No contempla la objeción de conciencia institucional Aborto en Argentina: la Iglesia considera que el proyecto que se envió es “muy permisivo”

(Valores Religiosos).- Pese a que venía siendo anticipado desde hace un año, no fue menor el impacto negativo en la Iglesia del anuncio del presidente del envío del proyecto para legalizar el aborto. Anoche la desazón era evidente. Pero más todavía a medida que se conocían los detalles de la iniciativa legal, ya que se la consideraba “muy permisiva”. Por caso, se señalaba que “si la gestante dice que se siente mal por tener que llevar adelante el embarazo puede abortar sin límite de tiempo”. O sea que en ese caso no regiría el límite de 14 semanas que establece el proyecto para practicar la intervención.

Además, fuentes cercanas al Papa deslizaban en Roma que la noticia es “un duro golpe para Francisco” porque –más allá de su oposición al aborto en línea con la doctrina católica- los sectores más conservadores que cuestionan su pontificado lo utilizarían para renovar sus críticas hacia él. “En la eventualidad de que se apruebe dirán que Jorge Bergoglio no pudo evitar su aprobación en su propio país”, completaron. Máxime después de el proyecto fue impulsado por un presidente que fue ayudado por el Papa en la renegociación de la deuda con el FMI.

Más allá del meollo del desacuerdo, dado que la Iglesia considera que hay vida desde la concepción, la Conferencia Episcopal Argentina –que agrupa al centenar de obispos del país- ya había considerado hace dos semanas el envío del proyecto como “insostenible e inoportuno” por realizarse en medio de la pandemia, con un sistema sanitario exigido. Además, por distraer fuerzas ante una prolongada crisis económica y social que la llegada del coronavirus agravó. Y por reabrir una controversia que reaviva otra grieta en un país demasiado atravesado por las divisiones.

Como “tristísimo” había calificado la decisión presidencial el presidente de la comisión de Pastoral para la Salud del Episcopado, el obispo Alberto Bochatey. “Es evidente que el presidente tiene un compromiso con algunos grupos y con el lobby proaborto, y si dice que quiere cumplir una promesa de campaña habría que decirle que hay tantas que no se cumplieron como los aumentos a los jubilados”. Y completó en declaraciones a Radio grote: “Me cuesta creer que usen el tema del aborto como una pantalla política, realmente sería muy miserable”.

Por su parte, el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, afirmó no entender “por qué simultáneamente se va a poner a andar el Plan de los 1000 días, incluyendo el embarazo, lo que quiere decir que hay una vida que atender y a la vez un proyecto que quiere eliminarlas, por eso hay contradicciones", dijo. Agregó que "tampoco hubo un avance en la atención de la salud en la mujer embarazada, que es otra de las cosas a la que se había comprometido el Estado nacional después de la votación que rechazó el proyecto hace dos años".

"Es cierto que el presidente Alberto Fernández en campaña se comprometió a enviar el proyecto, pero también se comprometió a generar fuentes de trabajo, a tener las heladeras llenas, a impulsar programas de viviendas, a impulsar una serie de compromisos y promover la unidad entre todos los argentinos, cosa que vemos que no se está haciendo", señaló Lozano, flamante secretario general del Consejo Episcopal latinoamericano (CELAM), en línea con lo manifestado por monseñor Bochatey.

En medios eclesiásticos se recordó que el Papa ayudó a comienzos de año a un acercamiento entre el Gobierno y el Fondo Monetario, con un encuentro en Roma del ministro  de Economía; Martín Guzmán, y la titular del FMI, Krislatina Giorgieva. Y que la Iglesia viene trabajando fuertemente en las barriadas populares, redoblando sus esfuerzos en la atención de sus pobladores frente a un aumento de las carencias por la pandemia, lo que contribuye a disminuir la tensión social.

A su vez, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) sostuvo que “sin importar” la pandemia “las presiones de los grupos pro aborto y la decisión del Gobierno de impulsar la ley, a pesar de que hace dos años el mismo Congreso de la Nación la rechazó por amplia mayoría, hace que nuevamente estemos frente a una discusión que solamente produce grietas en el país”.

“No se tiene en cuenta la irrazonabilidad de la medida, ni el inoportuno momento que estamos viviendo como sociedad. Sino que se pretende imponer el punto de vista de unos, por encima de los otros. Si la salud y la vida de la gente está por sobre la economía, también debe estarlo por encima de las ideologías que pretenden superponer sus propios intereses por la misma gente”, afirmó.

Prevenidas ante el envío del proyecto, las ONG llamadas provida están organizando marchas en todo el país para el sábado 28 de este mes, en el inicio de una nueva campaña para oponerse a su aprobación.