Proceso sobre la gestión de los fondos de la Santa Sede entra en la recta final La sentencia sobre el caso Becciu, el 16 de diciembre

Durante casi ocho horas, los abogados respondieron a los alegatos finales de la Oficina del promotor de justicia y de las partes civiles. En la sala polivalente de los Museos Vaticanos, todos los abogados reiteraron, con diferentes acentos y oposiciones, la debilidad, en su opinión, de la estructura acusatoria del promotor Alessandro Diddi y de sus adjuntos. Y concluyeron confirmando las peticiones de absolución para sus defendidos.

El abogado de Crasso: ningún vínculo sobre los fondos invertidos

Empezando por Luigi Panella, defensor del financiero Enrico Crasso, asesor de la Secretaría de Estado, quien tras repetidas referencias al Nuevo y Antiguo Testamento, declaró que el promotor, incluso en su respuesta, "intentó doblegar la realidad a su idea investigadora, borrando y transformando las cartas de los cardenales Tarcisio Bertone y Pietro Parolin al Credit Suisse Age, en diferentes momentos, que dejaban claro que no existía ninguna restricción de destino sobre las sumas depositadas en el banco suizo, y por lo tanto el sustituto de la Secretaría de Estado siempre podía disponer de ellas como quisiera".

Por último, el abogado de Craso subrayó que la acusación de soborno se basaba únicamente en los testimonios de Perugia y Milanese, que relataron palabras oídas por otras personas.

La cúpula de AIF “cumplió la normativa”

A continuación intervino el abogado defensor de Renè Brüllhart, ex presidente de AIF, la Autoridad de Supervisión Financiera, Ugo Dinacci, quien reiteró la dificultad de entender cuál era la conducta de abuso de poder de su cliente. La única supuesta prueba aportada por la acusación, para el abogado, sería la carta de Tommaso Di Ruzza, ex director de la AIF (acusado) que autorizó al corredor Gianluigi Torzi (otro acusado) a representar a la Santa Sede.

Abordando a Dinacci, Angela Valente, abogada de Di Ruzza, afirmó que la cúpula de la AIF había cumplido la normativa del sector. Y, por tanto, sería falso que la AIF hubiera obligado al IOR a elegir la inversión en el edificio londinense del 60 de Sloane Avenue. “Sólo señalaron al IOR – dijo Valente – que se ocupaba de tareas que no le correspondían”.

Tirabassi, "el chivo más expiatorio de todos”

Cataldo Intrieri, abogado de Fabrizio Tirabassi, antiguo funcionario de la Oficina administrativa de la Secretaría de Estado, tomó entonces la palabra y habló de la "desesperación intelectual" del promotor de justicia, quien declaró en su escrito de acusación de julio que en la concepción de la presunta estafa a la Secretaría de Estado de las mil acciones con derecho a voto en el contrato Spa para la gestión del palacio de Londres, "dijo que no participaron ni Craso ni Tirabassi, que confiarían en Torzi, que les había prometido cubrirlos de oro".

Pero en la respuesta de ayer Diddi dijo, según Intrieri, "que como la carta del fondo Gutt había sido enviada a Andrea Craso (hijo de Enrico, n.d.r.) el 23 de noviembre del 2018, Tirabassi ciertamente también la vio, pero le llegó el 27 de noviembre a través de un correo electrónico de Nicola Squillace (abogado de Torzi, también acusado)".

En un juicio “de chivos expiatorios, el mayor chivo expiatorio es mi cliente – continuó el abogado – el tonto de turno que fue enviado a Londres a firmar por monseñor Alberto Perlasca (el jefe de la Oficina administrativa, un testigo no defendido) que era el responsable del acuerdo con el corredor Raffaele Mincione (otro acusado), y conocía muy bien el precio de la salida de Mincione, 40 millones de euros”.

Los abogados de Becciu: "Víctima de una campaña de desprestigio"

Por parte de Squillace, intervino el abogado defensor Lorenzo Bertacco, quien reiteró que cuando la Secretaría de Estado pagó 15 millones de euros a Torzi para recuperar el control del palacio londinense, "no hubo fraude, porque la Secretaría no estaba en condiciones de equivocarse. Sabía muy bien lo que hacía".

Tras él fue el turno de los abogados del cardenal Angelo Becciu, Fabio Viglione y Maria Concetta Marzo. El primero afirmó en la réplica del promotor que no había encontrado "ningún elemento concreto en contra de nuestras observaciones, sólo caricaturas". Explicó que la defensa "probó cómo el cardenal entró en el proceso, y en cambio el promotor habló de una campaña de prensa del cardenal", que en realidad "la sufrió, y ha sido fuertemente denigrante".

Todo partió del interrogatorio de Perlasca, que pasó a ser testigo por estar investigado, el 31 de agosto del 2020, a quien, según Viglione, "se le hizo entender que su salvación sólo pasaba por firmar el memorial" en el que acusaba a Becciu.

