"El Estado colombiano debe velar por la protección de los niños, niñas y adolescentes," afirmaron los obispos al referirse al caso de los cuatro menores de edad que en el departamento de Putumayo fueron víctimas de reclutamiento forzoso y posteriormente ultimados presuntamente por el Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC) integrado por antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) que en 2016 rechazaron la firma de los acuerdos de paz.

En el comunicado titulado "Defender la vida para alcanzar la paz" los obispos colombianos, expresan su rechazo a estas acciones que califican de inaceptables al tiempo que invitan al país a la reflexión actuando con la decisión de lograr definitivamente la paz. En esta línea advierten que "la práctica escandalosa y cruel de reclutar menores y usarlos para la guerra es evidencia del alto nivel de degradación del conflicto armado en el país," por lo que urgen al Estado a saldar la deuda histórica que tiene con los niños considerando el "aumento del riesgo frente a la atroz inhumanidad de muchos actores ilegales".

Perseverar en la oración

Dirigiéndose a quienes sufren esta dramática situación les expresan su cercanía espiritual. "Nos solidarizamos con las familias y las comunidades de los menores asesinados. Pedimos al Señor que los fortalezca en estos momentos de tanto dolor," afirman los prelados, porque desde su perspectiva nada justifica el asesinato de ninguna persona y la muerte no puede considerarse "un instrumento que se use para lograr los mezquinos intereses particulares," en este caso de los grupos armados ilegales.

Así los miembros de la Conferencia Episcopal colombiana hablando desde el Evangelio de la Vida, llaman una vez más al respeto por la vida de todos los seres humanos, por lo que invitan al pueblo colombiano a perseverar en la oración por el don de la paz, a no desistir en el compromiso de la transformación social a través de la no violencia.

"La guerra solo traerá más guerra," insisten y la búsqueda de la paz, basada en el respeto por la vida, la dignidad humana y el diálogo es el único camino que ayudará a superar las diversas expresiones de violencia que afectan al país. El comunicado que aparece firmado por los obispos Luis José Rueda, Omar Sánchez y Luis Manuel Alí,  concluye valorando y agradeciendo la decidida opción de la comunidad internacional a favor de la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia.

Suspensión del cese al fuego

Tras el asesinato de los cuatro menores el presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego establecido con las disidencias de las FARC. Los cuatro menores fueron masacrados el 17 de mayo en el departamento de Putumayo al sur de Colombia. Un crimen que fue denunciado por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas (OPIAC) que reside en la región de la Amazonía. El acto delincuencial abocó al mandatario a realizar un consejo de seguridad en el que se anunció la suspensión del cese al fuego, lo que pone en pausa su propuesta de paz total para el país.

Al conocer la disposición del mandatario, el grupo armado afirmó en un comunicado que "el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total".

Por su parte el Gobierno colombiano recordó que el reclutamiento forzoso es un crimen de guerra que condena el Derecho Internacional Humanitario y “desconocer el clamor del pueblo indígena y del pueblo putumayense es traicionar el propósito nacional de la paz y animar tiempos aciagos del autoritarismo. La población colombiana no tolera más sangre derramada," aseguran en la declaración oficial. Los cuatro niños del pueblo Murui, fallecieron por heridas causadas con arma de fuego mientras intentaban escapar del reclutamiento forzoso. Sus cuerpos fueron hallados en la comunidad conocida como “El estrecho” ubicada en límites entre los departamentos de Caquetá y Amazonas.