¿Es posible hacer luz sobre “denuncias creíbles” y “casos probados”? Los Informes sobre la pederastia eclesial en España: Cuatro reacciones y tres preguntas (y IV)

De entre las muchas reacciones habidas hasta el presente, retengo cuatro.

Jesús Bastante, en Religión Digital

Para Jesús Bastante (Religión Digital, 22.XII.2023), “la Conferencia Episcopal, que ha gastado más de 1,3 millones de euros en un informe encargado al bufete Cremades & Calvo Sotelo, considera ahora que dicho trabajo no es profesional”; algo que estaría realizando para obviar “algunas de las recomendaciones más potentes del bufete, como la de establecer ‘un fondo creado por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos para la reparación, dotado inicialmente con 50 millones de euros’ y con un baremo para las indemnizaciones, de entre 6.000 y cien mil euros”. “Los obispos españoles -indica en otro momento- ostentan el honor de ser el único episcopado del planeta que, en lugar de tomar conciencia de un problema real, se dedica a escarbar posibles denuncias falsas (…), encastillarse en una defensa numantina de su virtud y echar la culpa al empedrado. Nota al pie: el empedrado son las víctimas de pederastia clerical”. Y, por si eso pareciera poco, “no ha tenido la decencia de invitar a las víctimas a hablar en la Casa de la Iglesia, preguntarles qué necesitan, y cumplirlo. Así de simple. No se pedía, ni se pide más”.

Una editorial de El País

Por su parte, para el periódico “El País” (23.XII.2023), el Informe “Para dar luz II”  vendría a culminar “un desatinado desempeño por parte de la Conferencia Episcopal en su obligación de dar, además de luz, explicaciones sobre delitos muy graves, y de reconocer y reparar a sus víctimas”. Todo ello vendría a ser consecuencia del “camino anómalo” tomado por los obispos españoles, “muy diferente respecto a sus homólogos de países como Estados Unidos, Alemania, Francia o Portugal, entre otros, que, conscientes de la magnitud del problema, tomaron la iniciativa para esclarecer los hechos, encargaron ‘motu proprio’, exhaustivas investigaciones independientes y asumieron su responsabilidad”. A diferencia de esas otras Conferencias Episcopales, la Española optó “por intentar desacreditar las investigaciones periodísticas que dieron a conocer a la opinión pública el escándalo” y “encargaron una investigación solo cuando ya estaba tomada en el Congreso la decisión de encargar a una institución oficial un informe sobre los abusos”. Y concluye: “la sociedad española sigue mereciendo respuestas y, además, un modo coherente de conducirse por parte de los obispos”.

Vida Nueva

Según “Vida Nueva” (21.XII.2023), el Informe “Para dar luz II” no sería una “contraprogramación” al bufete Cremades & Calvo Sotelo, sino una “macro síntesis de esta auditoría y de la del Defensor del Pueblo, “cruzando datos, abordando el tema desde las perspectivas eclesial, histórico, sociológico y legal, así como analizando las propuestas en materia de justicia restaurativa y prevención, y traduciéndolas en medidas concretas a adoptar”. Es un texto en el que se “analiza de forma pormenorizada tanto las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo como las incluidas en los avances que el estudio de Cremades” ha ido facilitando a los obispos “en estos últimos meses a medida que se iba cerrando su trabajo”. A partir de ahí, el Episcopado las hace suyas, las valora y apunta hacia dónde dirigirá ahora sus pasos la Iglesia española para erradicar esta lacra. 