La cuenta, “conocida por todos”, para financiar la diócesis de Ozieri

Respondiendo punto por punto a la réplica de Diddi, Viglione recordó que el promotor, en el juicio, sigue invocando como pruebas chats y grabaciones, “pero en ninguna de ellas se menciona al cardenal Becciu”. Incluso el testigo Alessandro Noceti, “que no pudo ser oído, no tiene ningún contacto con el cardenal, y la gendarmería lo confirma”.

Sobre la financiación en Cerdeña, el promotor, recordó el abogado, “dijo que deberíamos habernos enfrentado al obispo de la diócesis de Ozieri, Sergio Pintor, que habría denunciado a la familia Becciu. Perono hay denuncia, y ahora ha fallecido y no podemos preguntarle”. Tras su dimisión, otro obispo, Sebastiano Sanguinetti, como administrador apostólico, pidió la financiación, y después de él también Corrado Melis, “pero el promotor sólo se refiere a Pintor”, quien, según su sucesor, habría dejado la diócesis con gran malestar.

Por último, la cuenta en la que la Secretaría de Estado ingresó los fondos "todo el mundo la conocía, no era secreta. Si el cardenal quería dárselos a su hermano, podía haberlos ingresado directamente en su cuenta, pero no hay rastro. Ni en la de la cooperativa Spes. Y llegó a decir que el administrador de Spes era el propio cardenal'.

El abogado de Torzi: "Una injusticia la detención durante la instrucción"

Por último, la abogada Marzo subrayó que en el entonces monseñor Becciu "no existía conciencia de un vínculo de destino para esos fondos, y ni siquiera Perlasca lo señaló nunca".

En el concurso por malversación con Cecilia Marogna (otra imputada, sólo que sus abogados no intervinieron para la réplica), el abogado reiteró que, según la lógica de Becciu, "para malversar una suma a favor de Marogna debería haberlo hecho cuando era sustituto, y no debía pedir autorización a su sucesor". La tarde se abrió con la intervención de Marco Franco, abogado defensor de Gianluigi Torzi, que recordó la detención de su cliente durante la fase de instrucción tras ocho horas de interrogatorio del promotor Diddi.

"Injusticia flagrante – declaró –  sin ninguna revisión judicial prevista por el sistema judicial vaticano". Franco recusó a la acusación por citar como prueba de la extorsión de Torzi a la Secretaría de Estado unas memorias de Tirabassi, "a quien considera puro cómplice del extorsionador, y le da por fiable cuando denuncia la extorsión del agente". Y concluye afirmando que "no cabe duda de que la Secretaría de Estado había prometido a Torzi dejarle gestionar el palacio de Londres".

Carlino “víctima del delito de extorsión, se opuso a Torzi'

A continuación fue el turno de Salvino Mondello, asesor jurídico de monseñor Mauro Carlino, ex secretario del sustituto Becciu y  – en un primer momento – de su sucesor, el arzobispo Edgar Peña Parra, quien habló de "respuestas evanescentes". En ningún caso Carlino – dijo –participó en la extorsión de Torzi, no hay un comportamiento causal. Nunca fue a cenar con Torzi, aunque fue invitado".

Carlino, para su abogado, fue víctima de un delito de extorsión, porque actuó para oponerse a las exigencias del corredor. Por último, tomaron la palabra los abogados de Raffaele Mincione, empezando por Giandomenico Caiazza, quien subrayó que "la parábola de los mercaderes en el templo y el axioma acusatorio de la falta de precedentes para inversiones de este tipo han quedado disipados".

"Mincione propuso una financiación que la Secretaría ya estaba haciendo"

El Credit lombard, para el abogado del financiero, "fue considerado por la acusación como el 'estiércol del diablo', y en cambio es una fuente normal de financiación".

Si un inversor como la Secretaría de Estado quiere invertir en un fondo con legislación extranjera y luxemburguesa, como el Athena de Mincione, "debe conocer esa legislación". El perfil del cliente lo hizo Credit Suisse, que escribe a Deutsche Bank, y da garantías sobre el cliente. Y Credit Suisse garantiza que los fondos proceden de fuentes legítimas. ¿Qué más necesitaba verificar Mincione?".

Y Caiazza concluyó preguntándose "cómo es posible pensar que una persona que gestiona un fondo de derecho luxemburgués supercontrolado, que funciona según cláusulas contractuales, pueda incurrir en conductas ilícitas". Su colega Andrea Zappalà mostró unas diapositivas con carteras de inversión que el Secretario de Estado ha realizado sobre productos complejos y de riesgo.

"Se dijo ayer en la respuesta del promotor que el problema era Goff, en el fondo Athena de Mincione. Y se dijo que en el pasado los fondos en los que invertía la Secretaría eran sólo balanceados. No, en el 2009 también eran fondos hedge, inmobiliarios e incluso off shore".

El sábado 16 de diciembre última vista y veredicto

La última vista del juicio, el sábado 16 de diciembre, comenzará a las 11.00 horas con una breve respuesta de otro abogado de Brüllhart, Filippo Dinacci, que no ha podido asistir hoy por motivos de salud. A continuación, el tribunal se reunirá a puerta cerrada para emitir su veredicto entre las 16.00 y las 17.00 horas.