La Iglesia se pone al frente de la búsqueda de soluciones en los asentamientos Cáritas Madrid reclama a los diputados "una solución de emergencia" para La Cañada Real

Cáritas Diocesana de Madrid ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta de proposición no de ley sobre la situación de emergencia en la Cañada Real Galiana ante la carencia de suministro eléctrico desde el mes de octubre del año pasado, agravada por la ola de frío desencadenada por la borrasca Filomena. El texto fue entregado en el Registro de las Cortes Generales el pasado 25 de enero para su tramitación y aprobación, idealmente de forma conjunta y unánime por todos los grupos parlamentarios. 

En el documento propuesto, Cáritas señala que es «preciso y urgente» emprender una «decidida acción coordinada por parte de las administraciones implicadas» tanto para «dar solución a la emergencia de la falta de luz en contexto de un invierno sin precedentes», como, sobre todo, para alcanzar «la dignificación de la vida de las personas asentadas mediante la aceleración del Pacto Regional».

Por ello, insta a impulsar una «colaboración efectiva» de las administraciones territoriales competentes (Administración General del Estado, Comunidad de Madrid y ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid), firmantes del mencionado Pacto Regional por la Cañada Real Galiana (17 de mayo de 2017), para que, acelerando los plazos previstos, se cumplan sus objetivos.

Objetivos del Pacto Regional

En esta línea, Cáritas Diocesana de Madrid propone que los grupos parlamentarios presenten dicha proposición no de ley para su debate y aprobación en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. A su vez, recuerda los objetivos recogidos en el Pacto Regional:

• Restaurar el medio natural del territorio en aquellos casos que tengan nula capacidad de acogida para usos residenciales o actividades económicas.

• Regularizar la situación patrimonial y urbanística de los inmuebles y/o parcelas mediante un proyecto de renovación urbana basado en los principios de legalidad, derecho a la vivienda y derecho a la ciudad.

• Elaboración, dotación presupuestaria y puesta en marcha, con plazos razonables pero rápidos, de una estrategia para el realojo de la población que, ya sea por razones territoriales, ambientales, de seguridad o de salubridad, no puedan continuar en sus viviendas o infraviviendas. Asimismo, asunción de medidas urgentes para salvaguardar la integridad, salubridad e integración de la población más desfavorecida bajo el enfoque de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2004) y siguiendo las premisas establecidas en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Habitat III, enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 - Nueva Agenda Urbana (2016).

• Diseñar, de forma coordinada con las administraciones competentes, un mecanismo eficaz y periódico de rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre los progresos alcanzados en la consecución de los citados objetivos del pacto.

Llamamiento del arzobispo

La Iglesia está presente en la Cañada Real a través de la parroquia Santo Domingo de la Calzada y de Cáritas Diocesana de Madrid, con sede física en el sector 4 de la Cañada. La semana pasada, la Comisión Diocesana de Justicia y Paz hizo público un informe sobre la situación actual en el asentamiento, cuya introducción era un llamamiento del arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, a poner solución a «un problema humanitario de primer orden».

«Pido a Dios –decía el purpurado– que no nos acostumbremos jamás al sufrimiento evitable que provoca la inequidad y la maldad humana cuando busca el beneficio a toda costa». Y era tajante al señalar: «Esto no puede seguir así». «Es un insulto –añadía– a la carne de Cristo en todas las personas que malviven en unas condiciones inasumibles».