El Ejecutivo presentará la próxima semana la Ley de Memoria Democrática El Gobierno suprimirá la Fundación del Valle de los Caídos y cerrará el grifo de ingresos a los benedictinos
La basílica, que no será desacralizada, pasará a depender del ordinario del lugar (el Arzobispado de Madrid), y los religiosos no tendrán competencias en materia cultual ni en la cuestión de las exhumaciones
Santiago Cantera no gestionará el complejo, ni la Hospedería del Valle. Cuelgamuros será resignificado como "un lugar de memoria democrática", y se prohibirán los actos de exaltación a la dictadura
La tumba de Primo de Rivera no tendrá un lugar preeminente en el Valle
La tumba de Primo de Rivera no tendrá un lugar preeminente en el Valle
Los monjes no se irán del Valle (de momento), pero el Gobierno les cerrará el grifo. Esta es una de las principales consecuencias que la Abadía del Valle de los Caídos sufrirá una vez se aprueba la Ley de Memoria Democrática que el Ejecutivo espera presentar la próxima semana en Consejo de Ministros. Una norma que, como adelantó en su día RD, "resignificará" el conjunto del Valle para convertirlo en "un lugar de memoria democrática", y eliminará el poder que Santiago Cantera y los frailes conservan sobre el conjunto, al suprimir la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Según adelanta Infolibre, y ha podido confirmar este diario, la futura Ley de Memoria Democrática extinguirá la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, “por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”. ¿Qué supone esto? Que, a partir de ese momento, la congregación dejará de percibir los 340.000 euros directos por transferencia anual de Patrimonio. Y, lo que es más importante: Cantera y los suyos no tendrán competencia alguna sobre el destino del conjunto, lo que incluye el final de la gestión de la Hospedería.
Gestión de la basílica
Y es que el Gobierno no puede echar a los benedictinos de Cuelgamuros, pero sí suprimir los recursos que los frailes utilizan, a través de la fundación, lo que complicará su supervivencia en el conjunto. A todo ello se suma que la intención del Ejecutivo es ceder la gestion de la basílica -y el osario- al ordinario del lugar, en este caso el Arzobispado de Madrid, con lo que los religiosos no tendrán ningún tipo de competencias en materia cultual ni en la cuestión de las exhumaciones.
De hecho, la futura norma explica que el Gobierno atenderá las reclamaciones de exhumaciones de los familiares. “Para el caso de imposibilidad técnica de exhumación, se acordarán medidas de reparación de carácter simbólico y moral”, prevé el escrito, que también dejará claro que en Cuelgamuros sólo podrán reposar los restos de los fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil, y pone en cuestión el actual emplazamiento de la tumba de Primo de Rivera. De hecho, la ley apunta a "la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto". El "Panteón de Hombres Ilustres", de hecho, pasará a denominarse "Panteón de España".
El Valle de los Caídos será considerado “un lugar de memoria democrática” cuya “resignificación” irá destinada a dar a conocer “las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado”, expone la norma, que prohibirá los actos de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura.
Fondos a los benedictinos
¿Qué dinero reciben los benedictinos del Estado? La última cifra conocida data de 2018, cuando el Portal de Transparencia detallaba que los monjes reciben 340.000 euros directos, por transferencia anual. Del mismo modo, todas las reparaciones, como los brazos de la cruz o la portada de la basílica, las paga también el Estado, así como los salarios de la Hospedería y el personal de seguridad del complejo, que supone una inversión de un millón de euros al año. Hasta el momento, este dinero estaba gestionado por la Fundación. Su hipotética desaparición haría que fuera directamente Patrimonio Nacional quien dispusiera del destino de esos fondos, y no los frailes.
En cuanto a los gastos ordinarios, el Gobierno ha pagado en un año 72.033 euros en combustible para la orden benedictina, 5.778 para libros, casi 10.000 euros en gastos de culto, otros 10.000 en vestuario y 8.441 euros en excursiones organizadas por los religiosos. En 2013, el Tribunal de Cuentas alertaba de la falta de un presupuesto serio para los gastos de la Fundación.
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