Según las entidades integradas en «Enlazados», este ingreso que hasta ahora se percibía en menos de dos meses desde la salida de la cárcel, pondrá en situación de riesgo a las personas que no tengan redes de apoyo «abocándolas a la exclusión social».En el comunicado, firmado por 15 asociaciones, se explica que en Aragón, la resolución del IMV llega aproximadamente un año después de la solicitud y tiene unos requisitos que son excluyentes para las personas que han sido privadasde libertad, sobre todo las de más edad y que han cumplido condenas muy elevadas.
Las organizaciones reclaman a las administraciones que tomen conciencia y asuman su responsabilidad «para no contribuir a generar nuevos núcleos de exclusión social». La puesta en marcha del Real Decreto ley 2/2024 del 21 de mayo por el cual se establece la supresión del subsidio, que depende del SEPE, estará vigente desde el 1 de noviembre.
