Postrado en tierra en la catedral. Así permaneció durante varios minutos el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, el domingo, antes de las misa solemne de las 12.30. Con ese gesto, que la estricta liturgia católica sólo permite realizar a los obispos el Viernes Santo, el prelado quiso realizar un signo, claro, tajante y contundente, de petición de perdón por el caso de los abusos sexuales del Clan de los Romanes que sacude a su diócesis.

Un gesto poliédrico que admite varias interpretaciones. Para unos, fue una escena teatral perfectamente montada y diseñada por el arzobispo granadino, muy dado a este tipo de espectáculos. Otros aseguran que se trata de un acto de contrición profunda. Por el daño que las manzanas podridas hizo a las víctimas, a la diócesis y a la Iglesia. Y, quizá también, como un gesto de reconocimiento de la mala gestión que monseñor Martínez hizo del caso. Y, con él, toda la Iglesia jerárquica española.

Una gestión nefasta. Tanto hacia adentro como hacia afuera. Y a golpes de timón. Antes de la petición de perdón episcopal, el prelado andaluz tardó en tomar medidas. De hecho, comenzó a adoptarlas una vez que el propio Papa había llamado dos veces a la víctima denunciante y había urgido al arzobispo a poner en marcha con rapidez y diligencia el proceso canónico.

Monseñor Martínez obedeció, pero, tras el proceso realizado por dos jueces eclesiásticos de la diócesis de Valencia, sólo tomó medidas contra tres de los imputados (a los que suspendió a divinis), pero no hizo nada contra sus cómplices y sus encubridores, a alguno de los cuales colocó incluso en el puesto que habían ocupado los suspendidos.

Una vez realizado el proceso canónico, el protocolo vaticano ante los abusos del clero exige a los obispos que denuncien el caso ante la Justicia civil. Monseñor Martínez no dio este paso, porque asegura que así se lo pidió la propia víctima. Un extremo que está sin confirmar. En cualquier caso, siempre fue a remolque del Papa.

En cualquier caso, monseñor Martínez no comenzó a rendir cuentas del caso hasta que éste fue destapado por Religión Digital, el domingo 16 de noviembre. Al día siguiente, el arzobispo de Granada tenía que estar en Madrid, como todos los demás prelados, para participar en la Plenaria episcopal. Pero no apareció, con la excusa de asistir al funeral por monseñor Azagra, obispo emérito de Cartagena. Pero sí mandó una nota, redactada a toda prisa, con el asesoramiento de Comunión y Liberación, el movimiento al que pertenece el prelado andaluz.

De hecho, la Plenaria episcopal comenzó con un cuarto de hora de retraso, para que diese tiempo a repartir entre los obispos la nota de monseñor Martínez, que tardó todavía dos días en aparecer en Añastro y en dar explicaciones a sus pares. El prelado también aprovechó para hacer declaraciones a los medios de la Iglesia, en las que juraba y perjuraba haber actuado "siguiendo estrictamente el protocolo marcado por el Vaticano". Pero seguía hablando de "presuntas víctimas".

Más aún, tanto el presidente del episcopado, Ricardo Blázquez, como el secretario general, Gil Tamayo, aseguraban haberse enterado del escándalo "por la prensa". "¿Cómo es posible algo así?", se preguntaban los compañeros periodistas. La incredulidad era mayor aún entre la gente de la calle y los fieles católicos. Y de hecho, el arzobispo cambió radicalmente de actitud tras la escenificación del perdón en la catedral de Granada. ¿Por convicción o para retrasar el castigo vaticano? Monseñor Martínez sabe que hay dos pecados que el Papa sólo perdona tras imponer una profunda penitencia (que suele consistir en pedirles la renuncia a su cargo): el despilfarro y el encubrimiento de pederastas del clero.

Y la Iglesia española, mediáticamente encarnada en la Conferencia episcopal, tendrá que perfeccionar, y mucho, su protocolo para la respuesta y la gestión de estos casos. Porque lo más probable es que, también aquí, como en otros países del mundo, se active el efecto llamada y surjan nuevas denuncias. No puede volver a enterarse por la prensa. Y la gestión de los casos tiene que responder a la estrategia de la tolerancia cero y denuncia del delito a la justicia ordinaria. No sólo verbalmente, sino en la praxis. Porque, también en esto, obras son amores.