Fernando Prado, obispo de S. Sebastián

Finalmente, Fernando Prado, obispo de S. Sebastián, declaraba al Diario Vasco (23.XII. 2023) que “las cifras no reflejan la verdad del problema porque en ellas solo se recogen los casos denunciados a lo largo de décadas, es decir, de muchos años”. Y continuaba: “sin quitar nada de responsabilidad a lo que a la Iglesia respecta, sí quiero decir que esto lo que hace es sacar a la luz que hay un problema muy grave también en la sociedad. Eso es lo que los informes nos dicen. Más allá de las cifras, lo importante son las víctimas y todas esas otras personas que no han denunciado los casos. El problema es muy grave. No solo en la Iglesia, sino en la sociedad, y tenemos que ir abordándolo. Desde la mala y triste experiencia que hemos podido tener en la Iglesia como institución, ayudar también a nuestra sociedad a abordar un tema que atañe a todos los colectivos”. Tras estas consideraciones, concluía indicando que “a los informes del Defensor del Pueblo y el de Cremades se añade otro interno que hemos hecho nosotros que se llama 'Para dar luz II'. La intención es aportar al nuestro todo lo bueno y valioso de esos dos informes para dar más pasos en esta reparación integral y sobre todo pensar en un futuro para que esto no se repita”.

Tres preguntas

Después de este recorrido, me surgen tres preguntas para las que no acabo de encontrar una respuesta satisfactoria.

¿Por qué encargar una Auditoría?

La primera de ellas, referida a la necesidad de encargar una Auditoría al bufete Cremades & Calvo-Sotelo el mes de febrero de 2022, sabiendo que en el Congreso español se estaban debatiendo tres posibles modelos de investigación: el liderado por el PSOE -que acabará imponiéndose al mes siguiente- partidario de formar una comisión independiente y liderado por el Defensor del Pueblo; el de Unidas Podemos, ERC y Bildu -que apostaban por una comisión parlamentaria- y el del PNV, que se decantaba por encargar la investigación a un grupo de expertos independientes? 

Una respuesta a esta pregunta, que me parece estrictamente estratégica, es que la CEE quisiera contar con una investigación propia que, alternativa a la -entonces, previsiblemente- liderada por el Defensor del Pueblo, permitiera a los obispos presentarse -en el caso de que fueran llamados a declarar en las Cortes- con los deberes hechos, una vez entregado y estudiado el correspondiente Informe del Defensor del Pueblo por los grupos parlamentarios. 

Sospecho que los prelados, conscientes de este posible contexto -marcadamente político- buscaban presentarse debidamente pertrechados; en particular, ante las fuerzas políticas interesadas en erosionarla institución eclesial. De ahí -sigo formulando una hipótesis en el marco que acabo de reseñar- su interés por contar con una Auditoría alternativa, en principio y aparentemente, más favorable que la que pudiera ser liderada por el Defensor del Pueblo.

Sin duda, existen otras respuestas a esta pregunta, pero la que acabo de explicitar es la que, desde hace tiempo, me viene a la cabeza. Y me viene sin poder evitar -ya sé que ahora soy un ingenuo de conveniencia- dónde pueden quedar el Evangelio, el amor a la verdad y la pasión por la  justicia; el fundamento -así lo creo- de toda estrategia. Solo me queda esperar a ver cómo se desarrolla el trámite parlamentario del Informe redactado por el Defensor del Pueblo en el Congreso.

¿Cómo se puede explicar el desencuentro Cremades – CEE?

La segunda de las preguntas está referida al cruce de reproches e Informes entre el bufete Cremades & Calvo-Sotelo y la CEE. ¿Cómo es posible que se haya producido un desencuentro de este calibre?

Ante esta cuestión, se me cruzan dos posibles respuestas, marcadas, una de ellas, por la comprensión y, la otra, por la perplejidad.

Por la comprensión, porque -en abstracto- entiendo que la CEE tenga una hoja de ruta propia a partir de los diferenciados Informes del Defensor del Pueblo y del bufete Cremades & Calvo-Sotelo. Pero, a la vez, por la perplejidad: ¿Qué sentido tiene encargar una Auditoría externa, si no hay -al parecer- la mínima disponibilidad requerida para aceptar sus diagnósticos, cifras y recomendaciones? 

Sinceramente, no lo entiendo; a no ser que el “affaire” A. Dagnino refleje una tensión -no debidamente abordada y, por ello, mal resuelta- en el bufete Cremades & Calvo-Sotelo entre los partidarios, por un lado, de redactar un Informe que, “benevolente” con la Iglesia, permitiera a la Institución eclesial salir airosa de previsibles investidas por parte de algunos grupos políticos en sede parlamentaria, pagando el precio de tener como prioridad a las víctimas. Y, por otro lado, los más propensos a escuchar a las víctimas y, en coherencia con dicha escucha, poner a la Iglesia el listón todo lo alto que fuera preciso para reparar y erradicar esta lacra, importando bien poco el ruido político que pudiera activar la investigación  y el trámite en sede parlamentaria. 

