«Es inconcebible la falta de acción de las autoridades, habiendo presencia del ejército, la guardia nacional y política en la región,» denunciaron los representantes de la Iglesia en la diócesis mexicana de San Cristóbal de las Casas, tras la situación de violencia sistemática que viene afectando a la población civil desde inicios del año.

Los obispos recordaron que sus «muertos tienen rostro, nombre y su corazón sigue latiendo en el vientre de la madre tierra». Así aparece escrito en una comunicación dirigida a los tres niveles de gobierno, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, los medios de comunicación, los integrantes del diálogo nacional por la paz, el pueblo creyente y en general, los hombres y mujeres de buena voluntad.

El documento denuncia los asesinatos que han quedado en completa impunidad, los cientos de desaparecidos que se suman a la larga lista de invisibilizados, la omisión del Estado frente a los grupos criminales que desestabilizan la vida de la gente; sin dejar de lado, el secuestro de comunidades y pueblos por los grupos delincuenciales, que los obligan a sumarse a sus filas y condicionan su permanencia en sus hogares. Acciones que implican delitos que van desde las amenazas, el hostigamiento, la desaparición y la intimidación hasta la persecución a la sociedad civil.

Hechos de dolor

Circunstancias dolorosas ante las que piden en primer lugar, justicia para los once asesinados en Nueva Morelia el pasado 12 de mayo, crímenes que se unen a los dos asesinatos de civiles cometidos el 4 de enero y los otros dos cuerpos que fueron hallados el 16 del mismo mes, en la zona de la franja de la presa.

»Abrazamos el corazón y animamos la esperanza de nuestros pueblos sufrientes que la sabiduría de Dios nos descubra caminos de paz y justicia para todos», afirmaron.

Los representantes de la Iglesia abogan por un retorno seguro, libre y sin condicionamientos de las comunidades desplazadas. De la misma forma advierten sobre la necesidad de lograr un desarme inmediato de los grupos criminales, que permita la recuperación del territorio para que los pueblos puedan sentirse parte de su propia historia, trabajando por el restablecimiento del orden social, sin poner en riesgo a quienes viven en resistencia a pesar de las acciones de los grupos criminales.

Víctimas de la violencia

Al respecto, advierten que se hace vital para las comunidades, el restablecimiento del orden social, garantizando el respeto por los derechos humanos y colectivos. Solicitudes que van de la mano del restablecimiento de los servicios básicos, como la educación, la salud, el trabajo y el libre tránsito; haciendo valer el estado de derecho para todos o el “respeto a la labor pastoral en la búsqueda y construcción de la paz con justicia y dignidad para todas y todos».

En esta línea, la Iglesia hace un llamado a la sociedad civil para que, pese al dolor y las múltiples pérdidas humanas, no pierdan la esperanza y no permitan que la guerra los abarque porque consideran que “la guerra no es entre nosotros, nosotros somos víctimas de esta violencia”.

Por eso exhortaron a la unidad. «Acuerpémonos como pueblo, como sociedad, no caigamos en la dinámica del individualismo, el egoísmo y el odio hacia el otro y la otra. Seamos solidarios con quienes tienen que salir y cuidémonos entre nosotras y nosotros. Resistamos juntas y juntos por los caminos de la paz, sin violentarnos contra nadie. Es posible vivir libres y en paz».

Impunidad total

El 12 de mayo, grupos al margen de la ley, incursionaron en la comunidad de Nueva Morelia, ubicada en el municipio de Chicomuselo en Chiapas. Allí asesinaron a once personas, seis eran hombres, cinco mujeres. Cuatro de ellos estaban en diferentes casas, los demás pertenecían a una misma familia que estaba reunida. Tras cometer los asesinatos los responsables del hecho incendiaron la vivienda, por lo que algunos cuerpos quedaron totalmente calcinados.

Los muertos aparecen identificados como Alonso de 73 años, Teresita de Jesús de 28 años, Dolores de 56 años, Rosalinda de 57 años, Yojari Belén de 18 años, Ignacio de 52 años, Isidra de 54, Urbano de 42, Brandi de 15 años, Joel de 49 años y Azael de 31 años.

Todos eran reconocidos como personas resistentes al accionar de las bandas criminales, líderes que pese a las dificultades trabajaban por la construcción de caminos de paz y justicia para su pueblo. Para la Iglesia mexicana, la violencia se ha generado por el control territorial y el interés latente de continuar adelante con la explotación minera que actualmente lideran grupos criminales que operan en total impunidad a pesar de las constantes denuncias.