A través de la Comisión de Justicia del Parlament de Catalunya Entidades catalanas pedirán al Estado la nulidad de las inmatriculaciones de la Iglesia desde la entrada en vigor de la Constitución
Unió de Pagesos (UP), la Asociación de Micropueblos de Cataluña y el Consejo Comarcal del Solsonès pedirán el próximo jueves a la Comisión de Justicia del Parlament que se inste al Govern a reclamar los registros de la propiedad de todas las inmatriculaciones de la Iglesia católica
También se pedirá que la Generalitat reclame al Estado la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas por la jerarquía católica desde la entrada en vigor de la Constitución española
Consideran que los listados públicos para los gobiernos autonómicos y central 'ocultan la realidad' de las inmatriculaciones porque los registradores trabajan con fincas registrales que son, aseguran, agrupaciones de diversos bienes
Consideran que los listados públicos para los gobiernos autonómicos y central 'ocultan la realidad' de las inmatriculaciones porque los registradores trabajan con fincas registrales que son, aseguran, agrupaciones de diversos bienes
| RD/EFE
Unió de Pagesos (UP), la Asociación de Micropueblos de Cataluña y el Consejo Comarcal del Solsonès pedirán el próximo jueves a la Comisión de Justicia del Parlament que se inste al Govern a reclamar los registros de la propiedad de todas las inmatriculaciones de la Iglesia católica.
Según ha informado el sindicato agrario, también se pedirá que la Generalitat reclame al Estado la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas por la jerarquía católica desde la entrada en vigor de la Constitución española.
En este sentido, pedirán que en un plazo improrrogable de 3 meses el Ministerio de Justicia traslade al Govern las notas simples de los registros de la propiedad de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia anteriores al 2015 en cualquiera de sus denominaciones.
UP destaca que el Govern hizo público en 2020 un listado en el que constaba que la Iglesia había inscrito 3.722 inmuebles a su nombre sin aportar ningún título que acreditara la propiedad y, de hecho, el sindicato considera que estos datos pueden ser superiores porque cada registro de la lista puede contener más de un bien.
Por ello, consideran que los listados públicos para los gobiernos autonómicos y central “ocultan la realidad” de las inmatriculaciones porque los registradores trabajan con fincas registrales que son, aseguran, agrupaciones de diversos bienes como iglesias, casa rectoral o cementerio.
Paralelamente, UP y las demás entidades piden un acuerdo de resolución para cancelar las inmatriculaciones, y denuncian que el Estado no haya actuado ante la inmatriculación “ilegal” de la mayoría de patrimonios históricos y culturales de los pueblos y ciudades de Cataluña y más de 100.000 bienes en todo el Estado.