Tras dos semanas de incertidumbre, jaloneos y amagos, el presupuesto 2020 fue aprobado dándole al presidente de la República los ansiados recursos para seguir en el reparto del dinero a programas asistenciales y la consolidación de sus obras emblemáticas sexenales. 

Para los diputados la consigna era clara. “Ni un centavo…” Esa fue la instrucción desde la Secretaría de Hacienda a los legisladores de Morena y sus partidos satélite para no descuadrar el proyecto presidencial al cual se le quiso calificar de responsable y austero para un año difícil, de crecimiento nulo. De más de 6 billones de pesos, el presupuesto de egresos de la Federación privilegiará los programas de reparto de recursos a los adultos mayores y de becas a los estudiantes, precios de garantía y la restructuración de las empresas productivas estatales del sector energético y de inversión a las grandes obras con la marca de AMLO, el tren maya y el cuestionado aeropuerto de santa Lucía.

Pero lo grandes protagonistas no fueron los diputados oficialistas entre quienes también hubo fracturas que amenazaron la unidad para tener un presupuesto planchado por la aplanadora. Grupos y organizaciones campesinas bloquearon el Palacio Legislativo con el fin de lograr reasignaciones para dotar al campo de mayores recursos. “Es un sector que se ha ido desmantelando…” dirían las dirigencias quienes prácticamente montaron un circo de entretenimiento para sus agremiados en las inmediaciones de San Lázaro.  Sin embargo, estratagemas de los líderes parlamentarios llevaron al baile a los inconformes cuando la sede de los diputados fue puesta muy lejos de la zona cero. Una sesión más bien de trámite para hacer legítimo y legal lo que se repudió en las calles. Fue la erosión de la credibilidad en la separación de poderes cuando los legisladores de la Juntos haremos historia avalaron prácticamente una asamblea de apoyo a López Obrador para aprobar el presupuesto al cual se acusó de haber sido dictaminado en la Secretaría de Hacienda y sólo palomeado por Morena, PT, PES y el Verde Ecologista.

Mientras, los legisladores de oposición, excepto el grupo parlamentario del PAN, argumentaron estéril e inútilmente sobre los riesgos del presupuesto cargado hacia el asistencialismo, cuestionaron además los recortes de mil 300 millones al Poder Judicial, de mil 500 millones a la Fiscalía General de la República y de mil 500 millones al fortalecimiento de los programas de seguridad pública. Para la oposición no hay duda: el crecimiento económico será nulo, se agotará la eficacia de los institutos autónomos del Estado mexicano, se abandonará a las primeras instancias de los órdenes de gobierno, es decir, los municipios. En uno de los discursos, prácticamente se denunció la falta de recursos a estancias infantiles, la carencia de presupuesto a los programas de las escuelas de tiempo completo y al fracaso a la implementación de la reforma educativa que fue la gran promesa de AMLO para ser revertida. 

Nadie quiere el mal para México y es cierto, la cobija presupuestal no abarca a todos; sin embargo, limitar al Estado mexicano en los rubros para su desarrollo es prácticamente un salto al vacío. Un presupuesto asistencialista también es un riesgo de abrir un boquete de corrupción política que ya se vio en las últimas horas en donde Morena y sus aliados usaron las argucias que parecían haber sido olvidadas. Incluso entre esos discursos y los miles de palabras, gritos al desierto, algún diputado o diputada definió claramente lo que fue este montaje cuyo epílogo fue consentir un asfixiante presupuesto con tendencias dictatoriales.