Es imparable el aumento de la cantidad de dinero público que recibe la Iglesia católica española. En 2023 la Iglesia ingresó en su caja 382,4 millones de euros procedentes de las declaraciones del IRPF de los contribuyentes, un 55% más que hace una década, cuando ingresó 246,9 millones de euros.

En 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó con la jerarquía incrementar a un 0,7% la casilla del IRPF destinada a la aportación económica a la Iglesia católica. Con esa medida se aumentaba la cantidad de dinero asignada a la Iglesia, con lo que disminuye el dinero destinado a otras partidas como sanidad o educación, por citar un ejemlo. Por eso Europa Laica es tan crítica. "Es una casilla insolidaria", señalan, que "detrae dinero público" para entregárselo "a una corporación privada que hace un uso privativo de los millones de euros que recibe". Y sobre los que, además, cada vez da menos explicaciones.

¿A qué destina la Iglesia el dinero público que recibe?

La última memoria anual publicada especifica que la gran mayoría de esos 382,4 millones de euros se destinan al "sostenimiento" de las distintas diócesis españolas, a las que deriva 273,1 millones, el 83%. El 17% restante se dedica por su parte a "aplicaciones generales", entre las que se encuentran, por ejemplo, la seguridad social del clero (con una partida de 27 millones) o las retribuciones a los obispos (a lo que se dedicaron 2,4 millones). "La mayor parte de lo que la Iglesia recibe de la asignación tributaria —que es, recordemos, dinero público— lo dedica o bien a pagar sus propios salarios o a actividades internas, no a lo que señala su propaganda", critica Juanjo Picó, expresidente de Europa Laica.

Creciente secularización

Es innegable que el dinero público que recibe la Iglesia es cada vez mayor. En concreto, los 246,9 millones que la CEE recibió en 2013 se convirtieron en 301,2 en 2019 y escalan hasta los 382,4 ahora. El incremento es progresivo sin obstáculos ni fin. “Lo llamativo es que esto sucede en pleno proceso de secularización de la sociedad” destaca Picó.

Se observa en los propios datos de la Conferencia. Por ejemplo; las 559.910 bodas, bautizos y comuniones que se celebraron hace una década han caído ahora hasta las 350.529. Es decir, hay un 37,4% menos de sacramentos celebrados. Y un 20,2% y un 24% menos de sacerdotes y catequistas. Los alumnos matriculados en la asignatura de Religión, por su parte, también han caído. En su caso, un 17,4%.

Este proceso de secularización también se observa en el descenso del número de españoles que se consideran católicos. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), hay un 52,6% de españoles que se consideran católicos. Hace diez años lo hacía el 72,4%.

La autofinanciación de la Iglesia

En enero de 1979 se firmaron entre La Iglesia y el Estado unos Acuerdos en los que la iglesia se comprometió a lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. 

Sin embargo, cuarenta y cinco años después de haberse firmado los Acuerdos, aún no se ha llegado a la autofinanciación a la que la Iglesia se comprometió en 1979. Bien pensado, creo que no necesita dar ese paso, porque mantiene firme el sistema del privilegio de Asignación Tributaria, por el que recibe alrededor de 382 millones de euros anuales, más los ahorros por exenciones fiscales y la explotación económica de numerosos bienes inmatriculados.

Creo criticable esa actitud cómoda e insolidaria de la Iglesia que no da su brazo a torcer para conseguir una autofinanciación, dejando de recurrir a un dinero público imprescindible para atender necesidades sociales.

Si la Iglesia se mantiene en su estatus sin cumplir los Acuerdos de 1979 , habrá que buscar una alternativa desde la base de los contribuyentes del 0,7%. que debería hacerse esta pregunta:

¿Merece la Iglesia católica española, como tanto insiste, que marquemos su casilla, teniendo en cuenta estos rasgos?

Se niega a plantear la autofinanciación
Mantiene una institución patriarcal , misógina y antidemocrática que no tiene cabida en una sociedad laica y democrática.
Vive en un paraíso fiscal con numerosos privilegios fiscales.
Ha expoliado, mediante las inmatriculaciones 100.000 bienes públicos, muchos de ellos con uso económico.
Ha utilizado su poder sacro-autoritario para legitimar la escandalosa epidemia de la pedofilia clerical.

