"Esto no puede seguir así, es un insulto a la carne de Cristo en las personas que malviven en condiciones inasumibles" Osoro insta a Gobierno, Comunidad, Ayuntamiento y Naturgy a que vuelva la luz a La Cañada "sin escudarse en la complejidad legal de la situación"

La Comisión Diocesana de Justicia y Paz ha elaborado un informe sobre la situación actual de la Cañada Real, Un bofetón a la dignidad, que está introducido por el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro. «Pido a Dios –escribe– que no nos acostumbremos jamás al sufrimiento evitable que provoca la inequidad y la maldad humana cuando busca el beneficio a toda costa».

El purpurado hace un llamamiento expreso a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento, a la Delegación del Gobierno y a Naturgy para que pongan solución a «un problema humanitario de primer orden» sin «escudarse en la complejidad legal de esta situación».

"Inhibición durante mucho tiempo" de las Administraciones

Una situación que no es de ahora y que el cardenal achaca en gran medida a la falta de actuaciones e «inhibición durante mucho tiempo», sumado a la despreocupación social por unas personas que «no marcan nuestras agendas». La actual falta de luz y el frío de este invierno no hacen más que agravar esta «situación insostenible». El arzobispo de Madrid es tajante: «Esto no puede seguir así». «Es un insulto –concluye– a la carne de Cristo en todas las personas que malviven en unas condiciones inasumibles».

La Iglesia está presente en la Cañada Real a través de la parroquia Santo Domingo de la Calzada y de Cáritas Diocesana de Madrid. El informe de Justicia y Paz destaca el trabajo que vienen haciendo a favor de los más vulnerables, en especial de los sectores 5 y 6 –los que más han sufrido las inclemencias de este invierno–: «Un esfuerzo ejemplar para acompañar y atender a las personas que lo necesitan». Niños, ancianos, mujeres y personas enfermas son los colectivos más expuestos a la «grave crisis energética y humanitaria» que los azota, y que viven «secuestrados por una minoría que hace un uso industrial de la electricidad para actividades ilícitas relacionadas con las drogas».

Población estigmatizada

«¿Tan poco importa a nuestros políticos, empresarios y a la sociedad en general la suerte de los más pobres?», se pregunta Justicia y Paz. El informe hace una aproximación histórica a la Cañada Real Galiana y se adentra en sus particularidades de infraestructuras y sociales, muy agravadas a partir de 2004 tras los desmantelamientos de los poblados de las Barranquillas y el Salobral y el realojo en sus inmediaciones; y, sobre todo, con la crisis de 2008.

El chabolismo, la falta de infraestructuras, la exclusión social, la pobreza y la droga han estigmatizado a este territorio y a sus habitantes. En 2017, las autoridades políticas acordaron un Pacto Regional en el que se contemplaba el desmantelamiento del sector 6 y el realojo de cerca de 1.000 familiares; hoy aún quedan en la Cañada 800. El sector es además el principal lugar de cultivo de marihuana; en él hay actualmente entre 100 y 150 plantaciones controladas por varios clanes que «actúan de manera mafiosa ante la inacción de las autoridades».

Sin embargo, el informe destaca que «el mal de unos pocos no es, ni mucho menos, extensible a la mayoría de sus habitantes» y por eso refiere que «si hay voluntad política y una mínima humanidad», se podría asegurar «que la actividad delictiva de unos pocos no tenga secuestrada a la mayoría». Igualmente se garantizaría el derecho a la energía, un aspecto que el informe analiza y detalla extensamente a raíz del corte de suministro eléctrico que la Cañada sufre ya desde hace tres meses.

Justicia y Paz se hace eco en el escrito de las propuestas de la Iglesia en Madrid, a través de Cáritas Diocesana, para «mejorar la calidad de vida» de las personas que viven en la Cañada y «se les otorgue la dignidad que merecen y que se les viene negando». Entre ellas, instalar generadores portátiles, desplazar camiones-lavandería para la ropa, hacer un ejercicio de escucha auténtica de los vecinos, dar mayor agilidad al pacto de 2017 para el realojo de las familias que quedan y aplicar medidas policiales y judiciales para acabar con el narcotráfico.