Canonistas consultados por RD aseguran que será un proceso largo y complicado para el arzobispado de Burgos ¿Será fácil desahuciar a las ex clarisas de Belorado? ¡Casi imposible!

El lanzamiento de las exmonjas de Belorado, previsto para el jueves 23 de enero, se ha pospuesto, según ha notificado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca. Este juzgado deja sin efecto la fecha de lanzamiento de las exclarisas, que, en mayo de 2024, rompieron con Roma y empezaron un enfrentamiento con el Arzobispado de Burgos, y acaban de fundar un restaurante en Asturias. 

El 16 de septiembre de 2024, el arzobispo de Burgos presentó una demanda de desahucio contra las exclarisas de Belorado. Cinco meses después del cisma, que comenzó el 13 de mayo de ese mismo año, Mario Iceta movía ficha “tras agotar los recursos que les invitaban a reconsiderar su salida de la Iglesia católica”. ¿Juega sobre seguro el prelado burgalés?

En principio, pareciera que Laura García de Viedma, la exabadesa, y las 8 monjas (Sor Paz o María Teresa Roca y Adriana Gil abandonaron el convento) que la acompañan en esta rocambolesca aventura tendrían todas las de perder. Pero los canonistas, consultados por RD, piensan todo lo contrario.

En efecto, la entidad religiosa ‘Monasterios de Santa Clara’, como persona jurídica, sigue existiendo y sometida a las normas del Derecho canónico. Por lo tanto, los canonistas señalan que “la propiedad de los inmuebles es indiscutible y  pertenece al Monasterio; las monjas díscolas, ya no pertenecen al Monasterio, como persona jurídica, pero poseen un inmueble, que es distinto. Tienen la posesión pero no la propiedad”.

“El problema jurídico, pues, no es a quién pertenece el inmueble (que está claro), sino cómo sacar de allí a las ex-monjas, que ya no forman parte de la comunidad, pero son poseedoras (no propietarias) del inmueble. Además,  el obispo sí tiene potestad (reconocida por el ordenamiento estatal español) sobre los inmuebles, y legitimación para emprender acciones judiciales contra las poseedoras”.

 ¿Cómo argumentar que, sin ser propietarias, las exmonjas tienen “la legítima posesión con justo título” de los inmuebles? Con argumentos laborales y mercantiles.

“Las monjas cuentan con dos argumentos de peso, para defenderse ante el desahucio”, sostienen los expertos. El primero sería el habitacional: “El sitio donde están, el monasterio, es su domicilio habitual y lo ha sido durante 30, 40 o 50 años. Además, no tienen otra solución habitacional, con lo cual el juez no puede argumentar que desalojarlas no les va a causar ningún prejuicio”.

El segundo argumento, quizás el más potente, sería el económico o laboral-mercantil. “Las monjas tienen montada una fábrica de producción de trufas, chocolates y demás productos de confitería, a la que llevan años dedicándose. Podrán argumentar delante del juez que ahí tienen un centro de trabajo, con una actividad, una serie de cargas y de contratos que tienen que atender, con unas obligaciones, con una producción y con un personal”.

Por eso, a juicio de los expertos, “es muy difícil que un juez las desahucie, porque con la ley en la mano son vulnerables, y el obispo lo tiene complicado”. Y añaden: “Desahuciarlas sería desposeerlas de lo que les da de comer y condenarlas a la pobreza”. De hecho, el pasado lunes, 3 de febrero, un informe de los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Burgos ha determinado que la situación de las monjas cismáticas de Belorado es de “vulnerabilidad”. Este tipo de informes es preceptivo para determinar las condiciones del desahucio y qué pasos ha de dar el Juzgado de Briviesca.

En el caso de que el desahucio se complique (algo que los expertos dan por seguro), para resolver el problema de Belorado, a monseñor Iceta le quedarían cuatro alternativas. La primera, esperar a que se mueran, pero algunas de ellas son muy jóvenes, con lo cual iría para largo. La segunda, esperar a que implosionen desde dentro, dado que la exvicaria, Sor Paz (María Teresa Roca), ya inició ese camino, seguida de Adriana Gil. Aunque, también es verdad, que desde la salida de las dos monjas ya han pasado varios meses y su decisión no ha creado escuela.

La tercera salida consistiría en que las exmonjas rebeldes decidan, por fin, irse a Brasil o a México, aceptando la oferta que, al parecer, les hizo el obispo brasileño fake, Rodrigo Ribeiro, que ya habría comprobado que no podrán hacerse con la propiedad de los inmuebles. “Si deciden irse, le harían un gran favor a monseñor Iceta”, matizan los expertos. Pero, dada la animadversión que Laura García de Viedma profesa al arzobispo de Burgos, no parece que vaya a ser una opción a contemplar por parte de la comunidad de exmonjas.

Además, la exclarisas, como todas las monjas de clausura, están muy apegadas a sus monasterios y las de Belorado también. “Ésta es nuestra casa -pensarán- y, aunque no seamos dueñas de ella en el papel, nosotras vivimos y trabajamos en ella, nosotras la hemos reformado y gracias a nosotras ha quedado reluciente. Y de nuestra casa nadie nos echa”.

La cuarta posibilidad (la más probable), por tanto, es que las exclarisas se enroquen en su decisión de seguir en los dos monasterios (Belorado y Orduña), sabedoras de que son “vulnerables”, que va a ser difícil desahuciarlas y que no podrán cortarles el agua ni la electricidad ni el teléfono.

Es decir, mientras dure el proceso de desahucio (de 9 meses a año y medio sólo en primera instancia o unos tres años en el recorrido del proceso por todas las instancias judiciales), podrán seguir con su fábrica de chocolates y vendiendo sus productos por vías alternativas a las que tenían hasta ahora. Y buscando nuevas fuentes de ingresos, como el restaurante de Arriondas. Y, después del proceso, Dios dirá.

Es cierto que el arzobispo podría contraargumentar, sosteniendo que él también tiene facultades para disponer de todas las actividades que se hacen en el monasterio. Frente a ese argumento, se le podría exigir al arzobispo que, si quiere echar a las exmonjas, tenga que indemnizarlas por daños y perjuicios.

Por eso, los canonistas creen que, al final, la solución del caso Belorado tiene que pasar por un acuerdo entre el arzobispo de Burgos y las exmonjas. “Ellas tendrán que terminar reconociendo que el monasterio no es suyo y que no son dueñas ni de las camas en las que duermen. Y el arzobispo tendrá que convencerse de que, si consigue desahuciarlas, cosa poco probable, quedaría ante la sociedad como un obispo sin entrañas de misericordia y un sádico, por echar a la calle, sin alternativa habitacional, a unas pobres monjas a las que se les ha cruzado un cable, pero que siguen siendo una especie protegida y en peligro de extinción en la Iglesia católica”.

“¿Las exmonjas no van a tener derecho a nada?”, se preguntan los expertos. A su juicio, “lo más sensato es un arreglo entre las partes”. Por ejemplo, “que el obispo les cobre un alquiler habitacional, que, además, demostraría que él sigue siendo el dueño del inmueble”.

¿Estarían dispuestos a pactar el obispo y la exabadesa? ¿Se lo permitiría Roma, preocupada por no crear un precedente, que puedan seguir otros cenobios? Al arzobispo le sobran monasterios y las monjas necesitan seguir en el suyo. Al menos por ahora, las espadas se mantienen en todo lo alto. Pero, en la Iglesia, siempre hay lugar para la esperanza. Y para la misericordia.