Las congregaciones recibirán un listado de religiosos implicados Los obispos portugueses reculan y darán "todas las ayudas necesarias" a las víctimas, pero no aclaran si pagarán indemnizaciones

La Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) aseguró ayer que está dispuesta a dar "todas las ayudas necesarias" y compensaciones a las víctimas de pederastia en la Iglesia católica lusa en plena polémica por la presencia de sacerdotes sospechosos que no han sido apartados y bajo la duda de si pagará indemnizaciones.

"Mantenemos el firme compromiso de asumir nuestras responsabilidades y poner a disposición de las víctimas todas las ayudas necesarias para su acompañamiento espiritual, psicológico y psiquiátrico, y otras formas de compensación del crimen cometido", afirmó la CEP en un comunicado tras un consejo en Fátima contra la pederastia en la Iglesia lusa, que ha dejado más de 4.800 víctimas. 

Por otra parte, avanzó que la Conferencia de los Institutos Religiosos de Portugal (CIRP) recibirá una lista a finales de abril con sospechosos de haber abusado de menores en las congregaciones casi dos meses después de la lista que fue enviada a las diócesis, que ha resultado en la suspensión cautelar de 6 sacerdotes mientras al menos 12 curas señalados siguen en activo.

"Cuando sea entregada a finales de abril a la CIRP la lista con los nombres de los supuestos abusadores relativos a los Institutos de Vida Consagrada, tendrá el debido seguimiento por parte de los Superiores Mayores de las congregaciones", indicaron en el comunicado.

Fuentes de la CEP precisaron a EFE que la lista está siendo elaborada por la misma comisión de expertos que investigó la dimensión de la pederastia en la Iglesia lusa en los últimos 70 años y entregó hace 11 días a la Conferencia Episcopal un documento con nombres de sospechosos en las diócesis.

En el comunicado, la CEP "reconoció el trabajo realizado" por los obispos "en relación con los sospechosos de abusos (en la última semana), especialmente en la identificación de situaciones todavía no aclaradas" y explicó que está "iniciando los contactos" para crear un grupo "responsable de acogida y acompañamiento de las víctimas" que será "autónomo".

Un punto sin retorno

Asimismo, están revisando las directrices existentes sobre abusos a menores y adultos vulnerables y van a reorganizar las Comisiones Diocesanas de Protección de estos colectivos.

Aseguró que la Iglesia lusa se encuentra "en un punto sin retorno", que mantiene "tolerancia cero" ante situaciones de abuso "respetando la autonomía de cada diócesis" y agradeció el "escrutinio público".

El 3 de marzo, la CEP informó que dejaba a cada diócesis decidir si apartar o no a los sacerdotes en activo sospechosos, lo que provocó que algunas diócesis hayan retirado preventivamente de sus funciones a curas señalados y otras no.

Polémica Gobierno-Iglesia

En esa rueda de prensa, el presidente de la CEP, José Ornelas, descartó indemnizaciones a las víctimas por parte de la Iglesia, como se ha hecho en otros países: "Si alguien ha actuado mal, ese alguien es el responsable".

Como reacción, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, alegó que esta postura ha causado "desilusión" y que los sacerdotes sospechosos deben ser apartados cuanto antes para evitar más víctimas.

Para Rebelo de Sousa, católico practicante, la primera medida es "no demorarse más tiempo" y "asumir responsabilidad plena", "tomar medidas preventivas, lo que significa apartar del ejercicio de funciones o de responsabilidades pastorales a quien debe ser apartado por esas medidas preventivas y mostrar la voluntad de reparar a las víctimas".

Según los expertos, la mayoría de las víctimas sufrieron abusos cuando tenían entre 10 y 14 años, el 77 % de sus agresores eran sacerdotes y cerca de 100 curas señalados siguen en activo en Portugal.

En la mayoría de los casos, los agresores han fallecido o los casos han prescrito para la Justicia lusa.