"Ganar fuera y perder dentro", explica el jesuita salvadoreño-español José María Tojeira: "El caso de los jesuitas destapa la falta de libertad y de poder del sistema jurídico salvadoreño"

El caso jesuitas ha tenido desde sus inicios una doble dimensión: Fuera de El Salvador se considera un crimen de guerra y de lesa humanidad, y dentro de El Salvador se tiende siempre a dejarlo en la impunidad. No se trata de un sólo caso, porque en general todos los graves crímenes del pasado salvadoreño han sido tratados, de hecho, como simples recuerdos del pasado dignos de ser olvidados. Los pocos jueces o magistrados que se han atrevido a tocar o golpear el manto de impunidad legal, han sido atacados mediáticamente y sus sentencias relegadas a la inoperancia. El caso de la masacre de El Mozote, que ha logrado llegar y avanzar en los tribunales, enfrenta graves obstáculos, especialmente de parte de la Fuerza Armada, respaldada por la presidencia del país, que no entrega la documentación solicitada por el juez.

La decisión del Supremo en España contrasta, una vez más, con las decisiones judiciales salvadoreñas. El caso jesuitas llegó a la Corte Suprema de El Salvador, Sala de lo Penal, después de recorrer dos instancias judiciales favorables a la apertura del juicio contra los acusados de la autoría mediata (intelectual) del asesinato de los 6 jesuitas y sus dos colaboradoras. Las resoluciones favorables a abrir el juicio se apoyaban en la acusación hecha por la Comisión de la Verdad contra un grupo de militares del Alto Mando del ejército salvadoreño y otras personas dentro de la escala de mando.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (equivalente al Tribunal Constitucional en España), había declarado inconstitucional en 2016 la ley de amnistía que impedía los juicios del pasado y había dicho en su sentencia que era necesario llevar a juicio los casos incluidos en el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. Mientras las sentencias dadas en España respetaron dicho Informe, e incluso llamaron como testigos a personas que colaboraron en la elaboración del mismo, el sistema judicial salvadoreño ni respeta las recomendaciones de las Naciones Unidas, ni al máximo tribunal del país que es la Sala de lo Constitucional.

Confirman en España la sentencia de 133 años de cárcel contra el coronel retirado Inocente Orlando Montano por el asesinato de 5 jesuitas en El Salvador en 1989.https://t.co/qvvIe8p2rHpic.twitter.com/qvwIzOdJGg

— CNN en Español (@CNNEE) February 3, 2021

Si la resolución del Tribunal Supremo español añade en su sentencia tanto principios jurídicos como análisis contextual y racional frente a los hechos acontecidos, la Sala de lo Penal salvadoreña prescinde de la jurisprudencia existente, ignora sentencias del propio tribunal constitucional y prescinde de la racionalidad. Recoge unos principios jurídicos abstractos y los aplica arbitrariamente sin analizar la realidad de los hechos, los tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por El Salvador o el pensamiento jurídico sancionado por otros tribunales superiores a los que ignora.

Mientras que en las sentencias españolas se analizan las posibilidades de encubrimiento e impunidad que ofrecía la organización militar concreta de la Fuerza Armada en El Salvador y su peso en la gestión de la guerra e incluso del poder político, el sistema judicial salvadoreño, salvo honrosas excepciones, prescinde de la historia concreta de El Salvador. Hoy nadie duda que el poder político, especialmente en aquella época, estaba supeditado al poder militar.

Firmar ante la ONU un compromiso de dar de baja en el ejército a todo militar que apareciera acusado en el Informe de la Comisión de la Verdad, y publicar una amnistía general cinco días después de aparecido el Informe sólo puede hacerse cuando el ejército tiene un peso sustancial en la política y gozaba ya de impunidad previamente, dado su poder material. Máxime teniendo en cuenta que los más mencionados en el Informe eran militares.

El Tribunal Supremo en España ha sido coherente con principios jurídicos internacionales, con los procedimientos de racionalidad jurídica y con la necesidad de sentar y reconocer jurídicamente la verdad de los hechos. En El Salvador nadie duda de la responsabilidad en mayor o menor nivel de los acusados. Pero el sistema jurídico carece de la libertad y el poder adecuado para buscar y establecer la verdad de la víctima. Aunque se habla y se establece formalmente la imparcialidad jurídica, la falta de libertad e independencia hace que una significativa cantidad de jueces sean exageradamente influenciables por condiciones externas a los tribunales.

El dinero, el poder político y el poder militar tienen un peso excesivo en las decisiones judiciales. La fuerte desigualdad económica, social y educativa refuerza la debilidad de las víctimas cuando el victimario es parte del poder establecido. Las posibilidades de arbitrariedad judicial en ciertos niveles, refuerzan la situación. Por eso las víctimas suelen ganar los procesos en el exterior, mientras los pierden en el interior del país.

La decisión del Tribunal Supremo en España da al menos fuerza a quienes seguimos buscando, por el bien de El Salvador, que lleguemos a tener lo antes posible un sistema judicial coherente con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Las víctimas, en general, no se oponen a medidas de gracia y reconciliación, pero desean que la verdad y la justicia tengan ciudadanía plena en el sistema judicial. Pero incluso en el tema de la reconciliación, nuestro sistema judicial es irracional. Cuando los jesuitas hemos pedido una conmutación de la pena para un militar implicado en el asesinato de nuestros compañeros que lleva ya 7 años preso, el mismo sistema judicial que se resiste a juzgar a los autores intelectuales del crimen, se opone a reducir la pena de cárcel al único implicado en la autoría inmediata.