Un juzgado de Violencia sobre la Mujer investiga la denuncia por acoso contra el padre Roberto El Obispado de Málaga aparta de sus funciones al sacerdote acusado de romper la orden de alejamiento de su 'novia'
El sacerdote dejará de ser párroco de Canillas de Aceituno, Salares y Sedella, donde venía ejerciendo su labor hasta ahora y donde, hasta ayer mismo, estaba prevista su presencia en las misas dominicales
El cese de las tareas encomendadas al padre Roberto es, ahora mismo, la única decisión que puede tomar Catalá pues, a diferencia del padre Fran, que sí pertenecía al clero malacitano, el padre Roberto era un cura 'prestado' de una diócesis venezolana, en concreto la de San Felipe de Ature
Catalá no tiene la potestad de suspenderlo 'a divinis' ni tomar medidas como la petición de expulsión del sacerdocio. Esa opción depende de su obispo titular, Alfredo Enrique Torres Rondón
Catalá no tiene la potestad de suspenderlo 'a divinis' ni tomar medidas como la petición de expulsión del sacerdocio. Esa opción depende de su obispo titular, Alfredo Enrique Torres Rondón
"Confirmado. Se puede decir que Roberto deja la tarea que tenia encomendada". Aunque por el momento no está prevista una nueva nota de prensa (que sería la quinta en menos de dos semanas), el Obispado de Málaga ha confirmado que el padreRoberto José Bocanegra, quien fuera detenido en septiembre por quebrantar la orden de alejamiento a una mujer que lo ha denunciado por acoso, no volverá a ejercer funciones pastorales en la diócesis.
Al menos, de momento, mientras se aclara una polémica que ha vuelto a mostrar las costuras de la Iglesia malacitana y que denota una absoluta falta de control sobre los sacerdotes por parte del obispo, Jesús Catalá, así como el sempiterno problema de la institución a la hora de abordar estos problemas: tratar de ocultar el problema para evitar el escándalo y, cuando esto suceda, intentar desvincularse del mismo.
El cese de las tareas encomendadas al padre Roberto es, ahora mismo, la única decisión que puede tomar Catalá pues, a diferencia del padre Fran, que sí pertenecía al clero malacitano, el padre Roberto era un cura 'prestado' de una diócesis venezolana, en concreto la de San Felipe de Ature. De este modo, Catalá no tiene la potestad de suspenderlo 'a divinis' ni tomar medidas como la petición de expulsión del sacerdocio. Esa opción depende de su obispo titular, Alfredo Enrique Torres Rondón.
La consecuencia inminente es que el sacerdote dejará de ser párroco de Canillas de Aceituno, Salares y Sedella, donde venía ejerciendo su labor hasta ahora y donde, hasta ayer mismo, estaba prevista su presencia en las misas dominicales. No será así: un sustitituo se incorporará inmediatamente, antes de que Catalá designe, definitivamente, a otro presbítero para ejercer como párroco de estos pueblos de la Axarquía.
Como se recordará, el padre Roberto fue detenido en septiembre, y posteriormente puesto en libertad, al haber roto la orden de alejamiento impuesta tras una denuncia por acoso contra una mujer que asegurgaba haber sido su novia. En un primer momento, la diócesis alegó no tener conocimiento de los hechos, más allá de un "litigio entre adultos", y desconocer la existencia de orden de alejamiento. "Los hechos se encuentran en fase de investigación; por tanto, hay que esperar a que finalice la instrucción de este procedimiento para hacer una justa valoración", apuntó la diócesis en un comunicado.
Al mismo tiempo, hoy se ha sabido también que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga está investigando la denuncia por acoso contra el padre Roberto presentada por la mujer que supuestamente había mantenido una relación sentimental con él. El denunciado permanece en libertad provisional y contra él no se ha dictado ninguna orden de alejamiento por parte de este órgano judicial.
El caso fue investigado en un primer momento por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vélez-Málaga donde ambos prestaron declaración, pero acordó inhibirse en favor de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Málaga dado que la presunta víctima tenía su domicilio en Alhaurín de la Torre, municipio perteneciente al partido judicial de la capital. El mismo Juzgado de Vélez acordó archivar la denuncia por robo que el sacerdote había presentado contra la mujer.
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