Solo a la luz de esta hipotética disyuntiva, me explico -pero, insisto, es una mera hipótesis explicativa que me facilito a mí mismo- que tales complicadas relaciones hayan dado pie a la reacción de un tercer Informe (“Para dar luz II”) que corrige la plana al escrito por Cremades & Calvo-Sotelo en lo referido a las fuentes de información (sobre todo, eclesiales y estatales, además de otras) y a las cifras de “casos” cuyos testimonios -tal y como sostienen los redactores del Informe de la CEE- han sido “probados” y no solo -como ha hecho el bufete- “denuncias creíbles”, sin haber realizado “un estudio en profundidad de los mismos”. 

Y, por eso, tambien me explico que los redactores del Informe de la CEE recuerden, “a tiempo y a destiempo”, que los casos de pederastia eclesial son “muy escasos” o, incluso, “cuasi residuales”, en comparación con los que se detectan en otros ámbitos de la sociedad; es decir, que el problema es, ciertamente, eclesial, pero, sobre todo, social y, por ello, la responsabilidad mayor corresponde a los líderes políticos y a las instituciones públicas.

E, igualmente, me explico -lo reitero, a la luz de la hipotética disyuntiva reseñada en el seno del bufete- que el Informe de la CEE cuestione el fondo de 50 millones o que no haga referencia alguna a la necesidad de investigaciones posteriores -indudablemente independientes- ni que se preste la atención debida a estudiar la implicación de los obispos en todo este drama ni, por supuesto, al modelo de Iglesia que los ha propiciado y encubierto -marcadamente absolutista y medieval- ni al ejercicio de la autoridad, para nada corresponsable y sinodal. 

Es evidente que para los redactores del Informe episcopal no hay ningún problema sistémico o estructural, tal y como, por otra parte, sostiene el Defensor del Pueblo con toda claridad. El drama de los abusos sexuales a menores es una urgencia eclesial -por supuesto, importante- pero de menor entidad, sobre todo si se la compara con la pederastia que se da en ámbitos fuera de los estrictamente eclesiales. Como mucho, es algo que se puede arreglar bastante bien mejorando un poco las reparaciones económicas ya en curso y cuidando la formación y la prevención.  

¿Es posible hacer luz sobre “denuncias creíbles” y “casos probados”?

La tercera de las preguntas está referida a la importancia que pueda presentar el número -imposible de precisar con exactitud- de “denuncias creíbles” o de “casos probados”. Vista la discrepancia de metodologías, criterios y cifras ¿por qué no se encarga a una comisión, realmente independiente, un estudio exhaustivo que permita hacer luz sobre los abusos sexuales –“denunciados” y “probados”- en la Iglesia y en la sociedad? No me parece que sea una tarea imposible, por más que unos (los partidarios de las extrapolaciones sociológicas o “delirios estadísticos”) y otros (los abonados a la minimización por criterios solo jurídicos) se puedan poner nerviosos.

Y acabo. 

Me quedo con las recomendaciones del Defensor del Pueblo

A la luz de lo recensionado y de las preguntas apuntadas, creo que lo mejor es que me quede con las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo. Me gustaría que, sobre la base de tales recomendaciones, se activara una comisión independiente que, además de hacer luz suficiente sobre el número de víctimas, ayudara a poner en su sitio las extrapolaciones y el “delirio estadístico” en el que han incurrido algunos medios de comunicación. 

Es muy posible que esté equivocado con esta recensión que he hecho; más aún, no faltarán quienes sostengan que es más que probable que esté totalmente equivocado. Pero eso es algo que ya dejo en manos del lector y de lo que puedan deparar los próximos movimientos que, referidos a esta tragedia, se van a dar en sede parlamentaria. Esto todavía no ha acabado.