En el reciente documento de la Conferencia Episcopal “compartimos la dramática situación de dolor, violencia, y sufrimiento que padece la inmensa mayoría de los venezolanos que hemos calificado como moralmente intolerable”. No es una declaración retórica, sino la constatación diaria de la problemática que vive nuestro pueblo que se agrava en medio de una pandemia que paraliza toda actividad sin que se vislumbre un futuro distinto y promisor.

La semana pasada tuve ocasión de estar en Mérida para tomar el pulso al trabajo pastoral que se lleva adelante con pasión y competencia por todos los equipos tanto sacerdotales como laicales, al igual que la fecunda interacción con el sector universitario y las autoridades locales. Es una rica experiencia de comunión y sinodalidad, poniendo en el centro a las periferias y planificando el futuro incierto del que nos toca atisbarlo para bien de todos.

Pero, lo más remarcable, es trabajar en las pésimas condiciones de los servicios públicos en el interior del país. Se padece escasez de todo, con la única explicación de echarles la culpa a otros, principalmente al imperio y a los apátridas. Cómo se puede vivir y trabajar ante la incertidumbre de no tener energía eléctrica constante. Los horarios que se publican no se compaginan con la realidad de los cortes que a la hora menos pensada deja a los usuarios en la oscuridad y sin conexión, con el daño de equipos y utensilios. La movilidad se ve impedida por la falta de combustible y de transporte. La comida y los medicamentos por las nubes, cuando se encuentran. El bolívar ha desaparecido casi por completo. Todo se cotiza en dólares o en pesos colombianos, y en oriente en reales brasileños. La universidad atenazada, los medios sin libertad de informar, los usuarios desconfían, y con razón, pues no hay claridad ni trasparencia en los comunicados. En fin, una zozobra que nada ayuda a la sana convivencia.

Contrasta la carencia de muchas cosas que en la capital de la república se obtienen con mayor facilidad, a pesar de que se empiezan a notar, cosa que en el interior tiene años. La percepción de que en la capital se vive mejor responde a un viejo adagio: “Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebras”. Pareciera que es una máxima de todos los gobiernos, lo que crea discriminación entre el centro y el interior.

De nuevo, asiste la razón al documento de la CEV: “Económicamente vemos al país a la deriva, sin planes económicos ante la posibilidad del cierre de empresas y que muchos trabajadores queden sin empleo; igualmente ocurre con los trabajadores de la economía informal que son la mayoría de ellos. Sin el sustento diario, habrá más hambre y sufrimiento en las familias. El país está cerca de una quiebra económica de grandes proporciones. El malestar de la gente por las múltiples carencias se ha expresado en diversas protestas que, en ocasiones, han sido reprimidas con violencia, pero no se puede contener el hambre con represión. Las actuaciones de algunos cuerpos de seguridad quedan en la oscuridad y constituyen en muchos casos violaciones a los derechos humanos. Se añade también el hostigamiento a algunos líderes comunitarios, periodistas y médicos, e incluso la persecución y el encarcelamiento, sin el debido proceso, de algunos activistas políticos”.

“No es eliminando al que piensa diferente que se saldrá de esta crisis, sino incluyendo en la búsqueda de soluciones concertadas a todos los factores políticos y a las distintas instituciones que hacen vida en el ámbito nacional: militares, académicos, universitarios, empresarios, profesionales, estudiantes y trabajadores, organizaciones no gubernamentales, confesiones religiosas y todos en general”.

El futuro depende de la sensatez de todos, si somos capaces de poner en el centro a la gente, pues cualquier otro artificio político o leguleyo no hace sino agravar más la crisis, camino de un abismo sin precedentes.