En Chile, el compromiso de buscar a los detenidos desaparecidos de la dictadura será asumida como una acción de responsabilidad del Estado y no de los familiares. Así se oficializó con la firma del presidente Gabriel Boric, el decreto que contiene el Plan Nacional de Búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico militar instaurada en 1973.

El objetivo del Plan Nacional de Búsqueda es esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales.

El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia fue iniciado durante el primer año de Gobierno del presidente Boric y cuenta con un importante componente participativo inicial. Para la preparación del plan se llevaron a cabo 67 encuentros en todo el país con la participación de 775 personas, además de 4 mil asistentes a seminarios y reuniones con autoridades.

El Plan Nacional De Búsqueda Verdad y Justicia consta de tres objetivos:

• Esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada y su paradero.
• Garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada.
• Implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada.

De esta manera, el plan trazará la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborará con las investigaciones judiciales y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales.

Este plan tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno.

El trabajo de elaboración del plan también contó con el aporte de agrupaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria, representantes de la academia, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y más actores relevantes.

No obstante, se considera que se debe hacer otro esfuerzo para contar con el registro más preciso posible de la cantidad de personas que fueron víctimas directas de la represión.

CIFRAS DE VÍCTIMAS

Diversas investigaciones judiciales, junto al trabajo de distintas instancias como las comisiones generadas por el Estado, han establecido que al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer durante el periodo comprendido entre 1973 y 1990.

Se ha llegado a estimar sin certeza la siguiente cantidad de víctimas:

Víctimas de desaparición forzada: 1.469 personas (1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas).

Personas ejecutadas políticas sin entrega de cuerpos: 377

A la fecha se ha logrado establecer responsabilidades penales respecto de la desaparición forzada de víctimas, condenado a agentes estatales en calidad de autores, cómplices o encubridores, y a civiles en las mismas calidades.

Además, estos procesos han permitido identificar a 307 víctimas de desaparición forzada.

El Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia continuará con las labores de búsqueda, recuperación e identificación de víctimas, y la posible restitución de las personas víctimas de desaparición forzada.

OPINIONES EPISCOPALES

Aunque la Conferencia Episcopal de Chile no se ha manifestado sobre este plan de búsqueda, en julio pasado emitió una declaración sobre los 50 años de la dictadura. En ella indicaron que “el 11 de septiembre de 1973 constituye un momento doloroso y dramático de nuestra historia”.

Añadieron que la etapa de la dictadura sigue siendo “una herida abierta” en Chile. Por ello, sostuvieron, “queremos expresar, una vez más, una palabra de solidaridad a todos quienes han sufrido y sufren a causa de la violencia y el atropello a sus derechos humanos. Nos duelen las lágrimas de todos estos años, especialmente las de aquellas familias que no han podido dar una digna sepultura a sus seres queridos. Imploramos nuevamente a quienes tengan información sobre el paradero de personas detenidas desaparecidas, a que la entreguen debidamente, si no lo han hecho hasta ahora. Nuestro servicio como obispos y sacerdotes siempre está disponible como un camino para concretar esta entrega. Todavía es posible contribuir a reparar el dolor causado”, afirmaron.

Por su parte distintos obispos también han escrito sobre los 50 años del golpe militar en Chile. Óscar Blanco, obispo de Punta Arenas, señaló en una carta pastoral que “hacer memoria de los acontecimientos vividos en septiembre de 1973 es, entonces, asumir que hoy más que nunca tenemos la oportunidad de caminar para ser un pueblo que se reconoce en su historia y quiere seguir construyendo una historia en común que nos humanice y nos hermane. Es, pues, una exigencia de nuestra responsabilidad de ciudadanos para ir haciendo un país que, con lucidez e ilusión, construye su presente y su futuro”.

Fernando Chomalí, arzobispo de Concepción, con motivo del documental que dirigió, señaló que las mujeres y familiares de detenidos desaparecidos “sean ejemplo de lo que significa la dignidad del ser humano que se mueve por convicciones.  Esos 50 años de búsqueda no podía quedar en el olvido. Desde un profundo respeto por ellas y admiración reuní voluntades y me embarqué en este proyecto de dar a conocer sus vidas, sus historias y sus anhelos. Allí se muestra hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano y al mismo tiempo la inmensa capacidad de seguir adelante para honrar los nombres de quienes padecieron la más vil de las injusticias".

Entre tanto, Isauro Covili, obispo de Iquique, señaló a nuestro portal recientemente que "los 50 años nos interpelan en términos de reflexión. No para mirar hacia atrás, sino en términos de futuro, cómo nos hacemos cargo de la vida, de la exigencia de verdad y de justicia que todavía muchos esperan".

En otro ámbito, en abril pasado, la Delegación Presidencial de Atacama entregó un reconocimiento al Obispado de Copiapó por su labor en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura.

En esa oporetunidad, el obispo Ricardo Morales dijo que la memoria es importante para renovar la convicción “de decir nunca más a la muerte y su cultura de abuso”, y de siempre “proteger a los pequeños, a los vulnerables, ante cualquier abuso”. Dijo que eran necesarias “la verdad, la justicia y la reparación” hacia las víctimas de violaciones de derechos humanos y profundizó en la necesidad de conocer dónde están las personas que aún permanecen como detenidas desaparecidas. “Mientras exista una familia que no tenga una tumba donde ir a dejar una flor a su ser querido, no hay justicia, y no puede haber paz en los corazones de los chilenos”.

LAICOS Y RELIGIOSOS CONTRA EL NEGACIONISMO

Pero no solo obispos. Un grupo de personas laicas y consagradas que con su sola representatividad moral dada por el testimonio de cada una de ellas,  salieron a responder por “un imperativo de conciencia y desde nuestro ejercicio pastoral” para valorar la “democracia solidaria y fraterna” que, según indicaron, debe respetar al valor de cada persona y que por ello “siempre (es) moralmente condenable cualquier acto atentatorio a la convivencia democrática, la que fue violentamente interrumpida por el Golpe de Estado del año 1973”. Y afirmaron: “nos duele que haya existido católicos que propiciaron, participaron y/o apoyaron ese quiebre institucional”.

La carta que es firmada por Juan Pablo Lorenzini Paci – Diácono, Roberto Sánchez Silva – Laico, Mirentxu Vivanco Figueroa – ofs,  Ignacio Muñoz Muñoz -Sacerdote, Eugenia Valdés Ossa– Religiosa, Juan Luis Ysern de Arce – Obispo, Luisa Escobar Rodríguez – Religiosa, Isabel Harvey Queirolo – Laica y Josef Bocktenk Tebroke – Sacerdote, pide ser enfáticos en la defensa de los derechos humanos “porque aún hoy constatamos, con dolor y sin entenderlo, que haya cristianos-católicos que justifican lo ocurrido. Algunos de ellos tienen responsabilidad política en cargos relevantes”.