DOCUMENTO
JUAN ANTONIO AGUILERA MOCHÓN

El 3 de enero de 2024 se cumplieron 45 años de la firma de los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, y apenas 5 días más de la entrada en vigor de la Constitución hoy vigente, el 29 de diciembre de 1978. Es bien sabido que aquellos Acuerdos con un Estado teocrático, que se negociaron antes que la Constitución, siguen socavando la soberanía nacional en desorbitado beneficio de la Iglesia católica, una institución que viola los derechos humanos, especialmente de las mujeres, los homosexuales y la infancia.

La principal seña de identidad ideológica del franquismo fue el nacionalcatolicismo. La memoria histórica y democrática no debe olvidar ese fundamento nacionalcatólico del franquismo, por el cual la ideología católica fue consustancial con la dictadura, y la Iglesia cómplice activa tanto del golpe de Estado de 1936, como de la represión y los crímenes franquistas; en definitiva, de violaciones masivas de los derechos humanos.

Sin embargo, según denuncian asociaciones memorialistas, como la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)  o el Ateneo Basilio Lacort, la LMD ni siquiera menciona en ningún momento a la Iglesia católica o al nacionalcatolicismo. Con ese asombroso “olvido”, hablar en la ley de “verdad, justicia y reparación” suena a broma de mal gusto. El Ateneo reclama, por el contrario, “que se le pidan cuentas a la Iglesia católica por su papel de pilar de la dictadura y su represión”.

No se debe olvidar que el nacionalcatolicismo quedó plasmado en las leyes y prácticas del Movimiento, y se asentó de manera central mediante el Concordato de 1953 con la Santa Sede. Pues bien, ese deleznable Concordato sigue vigente, solo que “revisado” mediante los citados Acuerdos de 1979, y los de 1976. Unos Acuerdos que menoscaban la soberanía nacional al ponerla a los pies de los intereses de otro Estado, por más señas un Estado teocrático, antidemocrático, vulnerador de derechos humanos básicos. Por su parte, la Constitución de 1978 dejaba atados y bien atados algunos empeños claves del dictador, como la continuidad en la jefatura del Estado de la muy católica y poco ejemplar dinastía borbónica, y las prerrogativas de la Iglesia católica (artículo 16.3).

¿En qué se traduce ese continuismo con una parte fundamental de la esencia del franquismo? En que la Iglesia católica, pese al gran avance en la secularización de la sociedad española, sigue gozando de unos privilegios (económicos, educativos, simbólicos, mediáticos…) incompatibles con la democracia, pues suponen una violación del principio de igualdad entre las ciudadanas y ciudadanos, y un atentado a la libertad de conciencia de las personas, sobre todo las más vulnerables, como veremos.

Cabe destacar que la Iglesia disfruta de unas prerrogativas económicas descomunales (muy superiores a las del franquismo), pues el Estado le aporta más de 12.000 millones de euros cada año, entre asignaciones directas y exenciones de impuestos, según ha calculado y denunciado Europa Laica. Además, los poderes políticos han propiciado la apropiación ilegítima de más de 100.000 bienes públicos de incalculable valor por parte de la Iglesia entre 1946 y 2015 mediante las llamadas “inmatriculaciones”. Éstas empezaron en el franquismo (1946) y se incrementaron en 1998 con una ley de Aznar. Y el monumental expolio quedó convalidado en 2021, merced a la complicidad del gobierno “progresista” de PSOE y Unidas Podemos, con un listado deplorable y un carpetazo ignominioso.  

Volviendo a la efemérides del 3 de enero: puesto que, como escribió Gonzalo Puente Ojea, el laicismo es un principio indisociable de la democracia, y puesto que los Acuerdos con la Santa Sede son un obstáculo insalvable para alcanzar un Estado laico (verdaderamente democrático), desde Europa Laica y otras organizaciones laicistas insistimos en la inaplazable necesidad de denunciar y anular (no actualizar o modificar) esos Acuerdos, y, naturalmente, los de 1992 con otras confesiones religiosas. Esperemos que las fuerzas “progresistas” en el poder hagan efectivo ese progreso fundamental, de modo que en el 46 aniversario de los Acuerdos de 1979 celebremos que estos, los de 1992, y todas las leyes, normas y hábitos políticos derivados, ya no estén vigentes.