barrio pobre con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin ninguna mejora en su situación.

Vecindarios de pobreza concentrada donde las familias crían niños con una grave escasez de servicios estatales, clínicas de salud, centros de empleo, seguridad, carreteras asfaltadas o incluso suministro eléctrico legal… La palabra que he escuchado con mayor frecuencia en las últimas dos semanas es ‘abandonados’.

“Ahora España necesita un liderazgo innovador a escala nacional, respaldado con recursos para alentar a las comunidades autónomas a apoyar reformas de gran alcance. Con su acogida de los derechos sociales y la justicia fiscal, y su priorización de los más vulnerables, aplaudimos el mensaje del nuevo gobierno, pero es necesario que sus acciones estén a la altura de esa retórica... La pobreza es en última instancia una decisión política, y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla”.

El pueblo, sujeto soberano en toda democracia

En una democracia auténtica, el pueblo es el sujeto soberano de la misma y es quien elige a cuantos políticamente le van a representar y garantizar la consecución de esa dignidad y derechos. Ningún Partido surge y asume poder sin la ciudadanía. Y, es ella, en primera y última instancia, quien explora y determina si se cumplen los valores de nuestro Estado de Derecho: la libertad, la justicia, la igualdad, y el pluralismo político (Constitución Española, art. 1).

El problema de La Cañada Real es un ejemplo –no único- para poner al descubierto si nuestra presupuesta Democracia y los Partidos políticos que la representan se adecuan a los principios de la Constitución Española y, en última instancia, si la ciudadanía tiene conciencia de ello y dispone de base y condiciones para reclamar y asegurar su cumplimiento o, por el contrario, se contenta con depositar su voto en las urnas, sin acompañar el posterior resultado de esa votación.

Es, en este sentido, lo que se alumbra cuando, diversas sociedades, colectivos o instituciones, después de recurrir a las Administraciones y Autoridades competentes y tras sufrir sucesivas decepciones e impotencia, han decidido recurrir al mismo Papa para que haga valer su mediación en la solución de La Real Cañada, una situación intolerable, que viene afectando desde hace más de 50 años y que, en la actualidad, hiere a más de 4.500 personas.

Loable, supergenerosa y digna de gran mérito la acción múltiple que muchas personas están mostrando para aportar solución a tan grave problema. Pero, el enfoque para una solución eficaz, apunta a quienes, olímpicamente desentendidos, pasan de ella como si no les incumbiera.

Es a las autoridades de la ciudad, a los partidos políticos y, primero de todo, a quienes contamos como ciudadanos de Madrid, a quienes corresponde analizar, comprometerse y programar los medios y medidas para acabar con una situación, contraria a los Derechos Humanos Básicos de nuestra Constitución y que denuncia la retórica y falsedad de cuantos al frente de nuestra Democracia o en alianza con ella, hacen omisión absoluta de esos derechos .

Deber de toda política

La misión de toda política, que de verdad sea democrática, consiste en aportar recursos y medidas que hagan efectivos los derechos humanos. Salta a la vista que la cuestión que aquí se dirime es la de principios y no de intereses, que pretenden producir y distribuir riqueza al margen o en contra de los derechos humanos.

1. La norma a seguir no es asegurar una producción ilimitada, sino ordenarla ética y jurídicamente para asegurar los derechos de todos.

2. La economía no es autónoma ni entra en el mercado para actuar guiada por el egoísmo y el lucro, sino subordinada al cumplimiento de los derechos humanos.

3. Habrá proyectos y planes mil que el Estado –garante del Bien Común- deberá posponer o descartar, si previamente no se aseguran los derechos básicos de todos los ciudadanos.

4. El criterio, por tanto, para gobernar es: convenir y pactar, para atender primero a las necesidades y derechos de los ciudadanos y quien no acepte ese camino o pretenda otros objetivos, se sale del Estado democrático de Derecho.

Estará por el cambio, las reformas y el progreso quien entre por este camino y no quien aspire a acumular riquezas que ni son suyas ni provienen de su trabajo.

La convivencia democrática marca unas normas de igualdad, justicia, solidaridad y libertad que nos atañen a todos. Los derechos individuales no son absolutos sino relativos, limitados por los derechos de los demás, única manera de que podamos convivir como personas, democráticamente, consolidando una convivencia justa y armónica. Nadie puede construir su fortuna a costa de los demás.

Hacer real la democracia

Es esto simplemente lo que nos muestra, a modo de ejemplo esclarecedor, la situación angustiosa de ese barrio inmenso informal de La Cañada Real. Si nadie es más ni menos que nadie, sobran –por antidemocráticos- cuantos se empecinan en querer seguir dominando e imponiendo un estilo y nivel de vida que contradice al exigido por el respeto y cumplimiento de los derechos de todos.

Debe de ir por delante de “otros planes” la prioridad de establecer los derechos humanos básicos de todos, que no permiten que la inmensa riqueza de nuestro país, amasada entre todos, vaya a parar a unos grupos privilegiados o se destinen a planes y obras que menosprecian o descartan la prioridad de los derechos que faltan sobre todo en sectores de extrema necesidad.

Este menosprecio cobra vigencia cuando en realidad no se cree en la igual dignidad de los humanos y de sus derechos.

Es aquí donde está la clave para que unos u otros sectores sociales, agrupados en partidos, se señalen como defensores o impugnadores de reformas sociales inaplazables. Y llevar a cabo esa reforma, figura como primordial en el Programa de la Constitución, válida y obligatoria éticamente para todos los Ciudadanos, Políticos, Partidos y demás Administraciones y Autoridades pertinentes.

Es cuestión de ir directo a lo que más duele: redistribuir la riqueza con ecuanimidad para que, si ahora hay millones de ciudadanos -más de siete- que cobran bastante muy por debajo de los mil euros al mes y hay más de 120.000 españoles que cobran 20.000 € al mes, los políticos acuerden y legislen con qué medidas concretas corrigen esa distancia y otras celosamente ocultadas.

Democracia, pues, e iguales derechos para todos. Y con la respuesta a la vista, empeñarse en conformar con la justicia, los fallos, quiebras, transgresiones y omisiones de una política transgresora.

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